Una ONG pide la absolución de los condenados por la jueza cubana Melody González, en proceso de asilo

Madrid/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió este lunes la absolución de los condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien se encuentra actualmente en un proceso de asilo político en Estados Unidos. En un comunicado hecho público este lunes, la ONG con sede en España se basa en una entrevista que Diario de Cuba le hizo a González Pedraza, en la que la propia jueza aseguraba haber recibido instrucciones de la presidenta del Tribunal Provincial de Villa Clara y la presidenta de la Sala de Seguridad para condenar a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez.  

Todos ellos fueron sentenciados por el Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, Villa Clara, que González Pedraza presidía, por el delito de atentado. Los tres primeros, a cuatro años de cárcel y el cuarto, a tres.

Para el OCDH, sus declaraciones dan "nuevos motivos de absolución y revocación de la sentencia"

“Me dieron indicaciones precisas; yo debatí que los abogados de la Defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo, testigos. Pero la orden que recibí fue que las de la Fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos”, declaró la ex funcionaria en su entrevista al diario cubano con sede en Madrid.

Para el OCDH, sus declaraciones dan “nuevos motivos de absolución y revocación de la sentencia”, pues “es evidente que no procedía legalmente y en justicia dictar fallo penal condenatorio”.

Su informe, con seis recomendaciones, va dirigido a los abogados designados recurrentes de la sentencia del Tribunal Municipal de Encrucijada, emitida el pasado enero, y a los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial en Villa Clara, entre otros organismos.

“Hubo vulneración de garantías y derechos fundamentales en perjuicio de los condenados, así como la inexistencia de delito o la falta grave judicial de condenarse sin el mínimo suficiente de pruebas. Creemos que existen elementos suficientes para que se adopten medidas de libertad inminente en favor de los recurrentes, como medida definitiva en justicia”, asevera el OCDH.

AI instó al Gobierno de la Isla a liberar a Pedro Albert Sánchez "de forma inmediata e incondicional"

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) nombró este lunes al profesor y activista cubano Pedro Albert Sánchez preso de conciencia. De igual manera instó al Gobierno de la Isla a liberarlo "de forma inmediata e incondicional", así como a todas las "personas injustamente encarceladas" en el país.

La ONG, con sede en Londres, recordó que en diciembre un juez revocó la sanción de "limitación de libertad" –el cumplimiento de la pena fuera de prisión– que pesaba contra el activista por haber participado en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

El profesor, de 68 años y quien además padece de un cáncer, había sido condenado a cinco años por los cargos de "desacato" y "desórdenes públicos".

El pasado noviembre fue detenido cuando intentó ir a la sede de la Unión Europea en La Habana para entregar una carta al Alto Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien se encontraba de visita de trabajo.

Las "tácticas de represión" del Gobierno también han ido al alza con prácticas como la "criminalización, detenciones arbitrarias y hostigamiento"

"Desde este encarcelamiento Pedro Albert ha sido recluido durante más de 50 días en celdas de castigo, y se le ha negado atención médica adecuada, incluido el acceso a medicinas", reprochó AI.

Además de Sánchez, la oenegé reconoce como presos de conciencia en Cuba al opositor José Daniel Ferrer, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, y los oficiantes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro.

Amnistía Internacional también subrayó que en la Isla, que está a vísperas del tercer aniversario del 11J, las protestas "no solo han continuado, sino que se han incrementado".

Sin embargo, continuó la organización, las "tácticas de represión" del Gobierno también han ido al alza con prácticas como la "criminalización, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cortes generales y selectivos de internet".

AI agregó que en los últimos tres años organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders (PD) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han documentado "que entre 963 y 1.113 personas se encuentran detenidas por razones políticas" y que al menos "671 permanecen en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021".

En ese sentido, AI solicitó al Ejecutivo de la Isla derogar los artículos del Código Penal, que entró en vigor en diciembre de 2022, que "criminalizan la disidencia y violan el derecho a la libertad de expresión".

"Es inaceptable que las autoridades cubanas continúen utilizando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos humanos. Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de AI, citada en el documento hecho público este lunes.

"Es muy importante que el Gobierno alemán tome conciencia primero de lo que está pasando"

También este lunes, y desde Berlín, Prisoners Defenders instó al Gobierno de Alemania a tomar conciencia de la situación de Luis Frómeta Compte, con doble nacionalidad cubana y alemana, condenado a 15 años de prisión por un delito de sedición, por filmar con su celular las manifestaciones del 11J.

"Es muy importante que el Gobierno alemán tome conciencia primero de lo que está pasando"  y "que tome responsabilidad de su deber con respecto a los ciudadanos alemanes", dijo en declaraciones a EFE el presidente de la ONG española, Javier Larrondo.

El Gobierno alemán puede argumentar que como Frómeta tiene doble nacionalidad, si ha cometido delitos en Cuba, Alemania no puede hacer mucho, dijo tras una rueda de prensa en Berlín centrada en la reciente condena sin precedentes del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD) a las arbitrarias detenciones del 11J.

"Pero cuando Naciones Unidas certifica con un dictamen y condena a Cuba a liberarlo, a indemnizarlo y a subsanar todos los problemas que le ha causado al señor Frómeta, ya el Gobierno alemán tiene una deuda con el señor Frómeta" que tiene que cumplir como con todo ciudadano alemán.

Subrayó que Frómeta, de 61 años, residente en Alemania desde 1985 y que fue detenido el 17 de julio de 2021, no está condenado en ese país de una manera legal, "sino ilegal, como si estuviera raptado por una mafia o por un clan mafioso".

"Luis Frómeta está raptado, Luis Frómeta está torturado y le están llevando a la muerte unos criminales, según Naciones Unidas", dijo al referirse al dictamen del WGAD.

"Luis Frómeta está raptado, Luis Frómeta está torturado y le están llevando a la muerte unos criminales, según Naciones Unidas"

Además, mientras el Gobierno español en la política cubana es prioritario, el alemán es muy relevante a nivel político y tiene una capacidad de influencia importante, al igual que Italia y Francia.

"Son cuatro países que tienen bastante que decir con respecto a la política latinoamérica y en particular la política de Cuba", dijo en un claro llamamiento a los respectivos gobiernos.

Prisoners Defenders subraya que, en su dictamen, la ONU condena contundentemente las detenciones del 11J en Cuba y exige una indemnización y la liberación de 17 encausados por “sedición” en un solo dictamen condenatorio, algo sin precedentes con Cuba.

Entre los siete patrones más comunes en los 520 casos penales estudiados entre 2022 y 2023, la ONG cita privación de libertad sin tutela judicial; inexistencia de abogados independientes; dependencia de fiscales y jueces del poder político; peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación; criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales; delitos insuficientes; y tribunales militares usados contra civiles y procedimientos sumarios.

Larrondo cree que este dictamen puede suponer una gran ayuda "porque los dictadores son conscientes del coste político que les suponen estos dictámenes en su contra y ese coste político les restringe la libertad de represión que ellos desearían ejercer".

Además, agregó, en caso de fructificar las negociaciones para la liberación de presos políticos, estas personas que según el dictamen deben ser liberadas e indemnizadas estarían en la lista.