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Los pasajeros, víctimas de la guerra entre el Gobierno y los taxistas

Los 'boteros' fraccionan las rutas para evadir los precios topados por las autoridades

Por décadas el transporte ha sido un gran problema en Santiago de Cuba, donde la movilidad de los pasajeros depende fundamentalmente de los camiones y las motocicletas. (A. Masegi)
Marcelo Hernández

25 de junio 2019 - 17:06

La Habana/A pocos metros del cine Mónaco y de una de las piqueras de taxis privados más importantes de La Habana hay una pequeña cafetería. La escasa clientela y la queja de una empleada confirman lo que todo el mundo sabe. Los precios de las rutas de los almendrones han subido y ahora los clientes "o se compran una pizza o pagan el viaje".

En octubre pasado el Consejo de la Administración Provincial inició un "experimento" que incluyó nuevas regulaciones, junto a incentivos económicos y fiscales, para los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte de pasajeros. En diciembre entró en vigor un paquete de medidas (conocido popularmente como 'paquetazo') que especifican las calles por las que pueden circular, la venta de combustible y las piqueras donde se les permite recoger clientes.

Molestos con unas normas que consideran restrictivas, los transportistas privados primero respondieron con una "huelga de brazos caídos" en la que, por casi una semana, apenas se podía ver circulando por las calles estos viejos vehículos que llevan décadas siendo parte del paisaje urbano. Después, muchos de ellos volvieron a ofrecer sus servicios pero bajo otras normas que no eran precisamente las oficiales.

Los tramos por los que un cliente pagaba 20 CUP de una sola vez, ahora se han dividido en dos, tres y hasta cuatro segmentos. Por cada uno de ellos el cliente debe abonar 10 CUP, en el mejor de los casos, lo que ha terminado por duplicar la tarifa que anteriormente se pagaba por toda la ruta. Con ese truco, los conductores por cuentapropia evaden los controles de los inspectores y de los posible viajeros denunciantes, que nunca los ven cobrando 20 CUP.

"Trabajo en La Habana Vieja y vivo en La Lisa", cuenta a este diario Mónica Puerto, empleada de una cafetería privada ubicada en el casco histórico. "Ahora pago 40 CUP por lo que antes pagaba la mitad, pero ese no es el mayor problema, porque en fin de cuentas yo puedo ajustarme y sacarlo de las propinas, lo peor es que no encuentro ningún carro que haga todo el trayecto", lamenta.

"El viernes pasado para llegar a mi trabajo tuve que coger tres carros y cuando voy sumando, gasto mucho más tiempo y más dinero", explica Puerto. Las autoridades también apostaron por aumentar el número de vehículos que funcionan en el transporte público y agregaron más microbuses de 12 plazas a varias rutas, pero la demanda es tan alta en las horas picos que las paradas están atestadas.

"Es prácticamente imposible atraparlos en mitad del recorrido, porque ya la gente que tiene que trasladarse grandes distancia sabe que si no lo coge desde el principio para hacer el tramo completo no va a poder subirse durante el viaje", explica un enfermero que hace varias veces a la semana el trayecto entre el municipio Centro Habana y Playa. "Con mi salario me era difícil pagar antes los carros privados pero ahora me es imposible".

En la calle Carlos III, medio escondido bajo la sombra de un árbol, un inspector de chaleco azul espera a que el semáforo se ponga en verde para controlar a los almendrones que hacen la ruta. Detiene a uno que va con tres pasajeros y pide los papeles al conductor. Mientras revisa que tenga todos los permisos, aprovecha y pregunta a todos los que viajan dentro cuánto les han cobrado. Los clientes cierran filas con el cuentapropista y declaran el precio oficial.

"El problema que tenemos es que la propia gente es cómplice de que le roben su dinero", explica el inspector a un par de curiosos que se han acercado a la escena. "Si los pasajeros pusieran una denuncia cuando les obligan a pagar por un tramo el doble de lo que está establecido, otro gallo cantaría", apunta. En los dos próximos vehículos que para e inspecciona la escena se repite.

"Tratando de ordenar han creado un caos", se queja unos metros más adelante una madre con una niña en brazos. "El problema no son los precios de los almendrones, el problema son los salarios". La mujer, ama de casa cuyo esposo es médico en una misión en África, cuenta que en la batalla entre los cuentapropistas y el Estado la están perdiendo los clientes.

En Santiago de Cuba ocurre otro tanto. Este lunes comenzaron a regir precios topados para los transportistas privados, que llevan a los pasajeros en viejos camiones con asientos o en motocicletas. La medida, según explicaron los funcionarios en los medios locales, busca "limitar el alza de los precios" en el sector.

La vicepresidenta del Consejo de la Administración en la provincia, Mayra Pérez González ha argumentado que las nuevas tarifas han sido fruto del trabajo de una "comisión multidisciplinaria" que busca un "equilibrio entre el servicio que ellos prestan (los privados) y los niveles adquisitivos de nuestro pueblo".

Para evitar que los conductores privados sigan cobrando las tarifas anteriores, la Policía ha desplegado a sus uniformados para que estén en las piqueras y controlen que se cumpla la tarifa de 5 CUP impuesta a los camiones privados. "Las paradas están llenas y no hay cómo trasladarse de un lugar a otro", denuncia un activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en un video publicado en YouTube.

"Ya sabíamos que esto venía, porque en La Habana en cuanto impusieron estas normas todo se fastidió, pero pensábamos que a lo mejor el Gobierno cambiaba de idea y no ponía estos precios aquí", cuenta a este diario vía telefónica Elsa Rojas, vecina de Palmarito del Cauto, que en su opinión "ahora está prácticamente incomunicada con estas medidas".

La mujer afirma que este lunes no pudo trasladarse hasta la capital santiaguera porque "no había transporte ni público ni privado". "En un momento y lejos de la piquera habitual paró un camión pero hubo hasta golpes para montarse y el chofer advirtió que no iba a hacer el tramo completo. Esto complica toda la vida de las familias y al final somos nosotros los que pagamos los platos rotos", opina.

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