La periodista cubana Camila Acosta, acusada de "instigación a delinquir" el 11J
La joven enfrenta a una sanción de de tres meses a un año de prisión o una multa "de 100 a 300 cuotas"
La Habana/A la periodista independiente Camila Acosta, en reclusión domiciliaria desde hace más de cuatro meses, le han cambiado las acusaciones por reportar las protestas del 11 de julio, motivo por el cual estuvo después cuatro días detenida. Se lo ha comunicado la policía política este martes, en la Unidad Policial de Zapata y C, en La Habana, donde citaron a la joven.
En una transmisión directa, la colaboradora de CubaNet y corresponsal del periódico español ABC contó que ya no era "desorden público", como le dijeron entonces, sino "instigación a delinquir", un delito que, según Acosta, fue agregado a su expediente con posterioridad de su detención.
"La Seguridad [del Estado] hace con estos expedientes lo que les da la gana y por supuesto que es un falso delito también", asevera en el video la periodista, quien dice que por la acusación se enfrenta a una sanción de tres meses a un año de prisión o una multa "de 100 a 300 cuotas".
El motivo de la citación, refiere también Acosta, fue para comunicarle que la policía política revisará su teléfono, la memoria flash y el disco duro que le confiscaron, "como si ya no lo hubiesen hecho", apostilla.
"Hay un detalle con este delito: me acusan de instigar a delinquir, pero no se dice cuál es el delito al cual estoy incitando a las demás personas a que cometan"
"Hay un detalle con este delito: me acusan de instigar a delinquir, pero no se dice cuál es el delito al cual estoy incitando a las demás personas a que cometan", protesta, al tiempo que denuncia que los órganos represivos cubanos violan "lo establecido en su propia legislación".
"Le dejé claro al teniente Ernesto Dávila Gallardo que en ningún momento me entregaron un documento oficial en que notificaran cuáles eran los equipos que habían ocupado en ese registro, ni el motivo", narró. "La justificación que me dio es que ese documento se entrega al propietario de la vivienda y que ellos le dijeron al propietario que si quería el documento y el propietario les dijo que no". La periodista asegura que lo consultó con Cubalex y la organización jurídica le dijo que la moradora de esa vivienda era ella y que los equipos confiscados eran suyos, por lo que el documento debieron habérselo entregado a la propia Acosta.
Luego de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago para el pasado 15 de noviembre, la Seguridad del Estado no ha dejado de acosar a activistas, artistas y periodistas independientes. Algunos de ellos, miembros del Movimiento San Isidro o del grupo 27N, han sido forzados al destierro.
Otra opositora que fue llamada por la policía política es Carolina Barrero, quien aún no ha dado información sobre esa citación. La historiadora del Arte explicó en un post de Facebook que la acusan de "instigación a delinquir" por pedir salir a marchar el 15N.
"Entre otros errores y faltas, la citación no tenía escrito el lugar donde debía ir. El oficial me dijo que Zapata y C, a la vez que reconocía que ni cuño tenía y que volvería mañana", escribe. "Quiero recordar a la administración policial que las citaciones han de estar firmadas por el instructor penal que lleva la investigación o por un fiscal o asistente de fiscal. No puede hacerlo un tercero que luego ni estará presente. Eso se llama usurpación de cargos y es un delito, uno demasiado frecuente en las citaciones por motivos políticos".
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