La prensa oficial advierte a los dirigentes de que habrá consecuencias legales si la esquivan

La Habana/La prensa cubana amanece este jueves celebrando la entrada en vigor de la Ley de Comunicación, aprobada por el Parlamento el pasado junio. Para Escambray –el periódico del Partido Comunista en Sancti Spíritus, que publica una nota entusiasta al respecto– no hay mejor noticia que saber que los dirigentes, que hasta ahora han ignorado la responsabilidad de ofrecer información a la población y a los medios, no podrán quedarse mirando “los peces de colores”. 

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, los jefes de los departamentos ideológicos del Partido en cada provincia, acompañados de periodistas, deberán asistir a conferencias de capacitación para “profundizar en el estudio de la Ley de Comunicación Social y conseguir su aplicación inteligente, consecuente y libre de distorsiones”.

Esto es, “responder con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad, particularmente ante hechos y situaciones que por su naturaleza, sensibilidad y connotación pública demandan una urgente comunicación con la población”, según la norma.

'Escambray' recuerda que por cada “infracción” habrá multas de entre 3.000 y 30.000 pesos

Escambray recuerda que por cada “infracción” habrá multas de entre 3.000 y 30.000 pesos, pero aclara que “lo lógico, lo razonable”, es que los dirigentes cumplan la norma y eviten esos extremos. Especialmente entre “los directivos y funcionarios que hasta ahora le han tirado con la zurda a la comunicación social”, si no quieren que “la nueva ley les ponga la caña a tres trozos”.

La advertencia, de forma más solapada, se repite en muchos diarios provinciales e incluso en Granma, que celebra este jueves su 59 cumpleaños. El periódico, fundado en 1965 tras la supresión de medios como Hoy o Revolución –que, con diversos enfoques y leales a Fidel Castro, todavía se consideraban “prensa libre”–, recuerda que desde entonces su “encargo” era “divulgar la obra de la Revolución”. Una idea que repite la Ley de Comunicación, que vuelve a insistir en que quien desacredite al régimen puede ser sancionado.

“El Sistema de Comunicación Social actúa conforme al Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin”, aclara el artículo 5 del documento.

La nueva ley apenas afecta a la prensa independiente, que es directamente ilegal de acuerdo con la propia Constitución

La nueva ley apenas afecta a la prensa independiente, que es directamente ilegal de acuerdo con la propia Constitución, el Código Penal y otras normas que limitan la libertad de expresión y prensa, entre ellas el decreto 370. Por ello, “la obligación que tienen por ley los directivos, funcionarios y empleados de los órganos, organismos y entidades del Estado de brindar la información, solicitada por periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas”, es un derecho exclusivo de los medios estatales.

El trabajo de la prensa independiente se considera un acto de “agresión comunicacional que se desarrolla contra el país” o una instigación al “terrorismo y la guerra en cualquiera de sus formas y manifestaciones, entre ellas la ciberguerra”.

La Ley de Comunicación Social, que recoge la obligación de inscribir un medio en los registros nacionales –algo que sería denegado a cualquiera "contrario a la Revolución"–, contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan alguno de sus preceptos. Para la prensa independiente queda, sin embargo, el Código Penal aprobado en 2022, que prevé el castigo con diez años de prisión a quien reciba fondos o financie "actividades contra el Estado y su orden constitucional".

De hecho, no solo no pueden, como los medios oficiales, reclamar respuestas a los dirigentes e instituciones del país, sino que su trabajo se considera directamente un acto de “agresión comunicacional que se desarrolla contra el país” o una instigación al “terrorismo y la guerra en cualquiera de sus formas y manifestaciones, entre ellas la ciberguerra”.

La Ley de Comunicación Social tampoco recoge las posibles sanciones que acarrearía infringir estos preceptos –lo que crea un vacío legal que puede ser aprovechada por los tribunales del régimen– y remite vagamente a otros instrumentos legales (“El incumplimiento de lo regulado en el artículo precedente implica la exigencia de la responsabilidad, conforme a las leyes y otras disposiciones normativas”). En el Código Penal aprobado en 2022, por ejemplo, se prevé el castigo con diez años de prisión a quien reciba fondos o financie "actividades contra el Estado y su orden constitucional", algo similar a algunas de las disposiciones en la Ley de Comunicación Social.

Bastará hacer un comentario o reaccionar a una publicación que se considere que tiene el "objetivo de subvertir el orden constitucional”

Para la población queda la peor parte. En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a una publicación que se considere que tiene el “objetivo de subvertir el orden constitucional” –otra ambigüedad– para contravenir la ley.

El artículo 51 contiene un apartado no menos inquietante que llama a “implementar, e informar a los usuarios, los procedimientos de autorregulación que eviten publicaciones violatorias de lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas sobre este particular”, de lo que se desprende que además se indicará a los cubanos qué pueden y no compartir, aplaudir o lamentar en sus redes sociales.

Algunos ciudadanos ya han sido investigados por sus publicaciones, según lo estipulado en el decreto ley 370. Es el caso del opositor José Manuel Barreiro Rouco, detenido en junio del año pasado por compartir memes que afectan “el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución cubana”, entre ellas el mandatario Miguel Díaz-Canel”. 

Barreiro tuvo finalmente su juicio a inicios de septiembre en el Tribunal Provincial de Cienfuegos. La Fiscalía solicitó para él una condena de dos años y medio de prisión por los delitos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.

En agosto, Samuel Pupo Martínez –quien estuvo preso por dos años, ocho meses y 21 días a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J)– fue amenazado por agentes de la Seguridad del Estado con volver a prisión por sus publicaciones en redes sociales. Los post que causan escozor en el régimen y por los que lo obligaron a firmar un acta de advertencia son, en palabras de las autoridades, pruebas de que Pupo es “proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional”.