El régimen persigue a los religiosos cubanos por su "postura cívica", según el OCDH

La Habana/El más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre la libertad religiosa alega que los religiosos de la Isla son más vulnerables al acoso del régimen por su "postura cívica". El 68% de las 1.394 personas encuestadas por la organización dijo conocer casos en los que algún religioso ha sido reprimido o amenazado por su crítica al Gobierno.

La publicación del estudio, que coincide con la visita de Miguel Díaz-Canel al papa Francisco en el Vaticano, no define, sin embargo, si la persecución tiene que ver con las creencias propiamente dichas o si, por el contrario, puede atribuirse más bien con el papel crítico de los religiosos han jugado en la esfera pública cubana.

Los entrevistados por OCDH residen en 83 municipios de las 15 provincias de la Isla, y fueron encuestados durante febrero de este año. Su conclusión general es que el país sigue siendo un territorio inhóspito en materia de libertad religiosa. Todos los participantes –el 45% de ellos mujeres– tienen más de 18 años y las cifras, aseguran, tienen un margen de error de +/- 2,62 puntos.

Sostener una postura política crítica basada en la fe es, para el 58% de los entrevistados, la primera causa de acoso por parte del régimen, mientras que un 45% opina que "hablar públicamente de su fe" –incluyendo en las redes sociales– puede motivar un trato discriminatorio.

Sostener una postura política crítica basada en la fe es, para el 58% de los entrevistados, la primera causa de acoso por parte del régimen

El informe denuncia, además, "acciones concretas" contra las instituciones y líderes religiosos. Un 64% de los encuestados sabe de casos en los que se les ha negado "permiso para eventos en espacios públicos", mientras que el 63% mencionó la negación o condicionamiento de permisos "para construir o reparar templos" y, en el mismo porcentaje, aseguraron conocer episodios en los que se denegó o condicionó la salida de procesiones.

En este sentido, el sacerdote católico José Luis Pueyo, de la Diócesis de Santa Clara, afirma que hay que distinguir entre "libertad de culto" y "libertad religiosa". En el primer caso, se trata de una de las dimensiones de la vida religiosa, pero no la agota: "Hay dimensiones como la actividad educativa, presencia en la escuela y la universidad, la actividad asistencial, la atención a mayores, enfermos y necesitados, la actividad comunicativa –prensa, radio y televisión– así como multitud de actividades civiles y asociativas (lo que se llama 'sociedad civil') que están totalmente restringidas y son monopolizadas, ya no por el Estado, sino por el Partido Comunista", explica a 14ymedio.

Según Pueyo, es "curioso" que los religiosos deban negociar con el Partido y no con el propio Gobierno. De hecho, el 68% de los encuestados por el OCDH señala a la Oficina de Asuntos Religiosos, dirigida por Caridad Diego –que formó parte de la delegación gubernamental que visitó el Vaticano esta semana–, como la instancia desde la que se impulsa la violación de la libertad religiosa. Más de la mitad de los consultados conoce a algún líder "a quien se le ha impedido o dificultado su labor".

Una sección del estudio analiza la "confianza" de los cubanos en las "instituciones nacionales", para concluir que el 42% se fía más en las asociaciones religiosas que en las oficiales. Con la misma confiabilidad cuentan los grupos de derechos humanos (19%) y los medios independientes (13%), mientras que el Gobierno solo disfruta de un 13% de fiabilidad.

En un demoledor 2% se ubican todas las instituciones oficiales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), además de la Policía, las Fuerzas Armadas y los tribunales. De modo general, el 73% de los encuestados denuncia que el país "va en la dirección incorrecta". Los CDR son, de acuerdo con el 65% de los cubanos consultados, el órgano mediante el cual el Gobierno ejerce la vigilancia sobre los religiosos.

El OCDH expone también que el régimen impulsa un sistema de "vigilancia y control" contra los religiosos, por sostener un "compromiso cívico acorde con los valores de su fe"

El OCDH expone también que el régimen impulsa un sistema de "vigilancia y control" contra los religiosos, por sostener un "compromiso cívico acorde con los valores de su fe". Además, el Gobierno limita la "acción e influencia social de las entidades y congregaciones religiosas, sobre todo aquellas que reclaman mayor presencia en el espacio público y en las comunidades".

Estados Unidos incluyó a Cuba en 2022 en la lista negra de países que violan la libertad religiosa, junto a Nicaragua, China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, Birmania, Eritrea, Tayikistán y Turkmenistán. El Gobierno de la Isla respondió con una campaña que involucró a líderes religiosos afines, como los miembros del oficialista Consejo de Iglesias, la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba y el proyecto cultural Cabildo Quisicuaba. Enrique Alemán, director de Quisicuaba, defendió que el Estado cubano "reconoce, respeta y garantiza" todas las religiones, pero evitó aludir a la postura crítica de muchos de sus líderes.

Durante el verano de ese mismo año, un informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, demostró que el régimen había organizado una red de espionaje para infiltrar, desde 1959, numerosos agentes en iglesias y también en fraternidades como la masonería.

En el caso de esta última asociación, su Gran Maestro nacional, Francisco Alonso Vidal, debió escapar de la Isla tras el acoso sostenido de la Seguridad del Estado. El masón denunció entonces la infiltración sistemática de la contrainteligencia cubana, con el objetivo de vigilar e influir en las decisiones de todas las instituciones fraternales y religiosas en la Isla.

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