El presidente del Tribunal Supremo pasa a una lista de represores cubanos

La Habana/La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incorporado a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, a su lista de represores del régimen después de la publicación de un tuit en la que el alto funcionario recordaba la existencia de la ley 88, también conocida como ley mordaza, como instrumento para penalizar a quienes "apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Helms-Burton".

"Como presidente del Tribunal Supremo al servicio incondicional de dictámenes del Ministerio del Interior así lo amerita. No le corresponde estar amenazando a los ciudadanos que pacíficamente promueven un mejor país", precisa la organización en una carta dirigida al magistrado.

En la misiva, la Fundación, con sede en Miami, detalla que la base de datos ha servido para iniciar "procesos de enjuiciamiento y deportación de aquellos que después de reprimir a los ciudadanos en Cuba vinieron a reunirse con familiares y residir en Estados Unidos, mintiendo en el proceso migratorio". También para restringir los envíos de remesa desde ese país a la Isla.

"Es posible que usted considere que lo único que hace desde su cargo es aplicar las leyes que otros decidieron en la Asamblea Nacional y como tal no es responsable de la severidad de las sentencias. Le recuerdo que ese argumento ya lo uso infructuosamente en Nuremberg (...) el destacado jurista alemán y juez nazi Ernst Janning. De nada le sirvió para esquivar su condena. A usted tampoco le va a funcionar en un futuro que ya no es tan distante. Piénselo", añade la carta.

El tuit de Ferro, interpretado por muchos sectores como una amenaza a activistas, disidentes y periodistas independientes, precedió a la publicación en la Gaceta Oficial de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobada el pasado 13 de abril en la que los diputados ratificaron su "total apego al espíritu de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, Ley No. 80 de 1996, que declara ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico la Ley Helms-Burton; así como a los postulados de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, Ley No. 88 de 1999".

La Ley 88 (o ley mordaza) sirvió como base legal para los juicios que en 2003 se llevaron a cabo contra 75 opositores. Desde entonces no ha vuelto a usarse en otro proceso judicial, pero su existencia ha sido ampliamente denunciada por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional.

En la declaración se rechaza "la política hostil del Gobierno de Estados Unidos" y "total condena a la Ley Helms-Burton, proyecto genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo cubano"

En la declaración se rechaza "la política hostil del Gobierno de Estados Unidos" y "total condena a la Ley Helms-Burton, proyecto genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo cubano".

El texto se acordó apenas unos días antes de que el departamento de Estado anunciase el levantamiento de la suspensión de los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, cuando ya se esperaba la decisión después de que la Administración de Donald Trump hubiera renovado cada vez por periodos temporales menos amplios la supresión.

La Asamblea Nacional agradece en la declaración a la comunidad internacional por su rechazo casi unánime a la ley Helms-Burton tanto desde Naciones Unidas como en organismos "como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Africana y el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, y otros países que cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de la referida ley".

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