El Parlamento pospone una ley de protección de los derechos del ciudadano cubano
Los expertos consideran que el retraso deja sin medios legales y judiciales contra los abusos del Estado
La Habana/La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) ha concluido su sesión ordinaria el 17 de diciembre sin aprobar la muy esperada Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales, que ofrecerá garantías a los ciudadanos contra los abusos del Estado.
"Posponer la emisión de esta ley, que es importante para los ciudadanos, es muy conveniente" para el régimen, afirma a 14ymedio Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex. "Lo que estamos viendo es el interés de seguir institucionalizando el sistema a costa de reprimir y restringir nuestros derechos".
"Esta ley, en las circunstancias actuales en las que, por ejemplo, hay mucha más presencia policial, más abuso por parte de los funcionarios públicos y agentes del Minint, es de suma importancia para el Estado"
"Esta ley, en las circunstancias actuales en las que, por ejemplo, hay mucha más presencia policial, más abuso por parte de los funcionarios públicos y agentes del Minint, es de suma importancia para el Estado", agrega Diversent. Mientras se mantenga sin aprobar "los ciudadanos no tienen medios legales ni judiciales para defender sus derechos"
Para el abogado independiente Julio Ferrer, la decisión es un irrespeto a la Constitución de 2019. "La ausencia de esta ley permite al régimen seguir enjuiciando a opositores, críticos y disidentes, sin observar los derechos constitucionales: el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, de manifestación, de reunión", dijo Ferrer a Radio y Televisión Martí.
De mantenerse el cronograma previsto, la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales deberá aprobarse en diciembre de 2021 junto con las de Vivienda y Medio Ambiente.
Diversent citó el caso del joven Luis Robles, privado de libertad y acusado de "actos contra la Seguridad del Estado". El joven protestó el pasado 4 de diciembre con una pancarta en el Boulevard San Rafael. "En este proceso tenemos un tribunal que no respondió a un habeas corpus y no está protegiendo los derechos de los ciudadanos", dice.
"El habeas corpus, que es un recurso judicial, es inefectivo porque el Tribunal no es independiente. Hemos visto cómo el presidente del Tribunal Supremo hace declaraciones en redes sociales que afectan los derechos ciudadanos a pesar de ser un funcionario público que tiene que ser independiente desde el punto de vista ideológico y político", denunció la abogada.
Sobre los abusos a los derechos humanos, asegura que estos meses de pandemia han servido para mostrar qué sucede en la Isla. "Las autoridades han abusado del ejercicio de las funciones públicas, se han excedido. En las redes sociales, por ejemplo, se han mostrado cómo las fuerzas del Ministerio del Interior se exceden en sus atribuciones, y el único medio que tendrían los ciudadanos sería defender sus derechos constitucionales ante los tribunales", explica Diversent.
"Las autoridades han abusado del ejercicio de las funciones públicas, se han excedido"
"Esta ley de reclamaciones de los ciudadanos ante los tribunales, es una garantía fundamental del ejercicio de los derechos humanos, no solo basta con que estén reconocidos en la Constitución, también tenemos que tener medios para defenderlos en caso de que se violen", afirmó.
La posposición de 8 de las 14 leyes que estaban planificadas en el actual calendario se debió, según justificó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, a la situación epidemiológica por el covid-19 que provocó la suspensión de "varias sesiones extraordinarias, y espacios de estudio y debate", además de la sesión ordinaria prevista para julio de 2020.
Otra de las normativas que ha causado mucha polémica y sinsabores es el Decreto Ley de Bienestar Animal. Su aprobación estaba prevista para noviembre, pero fue pospuesta para febrero de 2021. Líderes del movimiento animalista en la Isla han mostrado preocupación por que la normativa sea parcial, incompleta o deje impune algunas prácticas aupadas por las autoridades cubanas.
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