La ONU pide al Gobierno que libere e indemnice a tres opositores
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria cree que fueron condenados por delitos vagos y sin defensa legal adecuada
La Habana/El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que los opositores cubanos encarcelados Josiel Guia Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo fueron condenados por delitos vagos y sin defensa legal adecuada.
Después de conocer los casos por la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) y evaluar las alegaciones del Gobierno de Cuba, el organismo ha llegado a estas conclusiones y reclama a La Habana que ponga a los activistas "inmediatamente en plena libertad" y les conceda "el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
Josiel Guia Piloto, presidente del Partido Republicano de Cuba (no reconocido legalmente), fue arrestado en 22 ocasiones entre 2011 y 2014. En 2016 fue detenido y, un año más tarde fue condenado por "desacato y desórdenes públicos". La ONU considera probado que la policía lo paró sin justificación "generando un intercambio de palabras" que derivaron en su arresto y procesamiento efectuado "a partir de la fabricación de una sospecha por policías".
Marbel Mendoza Reyes, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue acusada y condenada a dos años y medio de cárcel por peligrosidad social-predelictiva, un delito que el Gobierno cubano utiliza muy habitualmente (según Cuban Prisoners Defender hay 11.000 personas encarceladas en la Isla por este motivo) si cree que una persona está involucrada en actividades contrarias "a la moral socialista". El informe de CPD denuncia también que la condena de Mendoza se amplió seis meses por un presunto delito de desacato que denunció un solo funcionario, algo que está permitido por la ley en Cuba.
Los tipos penales de "desacato, desórdenes, peligrosidad y atentado, contenidos en el Código Penal, son sumamente vagos y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población"
Iván Amaro Hidalgo, activista del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (ilegal), es el tercer citado en el informe. Fue detenido en agosto de 2016 llevando una camiseta con el lema Democracia SI! Dictadura NO y Abajo quien tú sabes. En marzo de 2017 fue condenado a tres años de prisión en un juicio a puerta cerrada en el que el único testigo fue un agente de policía.
El informe del Grupo de Trabajo cuestiona los tipos penales de "desacato, desórdenes, peligrosidad y atentado, contenidos en el Código Penal, son sumamente vagos y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población". Además, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha pedido eliminar la figura de peligrosidad predelictiva del Código Penal. También lo han hecho otras ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El documento lamenta que no sea la primera vez que debe ocuparse de asuntos como este y que "no se han producido cambios significativos en el sistema de justicia del Estado desde la presentación de su informe inicial en 1997. En particular, observa con preocupación la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados", destaca.
El Grupo de Trabajo remitirá estos tres casos al relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pide a Cuba que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmó en 2008 y que haga un seguimiento del caso y la aplicación de las recomendaciones.
Una de las peticiones que se hace en el informe a las autoridades de La Habana es "que difunda la presente opinión [en referencia al informe] por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible", aunque no parece probable que lo hagan.
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