Con sus peticiones a la Fiscalía para resolver un robo, algunos masones facilitan la injerencia del Gobierno

El maestro masón Hermes Fernández –uno de los que participó en la protesta del 23 de julio en la Gran Logia, en La Habana– dirigió a la Fiscalía cubana y a los Ministerios del Interior y de Justicia una queja formal por la poca atención de las autoridades hacia al hecho que desencadenó la actual crisis de la masonería en la Isla: el robo de 19.000 dólares de la oficina del Gran Maestro Mario Urquía Carreño. 

El documento, que ha circulado entre los masones del país y al que tuvo acceso 14ymedio, presenta una cronología de la crisis desde el pasado enero, cuando se produjo el robo, hasta la reciente reunión de los miembros de la fraternidad con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.

Fernández da por sentado que el texto va a contrariar a Diego, quien –asegura– reprendió a los masones por protestar contra Urquía Carreño: “Lejos de reconocer que (las autoridades) no tienen injerencia alguna en los asuntos que estamos dirimiendo entre masones, una vez más hacen uso de la irracionalidad e ilegalidad de sus actos al solicitarnos que no nos manifestáramos y que los dejáramos trabajar”. 

“En la ‘queja’ no se ofrecen soluciones jurídicas masónicas, sino que, una vez más, se implora la intervención de las autoridades castristas”

Para el escritor y masón exiliado Gustavo Pardo, la reclamación de Fernández da un mensaje equivocado sobre el estado de la fraternidad, puesto que, al tiempo que denuncia la intromisión del régimen, es a él a quien se acude para que resuelvan la crisis. “En la ‘queja’ no se ofrecen soluciones jurídicas masónicas, sino que, una vez más, se implora la intervención de las autoridades castristas”, argumenta. Recurrir al Estado como un “gran gurú” para resolver sus asuntos internos es un error estratégico, expone Pardo.  

La evidencia de esta sumisión es el propio encabezado de la carta: “Año 66 de la Revolución”, una fórmula innecesaria en un documento emitido por un masón, y que parece encaminada a congraciarse con sus destinatarios. Fernández apela en primer lugar a la Constitución –cuyos artículos cita– para respaldar su derecho a la queja y el deber de las instituciones de responderle. 

El centro de su argumentación es que el dinero permanece desaparecido y que Urquía Carreño se comprometió, no solo con los masones sino con la Policía, a devolverlo. Son las arcas del Asilo Nacional Masónico –de donde procedía el dinero– las que más han sufrido y esa carencia no puede quedar sin respuesta, explica Fernández. 

El dinero permanece desaparecido y Urquía Carreño se comprometió, no solo con los masones sino con la Policía, a devolverlo

El compromiso de Urquía Carreño está por escrito, en un documento que Fernández anexa a su petición. Se trata del Acta de Acuerdo Conciliatorio, firmado en la estación policial de Picota el 1 de abril por el Gran Maestro y la capitana Leidys Villaurrutia Díaz. Dicho texto daba cuenta de la conclusión de los investigadores del Ministerio del Interior tras visitar el lugar del crimen: la puerta de la oficina del Gran Maestro no había sido violentada. 

No se consideró, sin embargo, que hubiera pruebas suficientes contra Urquía Carreño, que se declaró responsable –pero no culpable– del robo, y como tal se comprometió a devolver la suma perdida en un plazo de tres meses. “Dicho plazo ya ha expirado por lo que además es perjurio”, subraya Fernández. 

Por cuenta de los propios masones se realizaron “infructuosas búsquedas” del dinero y se reconvino a Urquía Carreño por su “dilación” a la hora de tomar medidas y admitir la ocurrencia del robo. Esta demora, argumenta Fernández, fue una de las causas de que se decidiera “denunciar el extravío” ante la Policía, hecho que –a nivel masónico– supuso abrirles la puerta de la fraternidad a las autoridades. 

La intervención del Ministerio de Justicia para defender a Urquía Carreño supuso un acto “antijurídico” para la fraternidad

A partir de ahí se han sucedido escándalos tras otros, en particular sobre la autoridad de Urquía Carreño, varias veces expulsado y rehabilitado en su cargo de Gran Maestro. Fernández opina que la legislación masónica es “bien extensa, nutrida y fortalecida”, por lo que la intervención del Ministerio de Justicia para defender a Urquía Carreño supuso un acto “antijurídico” para la fraternidad. 

A todo esto, Urquía Carreño puso la mirilla sobre el Supremo Consejo del Grado 33 –el segundo cuerpo masónico cubano más importante, después de la Gran Logia–, dice Fernández, y pretendió convertir en “irregular una potencia masónica con un prestigio innegable”. El proceder de Urquía Carreño obligó a llevar a la prensa internacional a la protesta frente a la puerta de la oficina del Gran Maestro, pues querían que aquella acción “no se malinterpretara”. 

Convocar a una reunión con Diego, en la que estuvo presente otra alta funcionaria, Miriam García Mariño, del Registro de Asociaciones, fue la “reacción” del Gobierno ante la protesta. Fernández concluye el documento con la petición de que “se investigue a profundidad y se hagan las correspondientes verificaciones fiscales”, pues, a su juicio, “no queda otra instancia dónde resolver este asunto” si no es la Fiscalía. 

Los masones cubanos han programado una sesión extraordinaria para el próximo 21 de septiembre en el Gran Templo Nacional Masónico. En la agenda, bajo el apartado de “mociones fuera del orden del día”, podrá discutirse una vez más la situación de Urquía Carreño y su futuro dentro de la fraternidad.