Prisoners Defenders documenta "15 patrones de malos tratos y torturas" a presos en Cuba

Madrid/El uso de la tortura es sistemático en los presos políticos de Cuba. Es lo que se desprende de un informe de Prisoners Defenders (PD) que la organización con sede en Madrid presentará ante la ONU el próximo mes.

La investigación, realizada sobre una muestra de 101 prisioneros políticos, permite extrapolar los resultados, asegura PD, al total de 1.167 presos registrados por la ONG, debido a la metodología utilizada, que combina combina cuestionarios de pregustas cerradas con otras abiertas y entrevistas en profundidad.

"De las 101 denuncias, 87 han sido recabadas de forma aleatoria, sin indicación del fin que teníamos al recabarlas y sobre una muestra amplia y aleatoria de familiares y procesados", explica PD en su informe. "Dado que la muestra es extraordinariamente significativa respecto a los 1.169 prisioneros verificados de los últimos 12 meses (el 7,5%), también hemos extrapolado los resultados de la incidencia de cada tipo de tortura al total de los presos políticos verificados".

"Dado que la muestra es extraordinariamente significativa respecto a los 1.169 prisioneros verificados de los últimos 12 meses (el 7,5%), también hemos extrapolado los resultados de la incidencia"

Por ejemplo, detalla la organización, no fueron a los casos concretos en los que ya conocían las torturas, sino que "se invitó por medio de redes, foros y grupos a cumplimentar un formulario sobre casos de prisión política, sin que al iniciar el formulario pudieran ver las preguntas a cumplimentar ni saber la temática con precisión".

Después, refieren, los casos fueron "comprobados, verificados y complementados con otras fuentes", y de igual manera se constató "la identidad de los declarantes".

Así, PD documenta "al menos 15 patrones de malos tratos y torturas" entre los presos: privación de la atención médica, trabajos forzados fuera de su condena penal, obligación a mantener posturas incómodas o dañinas, confinamientos de castigo en solitario, uso de la temperatura como mecanismo de tortura, agresiones físicas, traslado a localizaciones desconocidas, desorientación intencionada, privación de agua o alimentos, del sueño y de la comunicación con abogados y allegados, amenazas a su integridad y a la de sus seres queridos, despliegue de armas o elementos de tortura, sometimiento intencionado a la angustia y a la incertidumbre por la situación de algún familiar y humillación, degradación y maltrato verbal.

La lista de presos que han sufrido la mayor cantidad de malos tratos entre los casos analizados la encabeza uno de los menores de 18 años encarcelados, Jonathan Torres Farrat, cuya madre, Bárbara Farrat Guillén, vive también acosada por la Seguridad del Estado por denunciar la situación que vive su hijo.

El adolescente, para quien la Fiscalía pidió 8 años de prisión por manifestarse el pasado 11 de julio, es hipertenso, según recuerda el informe, "y debe medicarse asiduamente con enalapril", un fármaco que no toma desde el 13 de agosto "siguiendo órdenes de la Seguridad del Estado". Además, fue esposado una vez a una reja, con los pies colgando, "en un cuarto frío y posteriormente golpeado".

Torres ha sufrido, según documenta PD, los 15 tipos de torturas descritos, al igual que Iván Hernández Troya, de 26 años. Detrás de ellos están Diosdeny Santana Madera (37 años), Juan Enrique Pérez Sánchez (41 años), Lázaro Yuri Valle Roca (60 años), Lizandra Góngora Espinosa (36 años), Alayn Toledano Valiente (49 años), Andy Dunier García Lorenzo (24 años), Dixán Gainza Moré (36 años) y José Daniel Ferrer (51 años), líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

Ferrer, asegura Prisoners Defenders, es "la víctima con la mayor intensidad de las torturas", al recibir "ataques sónicos constantes desde hace 260 días, a lo que se suma ahora un envenenamiento químico desconocido"

Ferrer, asegura Prisoners Defenders, es "la víctima con la mayor intensidad de las torturas", al recibir "ataques sónicos constantes desde hace 260 días, a lo que se suma ahora un envenenamiento químico desconocido, y que está encerrado todo ese tiempo aislado, y en una celda de castigo preparada tecnológicamente para estas torturas".

La ONG afirma que la "degradación física y psicomotriz" del líder de la Unpacu, que fue detenido el 11J antes de que pudiera unirse a las protestas de ese día en Santiago de Cuba, es "paulatina", debido a que tortura a la que está siendo sometido está "destinada a asesinarle lentamente".

De las 101 víctimas de malos tratos estudiadas, otros dos, además de Jonathan Torres, eran menores de edad en el momento de la detención: Brandon David Becerra Curbelo, ahora de 18 años, y Rowland Castillo Pérez, de 17.

Becerra, condenado a 13 años de cárcel también por salir el 11J, padece hepatitis y pasó tres días en una celda de castigo en la Prisión de Jóvenes de Occidente, en La Habana, donde se encuentra, simplemente por cantar La feria de los tontos, de Carlos Varela. En total, el joven sufrió 8 tipos de torturas.

En la lista de los torturados investigados están también los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, de San José de las Lajas, Mayabeque, condenados, respectivamente, a ocho y seis años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.

También destacan entre los casos investigados el de dos activistas: el escritor Ángel Santiesteban Prats, de 55 años, y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, de 34 años, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

El informe recuerda que Otero Alcántara fue detenido también antes de unirse a las manifestaciones del 11J, y que su caso fue acreditado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en fecha 15 de julio de 2021.

El artista, preso en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, "fue detenido e internado en régimen de prisión provisional sin orden de arresto, ni hechos delictivos, ni acusación, por medida cautelar de un fiscal sin intervención de juez alguno", recopila el documento, que continúa: "Sólo un juez vino a ratificar el día 8 de marzo de 2022, más de 8 meses después de decretada, su prisión provisional por un fiscal de forma autónoma, violando la legislación internacional".

El joven sufrió en prisión cinco tipos de tortura. "Dichos malos tratos y humillaciones están centradas en su identidad y orientación sexual"

PD menciona que ocho meses después de su detención, el pasado 8 de marzo, sus familiares recibieron el auto de apertura a juicio oral, donde se indica que al artista se le acusa, junto a Maykel Castillo Osorbo, Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel, de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos, por algo que ocurrió el 4 de abril del pasado año. "Todo un abanico de los delitos arbitrarios e ilegales en el contexto internacional que el régimen emplea para dilapidar en prisión a quienes son una voz escuchada en el ámbito de los derechos humanos", apostilla la organización.

Otro caso documentado en el informe es el de Yoan de la Cruz, que transmitió en redes sociales las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, contagiadas a decenas de lugares en toda la Isla y fue condenado a seis años de cárcel. El joven sufrió en prisión cinco tipos de tortura. "Dichos malos tratos y humillaciones están centradas en su identidad y orientación sexual", dice PD, "empleando contra él ofensas homófobas o consintiendo que otros ofendan su honor": el día del juicio, lo humillaron al obligarlo a comparecer "con un vestido de color rosado en contraste con el resto de los acusados, que fueron vestidos de gris".

En algo coinciden el 100% de los presos políticos documentados por PD, no solamente los 101 analizados por torturas: "han sido privados de libertad desde su detención y durante numerosos meses por un auto de prisión provisional dictado por un fiscal sin intervención de un juez", lo cual constituye "detención arbitraria, al violar toda la legislación internacional", tal y como como el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU decretó sobre el caso de Maykel Castillo.

La extrapolación a la que somete la ONG sus datos de 87 casos "espontáneos" y "aleatorios" analizados sobre el total de 1.167 presos políticos, arroja las siguientes cifras:

• Privados sistemáticamente de atención médica: 637 prisioneros
• Sometidos a trabajos forzados fuera de su condena penal: 570
• Sometidos a posturas incómodas o dañinas: 504
• Confinados en solitario a modo de castigo: 663
• Torturados mediante el uso de la temperatura: 623
• Agredidos físicamente: 650
• Trasladados a localizaciones desconocidas: 610
• Desorientados intencionalmente: 345
• Privados de agua o alimentos: 411
• Privados intencionalmente de sueño: 597
• Privados de comunicación con familia, allegados o defensa: 981
• Amenazados en su integridad y la de sus seres queridos: 769
• Sometidos a una exhibición de armas o elementos de tortura: 385
• Sometidos intencionalmente a angustia o incertidumbre por un familiar: 438
• Humillados, degradados y maltratados verbalmente: 889

Cientos de familias, dice Prisoners Defenders, "aún tienen pánico por denunciar, y otras ni siquiera saben que el trato que reciben entra dentro de lo que internacionalmente son claros maltratos y torturas", pues lo asimilan con "situaciones desagradables" que se viven en las cárceles.

La ONG hace hincapié en que aunque Cuba firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1995, hasta la fecha no ha reformado "su legislación penal interna para sancionar conductas relativas a este flagelo".

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