Los pentecostales cubanos denuncian el acoso de la Policía contra dos pastores de Camagüey

La Habana/El pastor pentecostal Dizzis Ramos, líder de las Asambleas de Dios en Camagüey, lleva varios días esperando una citación de la Policía y una posible acusación formal de la Fiscalía por haberse implicado en la compra de cemento supuestamente ilegal en una entidad del Estado. El incidente ha sido interpretado por la jerarquía de su denominación como la antesala de “una situación bien compleja entre la Iglesia y el Estado”. 

Así lo cree Moisés de Prada, superintendente general de las Asambleas de Dios en la Isla, que aclara a 14ymedio que ni Ramos ni Jorleidis Reynaldo –el pastor al que Ramos envió a comprar el cemento– están detenidos ni en prisión domiciliaria. Sí les fue decomisado el cemento y se les exigió no abandonar la provincia. “Tienen movimiento restringido y deben estar disponibles y localizables”, asegura. 

“Él (Reynaldo) fue a comprar el cemento porque les dijeron que lo estaban vendiendo por la libre”, alega De Prada, que insiste en el carácter desconcertante de la acusación: “Era un puesto de venta estatal”, recalca. “Él hizo su compra y, cuando salió, fue detenido”. 

Le enseñó la factura a la Policía para que constataran “que no había ningún problema”. Los agentes no estuvieron de acuerdo y respondieron que la factura era falsa. “Compramos cemento en una entidad de ustedes”, se defendió Reynaldo, que añadió que, si la Policía tenía dudas sobre la legitimidad de la venta, era a la entidad a la que debían pedir explicaciones. 

Le enseñó la factura a la Policía para que constataran “que no había ningún problema”. Los agentes no estuvieron de acuerdo y respondieron que la factura era falsa

De Prada no puede precisar de cuánto cemento se trataba, pero calcula que eran “bastantes bolsas, quizás 40 o 50, que el pastor Ramos iba a destinar a construcciones en la iglesia de Camalote”, una zona ubicada en el municipio camagüeyano de Nuevitas. “Perdimos el cemento”, dijo Reynaldo a Ramos al volver con las manos vacías. Poco después, les avisaron de que iban a ser citados para un juicio en los próximos meses. 

Como parte de la jerarquía de las Asambleas de Dios, De Prada tomó cartas en el asunto y llamó, desde La Habana, a la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Partido Comunista. “Eso fue hace más de una semana. Me dijeron que no estaban al tanto de la situación y que iban a averiguar”. Cuando volvió a llamar, hace dos días, seguían sin saber. 

De Prada se encargó entonces de advertirles que no estaban de acuerdo con las potenciales medidas que podrían tomarse contra Ramos y Reynaldo. “Podría traer un altercado entre la Iglesia y el Estado”, valora. “Estamos pidiendo al Estado valorar la situación y que no ocurra nada”. 

También se comunicó con la oficina provincial del Partido Comunista en Camagüey y les ofreció reunirse con ellos. Una reunión “desde el respeto y entendiendo que nosotros no vamos a estar de acuerdo con que se tome una acción contra nuestro pastor”, pide. “Ellos aseguran que la medida no se tomó por el mero hecho de que estuviera involucrado un pastor”, afirma. 

De Prada se comunicó con la oficina provincial del Partido Comunista en Camagüey y les ofreció reunirse con ellos

En sus llamadas con los funcionarios del Partido, a De Prada le dijeron que quizás la entidad no tenía el derecho de vender ese cemento. De Prada repitió el argumento que Reynaldo había dado a la Policía: los cubanos dan por sentado que lo que vende el Estado es legal. A finales de esta semana, De Prada viajará a Camagüey. 

Con más de 53 millones de miembros en el mundo, las Asambleas de Dios, una de las denominaciones cristianas más populares en la Isla, siempre han estado en la mira de la Seguridad del Estado por sus estrechos vínculos con las comunidades pentecostales de Estados Unidos. Con una gran capacidad de movilización –son célebres por sus “megaiglesias”, capaces de reunir a miles de fieles–, no están adscritos al Consejo Mundial de Iglesias y tampoco al Consejo de Iglesias de Cuba. 

En junio de 2020, la directiva de las Asambleas de Dios en la Isla emitió un comunicado donde dejaba clara su postura ante los “debates, artículos y criterios” que cuestionaban sus “innegociables principios sobre la naturaleza de la familia, su función y propósito”. El texto recalcaba que “la Iglesia es independiente del Estado” y que no tenía por qué asumir el matrimonio igualitario refrendado en el Código de las Familias, entonces pendiente de aprobación. 

Ante los ataques por parte de personas vinculadas al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro, aseguraban que la Iglesia “no es contenciosa ni se deja provocar por el discurso de odio levantado por personas y sectores que no acepten nuestra doctrina”.

Las tensiones del Gobierno con ministros de distintas denominaciones han vuelto a ser noticia en las últimas semanas. El pasado mayo, como un gesto de protesta contra los apagones, el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes tocó las campanas de su parroquia en Esmeralda. Al cura, una de las voces más críticas del clero católico, le fue prohibido repetir el toque por su propio obispo, una llamada al orden en la que no pocos sospecharon las presiones de la Seguridad del Estado.