Sobre los presos políticos

La Habana/La clasificación de los presos políticos es una causa de desacuerdo en la oposición cubana. Hay distintas formas de pensar quién es o no es una persona llevada a la cárcel por razones políticas, pero en ninguno de los casos se toman como referencia los criterios establecidos por Naciones Unidas –o cualquier otra organización que se ocupe de esta materia–.

Dentro y fuera del país circulan varias listas hechas por diferentes organizaciones. No se conocen por el nombre del grupo disidente, sino por el de la persona que las divulga. Traté de conseguir que se consensuara una única lista, pero sin éxito. Los que manejan los nombres no quieren oír ni siquiera, desafortunadamente, lo que otros tienen que decir.

También están los diferentes grupos de abogados, que no participan activamente en la confección de las listas y que tampoco las avalan.

Cuando el Gobierno cubano ha querido quitar un disidente de las calles, le ha imputado cualquier delito. Incluso cuando un agente de la autoridad golpea a un opositor, es la víctima la que queda acusada de atentado. Sin embargo, también ha habido casos en los que se ha considerado el opositor como un preso político sin tener conexión alguna con su actividad.

En los últimos meses, el cardenal Jaime Ortega y Alamino ha dicho en dos ocasiones que en Cuba no hay presos políticos, pero después ha invitado a que se le entregue un listado con los nombres de los que tienen esta condición. Al no haber una unidad de criterios dentro de la oposición, tendrá varias listas, incluyendo algunas que relacionen a personas que hayan cometido delitos, ni de forma remota vinculados a la oposición interna ni con el objetivo de democratizar por la vía pacífica el país.

Algunos de ellos ya han pasado muchos años en prisión y necesitan ser liberados y otros tienen sanciones desmesuradas que no les dan derecho a ningún beneficio durante la estancia en la cárcel. Habría que diferenciar estas personas del concepto de preso político, aunque se pida por ellos y por otros que también deberían estar en una lista con menos años de privación de libertad, pero injustamente, que son los que han sido llevados a las cárceles por peligrosidad social predelictiva.

El Gobierno cubano nunca ha querido aceptar que en el país hay presos políticos porque quiere convertir a los opositores en criminales comunes, mercenarios, terroristas y cualquier otra cosa que los desacredite como personas

El Gobierno cubano nunca ha querido aceptar que en el país hay presos políticos porque quiere convertir a los opositores en criminales comunes, mercenarios, terroristas y cualquier otra cosa que los desacredite como personas y en su actividad contestataria. Su objetivo es multiplicarlos por cero.

Con el fin de poder demostrar por qué es tan necesario consensuar los listados de presos y elaborar uno solo que tenga el visto bueno de toda la oposición, se han hecho algunas pesquisas en las que hemos contactado a jefes de organizaciones, familiares, disidentes e incluso a las personas que elaboran los listados, aunque no siempre hemos obtenido la respuesta necesaria y ha sido necesario mucho trabajo para poder llegar a conclusiones debido a la falta de comprensión.

Algunos casos deben ser verificados por una comisión creada al efecto, que evalúe los testimonios de testigos y familiares.

El objetivo de esta información no es desprestigiar el trabajo de las organizaciones y mucho menos desmeritar a cualquier preso. Solo comprendiendo la importancia de un análisis conjunto se podrá llegar a conclusiones más acertadas. Estoy segura de que, después de leer cada uno de los casos y su examen, habrá el convencimiento de la necesidad de trabajar juntos.

No se puede descartar que existan otros presos de carácter político que no se conozcan, por no estar en ninguna de las listas que revisamos. Las autoridades no permiten el acceso a las estadísticas de las prisiones.

Quiero agradecer el apoyo de los miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, sin los que no hubiera sido posible llegar a estas conclusiones, en particular del miembro del Grupo de los 75 y preso de conciencia Arnaldo Ramos Lauzurique.

Lista de presos cotejada con distintas asociaciones:

Coalición Central Opositora (Damarys Moya Portieles, presidenta):

- Léster Castillo Rodríguez, sentenciado a un año por "peligrosidad predelictiva", desde el 24 de agosto de 2015.

- Deibis Sardiñas Moya, tres años por "peligrosidad predelictiva", desde el 26 de junio de 2014.

Frente Antitotalitario Unido (Guillermo Coco Fariñas, presidente):Coco

- Joel Bencomo Rodríguez (no Díaz, como aparece en una lista), en la prisión La Pendiente, dos años por "desacato", desde el 1 de octubre de 2014. La policía trata de trasladarlo a un campamento para que trabaje, pero él se niega.

- Justo Miguel Fariñas Quey (no aparece en el listado) sancionado el pasado 8 de mayo a seis meses de privación de libertad, subsidiado por seis meses de limitación de libertad, en el caso de José Alberto Botel Cárdenas, la persona que atentó contra Fariñas. Esta sentencia se conoce antes de la fecha del último listado, del 19 de junio.

Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión (MNR) y miembro del Grupo de los 75

- Yoelsi Llorente Bermúdez, Óscar Luis Santana López y Miguel Ernesto Armenteros Hernández, presos desde el 16 de mayo, pendientes de juicio por "atentado y resistencia". Fueron expulsados por la policía de una discoteca en Santa Isabel de las Lajas. Un centenar de personas hizo una protesta de forma espontánea en el parque de la localidad y todos fueron arrestados. De ellos, 40 fueron multados con cantidades de 30 y 50 pesos moneda nacional.

- Cinco presos en la cárcel de Ariza, en Cienfuegos.

- Vladimir Morera Bacallao, trasladado al Hospital Nacional en La Habana tras realizar una huelga de hambre, que depuso. Detenido durante las elecciones municipales de abril de 2015 por poner un letrero en el frente de su casa que decía que votaba por la libertad. Pendiente de juicio.

Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR)

José Díaz Silva, presidente del MONR, manifestó a Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que la persona que aparece en el listado como preso político de su organización, Job Lemus Fonseca, no le pertenece, pues había sido expulsado y, además, el delito que se le imputa es común.

Unión Patriótica de Cuba (José Daniel Ferrer, presidente de la Unpacu)

Hay 14 diferencias con los listados referentes a los miembros de su organización.

- Edilberto Arzuaga Alcalá, condenado a un año desde el 15 de febrero de 2015. Le pusieron una multa de 5.000 pesos cubanos por realizar grafitis en Santa Cruz del Sur, Camagüey. Se negó a pagar, protestó frente al Poder Popular y lo arrestaron.

- Ariel Eugenio Arzuaga Peña, condenado a seis años por "atentado". Cuando fue llevado a prisión no existía la Unpacu, por eso es un error decir que es un preso de esta organización. En el momento de ser encarcelado, el 17 de marzo de 2011, Ferrer se encontraba preso también, por lo que no tiene constancia personal de las cosas que se plantean sobre este hombre, aunque tiene testimonios del Grupo Factores por el Cambio y otras fuentes. Se encuentra en el Campamento San Blas, en Granma, que es un Plan Confianza del Gobierno.

- María del Carmen Cala Aguilera, presa el 24 de abril de 2015 en la provincia de Holguín, acusada de "atentado", después de insultar al médico responsable de la muerte de su hijo, preso común que murió en la cárcel por negligencia.

- Darián Ernesto Dufó Preval, Ricardo Pelier Frómeta y Yoelkis Rosabal Flores, detenidos el 15 de mayo de 2014, acusados de "tentativa de asesinato", después de realizar un plantón en Caimanera, Guantánamo, para exigir la libertad de Johane Arce Sarmientos. En el listado aparecen "pendientes de juicio", pero ya fueron juzgados y sancionados por "desorden público continuado" a dos, tres y cuatro años, respectivamente.

- Yuselín Ferrera Espinosa, preso el 24 de septiembre de 2014, sancionado a un año de privación de libertad por "lesiones". Ferrera estaba escuchando música de Los Aldeanos cuando un funcionario militante del Partido le arrancó los cables de los equipos. En el forcejeo no hubo lesiones ni certificados médicos.

- Mario Ronaide Figueroa Diéguez aparece indebidamente en el listado como preso el 2 de diciembre de 2012. Según Ferrer, la fecha exacta de su detención, junto a otros diez activistas, es el 27 de noviembre de 2012. La policía política les dijo que los que se apartaran de la Unpacu saldrían en libertad y él aceptó. Fue llevado nuevamente a prisión a principios de diciembre de 2014. El resto del grupo salió en la lista de los 53 presos que se mostró al Gobierno de Estados Unidos.

- Aracelio Ribeaux Noa, preso en Aguadores acusado de "atentado contra los custodios". Según el listado, está preso desde el 27 de noviembre de 2012; sin embargo, había sido liberado el 8 de enero de este año en el grupo de los 53 anunciado por el Gobierno. Se incorporó al activismo de la Unpacu y unos guardias del Cuerpo de Vigilancia y Protección (CVP) lo sorprendieron realizando grafitis. Él se negó a acompañarlos y unos días después, un mayor retirado del Ministerio del Interior le agredió en una mano con una bayoneta militar. Lo llevaron al hospital y al cabo de los días la policía política le mandó a decir que no acusara al ex oficial, pero él les respondió que lo había hecho. Lo detuvieron en mayo. Le dijeron que si se iba de la Unpacu y retiraba los cargos contra el ex mayor, lo liberarían. No hay ningún documento oficial que lo acuse de cargos.

- Emilio Serrano Rodríguez, preso desde el 7 de febrero de 2015, acusado de "venta ilegal" (no es "vendedor por cuenta propia", como dice el listado), pendiente de juicio. Es un miembro de la Unpacu que en La Habana defendió a dos mujeres que vendían de forma legal en la calle y que en aquel momento eran miembros de la organización, Sonia de la Caridad González Mejías y Melkis Faure Echavarría.

- Carlos Manuel Veranes Heredia, de Caimanera, fue sancionado a un año de privación de libertad el 17 de mayo de 2015 y se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo. Primero le dijeron que no tenía delito y, un año después, fue llevado a un juicio sumarísimo, sin abogado, donde le condenaron por desacato.

- Amado Verdecia Díaz, preso desde el 20 de octubre de 2014. La policía lo acosaba desde agosto de 2013, cuando le dijeron que su licencia de conducción estaba vencida. Al comprobar que no era cierto, le dijeron que era la circulación. Lo detuvieron en una protesta en Palma Soriano, pero después, ante la presión de los activistas, lo liberaron. Diez meses después, lo llevaron a juicio y lo sentenciaron a cinco años acusado de "atentado". La causa, según Ferrer, fue que prestaba servicios con el auto a la Unpacu.

- Santiago Cisneros Castellanos. Campesino y miembro de la Unpacu, el 21 de julio de 2014 fue a buscar a la tienda de su pueblo su cuota de pan. Allí le dijeron que se había acabado. Él respondió que se iba a quejar. El Delegado del Poder Popular lo acusó de ser un contrarrevolucionario y dijo que el pan era para los revolucionarios. Cuando Cisneros llegó a las oficinas de atención a la ciudadanía de Cruces de los Baños, del municipio Tercer Frente, para formular la queja, se lo llevan preso acusado de "tentativa de asesinato" contra el delegado del Poder Popular y "posesión de armas de fuego". El juicio se celebró el 15 de junio de 2015 y está en espera de sentencia. No está en ningún listado porque los que los elaboran no consideran que sea un delito político.

- Yosvany Arostegui Armenteros, preso desde el 8 de enero de 2015, el mismo día en que liberaron al grupo de los 53, en Cerámica Roja, Camagüey, acusado de "atentado" y "amenazas". Tiene un expediente psiquiátrico, pero posee un carretón con un caballo con el que repartía octavillas de la Unpacu. Le organizaron un mitin de repudio y tiraron excremento a la casa. Al igual que Cisneros, no está en ningún listado.

Eglis Heredia Rodríguez fue regresado a prisión con licencia extrapenal para cumplir ocho años y seis meses, pero su detención, según Ferrer, no se puede relacionar con su actividad opositora, como se especifica en el listado. Se trata de un preso común que al salir a la calle se incorporó a la Unpacu y que estaba cumpliendo por robo con fuerza.

Alianza Democrátiva Oriental (Rolando Rodríguez Lobaina, presidente)

- Yeris Curbelo Aguilera, sancionado a tres años de privación de libertad por "desacato y desobediencia", en el Combinado de Guantánamo desde el 19 de febrero de 2015.

Movimiento Derechos Humanos Juan Wilfredo Soto García

- René Rouco Machín, presidente del movimiento, aparece en un listado con un año de privación de libertad por desacato, desde el 6 de agosto de 2014, y en otro con cuatro años de privación de libertad por atentado. Daniel González Oliva explica que está sancionado por las dos causas. Se encontraba en el Campamento Escalona y dos oficiales de la Seguridad del Estado lo fueron a visitar el 17 de diciembre de 2014. Él se negó a conversar con ellos, pero le obligaron a asistir y le dieron golpes y le partieron un brazo y después lo acusaron de atentado y lo sancionaron a cuatro años más.

Corriente Martiana

- Rolando Joaquín Guerra Pérez es un opositor y promotor de la Corriente Martiana, según informa un listado. El 6 noviembre de 2012, fue detenido tratando de salir del país en una embarcación rústica y la Guardia Costera de Estados Unidos lo devolvió. Tenía pendiente una sanción por hurto y se encontraba en el Campamento Canasí, de donde se había fugado. Algunos meses atrás, sin avisar a los familiares, le hicieron un juicio con una sanción conjunta de seis años de privación de libertad. En el listado aparece pendiente de juicio. En estos momentos se encuentra en la prisión de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque.

Otros casos

- La familia de Juana Castillo Acosta, Osvaldo Rodríguez Acosta y Osvaldo Rodríguez Castillo, condenada por "atentado", aunque aparece en uno de los listados por el delito de "asesinato de policías en tentativa". La mujer fue condenada a cinco años, pena sustituida por Correccional Laboral sin Internamiento, pero en el listado erróneamente se plantea que tiene prisión domiciliaria. Su esposo, Osvaldo Rodríguez Acosta, fue sancionado a nueve años de privación de libertad y su hijo, Osvaldo Rodríguez Castillo, a siete años. En estos momentos, el hijo ya coge pases.

- Ricardo Hernández Ruiz pertenece, según el listado, a una organización que no existe en estos momentos, la Unidad Camagüeyana. Virgilio Mantilla, quien era su presidente, dijo que no tiene relaciones con el preso, que además no está en ningún grupo opositor. El disidente Jorge Luis S. Varona (apodado Pescao) dijo que este preso se encontraba en un campamento de trabajo en Camagüey. Daysa Durán Galano del Movimiento Feminista Rosa Park de Camagüey, cuenta que él trató de salir ilegal del país por Guantánamo para llegar a la Base. Lo acompañaban cinco personas que están en libertad.

- Yosvani Melchor Rodríguez es un joven que entró ilegal al país, después de vivir un año en Estados Unidos. Fue condenado a 12 años de privación de libertad por un delito de tráfico ilegal de personas. En la causa hay otro hombre, Jorge Luis Sánchez Carcassés, de Santiago de Cuba, que ya está en libertad. Su madre, Rosa María Rodríguez, informó de que sufre retraso mental y que no es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, como dice el listado de presos. Está en Toledo 1, ha salido dos veces de pase y está a la espera de que le den la libertad condicional.

- Mauricio Noa Maceo, preso desde el 6 de agosto de 2010 por "diversionismo (divisionismo) ideológico", actividad económica ilícita y receptación", según se informa en un listado. Juzgado el 9 de diciembre de 2014, fue sancionado a tres años de privación de libertad cuando ya había cumplido más de cuatro años. Se plantea que está "pendiente de juicio de apelación", lo que indica que está fuera de término, ya que un preso cuenta con días después del juicio para apelar y 45 para que el tribunal responda.

- Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, en varias listas simplemente calificado como "activista", sin especificar su organización de pertenencia.

- Ángel Santiesteban Prats, escritor, no está en todas las listas, a pesar de que asegura que entregó su documentación y que el 26 de febrero de 2013, dos días antes de entrar a prisión, lo llamaron de Amnistía Internacional para confirmarle que era un preso de conciencia. En estos momentos hay quien pone en duda que sea un preso político. Fue sancionado a cinco años de privación de libertad por un delito de violación de domicilio y lesiones.

Hay otras personas que deberían estar en los listados, porque sus situaciones jurídicas no están claras. Es el caso de Egberto Ángel Escobedo Morales, llevado a prisión el 11 de julio de 1995 con una sanción de 20 años de privación de libertad por los delitos de "espionaje, propaganda enemiga, robo de documentos secretos de la contrainteligencia militar". Fue excarcelado el 29 de diciembre de 2010, tras una huelga de hambre de 75 días, le comunicaron que estaba indultado y luego le dijeron que era libertad condicional por indisciplinas. No tiene documento alguno firmado por un juez.