La Operación Cuba Libre expone un caso de fraude fiscal en Italia vinculado con la Isla

Madrid/La Operación Cuba Libre llenó este lunes las portadas de los principales diarios del norte de Italia, pero su significado está muy lejos del popular eslogan contra el régimen de la Isla. Es el nombre de una investigación de la Policía financiera de Turín que ha desvelado un caso de fraude fiscal que permitió a los imputados ocultar un beneficio de seis millones de euros y defraudar 1,5 millones de euros exportando productos informáticos a Cuba. 

La operación, ordenada por la Fiscalía de la ciudad italiana y ejecutada por la Unidad Operativa Metropolitana, implica a siete empresas y ocho personas que, además, acumularon capital en Panamá, beneficiándose de su fiscalidad privilegiada. 

El nombre de los implicados no ha sido revelado, pero se sabe que dos empresarios turineses crearon dos empresas ficticias en Reino Unido (letterbox companies) cuyo único fin era emitir facturas de transacciones económicas inexistentes. Otra parte de la trama era una empresa panameña constituida por los presuntos defraudadores para ocultar los ingresos de la empresa. 

Otra parte de la trama era una empresa panameña constituida por los presuntos defraudadores para ocultar los ingresos de la empresa

La compañía, con sede en Turín, vendía productos informáticos a clientes residentes en Cuba a través de las empresas inglesas y la panameña, según los registros domiciliarios efectuados, así como los registros informáticos y los informes financieros emitidos por la denominada Guardia di Finanza (Policía financiera).

La compañía italiana emitía facturas de ventas ficticias por un precio inferior al real a las empresas inglesas, que, a su vez, emitían otras a la panameña. Esta última era la que facturaba a los clientes cubanos el monto real de las mercancías, que acababa ingresando en las cuentas de los socios italianos. Los productos, iban directamente de Italia a Cuba, sin pasar por Reino Unido ni Panamá.

El sistema permitía facturar los bienes por debajo del valor a las empresas extranjeras creadas por los italianos, que se ahorraban así 1,5 millones de euros en impuestos.

Las ocho personas imputadas están acusadas de emisión y uso de facturas falsas, además de otros documentos por operaciones inexistentes, pero además hay tres personas y empresas vinculadas al fraude que han denunciado nuevas irregularidades fiscales que han llevado a un aplazamiento mientras se decide cómo continúa el proceso judicial. 

Los medios locales han indicado que los sospechosos han abonado ya 1,7 millones de euros, entre intereses y sanciones, aunque el proceso penal debe seguir adelante.

La investigación desveló que los empresarios fueron extorsionados por una persona, que también ha sido imputada dentro de la causa aunque por un delito distinto. Este individuo presionó a los dos principales sospechosos para que le devolvieran una suma de dinero que les había prestado, amenazándolos con revelar la trama corrupta.

De los clientes cubanos no ha trascendido nada, ni si eran personas naturales o empresas estatales y, en este caso, si tomaron las debidas precauciones a la hora de verificar a quién compraban. 

Este lunes, el primer ministro Manuel Marrero denunció ante el Consejo de Ministros “irregularidades en las operaciones de comercio exterior” que han supuesto un perjuicio económico al país. Aunque el jefe de Gobierno aludió a la importación de bienes de primera necesidad, advirtió de que no se están haciendo las cosas bien y amenazó con penas de prisión a 13 funcionarios no especificados por “negligencias”.

Además, alertó de “incumplimientos” de contratos con proveedores y clientes, “superficialidad en la selección de clientes y proveedores”

“No basta con una medida disciplinaria. Es la aplicación, además, de la responsabilidad material. Entonces los jefes máximos (de las instituciones) tienen que responder por el análisis, por la aplicación de las medidas y por el seguimiento, hasta que se logre resarcir el daño”, dijo Marrero.

La información, publicada por Granma, no daba cifras concretas pero indicó que el 95% del sobrecosto se debió a “gastos por demoras” en “la gestión de importación de buques de alimentos y combustibles”, “dificultades con la logística” y “problemas en la habilitación, extracción y devolución de contenedores”.

Además, alertó de “incumplimientos” de contratos con proveedores y clientes, “superficialidad en la selección de clientes y proveedores”, “deficiencias en las cláusulas de pago de los contratos” y en “el análisis previo de (las) posibles rutas de cobro”. También criticó los “trámites engorrosos, dispersos y dilatados”, “la falta de rigor por las empresas de comercio exterior para garantizar la extracción de los contenedores” y la “insuficiente gestión en el cobro de las exportaciones”.