Acusan al régimen cubano de violar sistemáticamente su propia legislación penal

Madrid/La organización Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, ha presentado este jueves una denuncia en la que documenta la vulneración sistemática del propio derecho penal cubano en la aplicación de la ley a los manifestantes del 11J. En un informe de 47 páginas, la ONG analiza con argumentos jurídicos los "patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva" en el sistema procesal cubano.

El documento afirma que se han analizado casi 300 casos sin hallar una sola excepción a la aplicación arbitraria de la legislación "por la que miles de familias en Cuba sufren, sólo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades, con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con condenas que en no pocos casos se cuentan por decenas de años".

La organización considera que, teniendo en cuenta los argumentos, se debe poner inmediatamente en libertad a todos los encarcelados, además de cesar los malos tratos que sufren en prisión, y las amenazas y el hostigamiento a sus familiares y amigos.

La organización considera que, teniendo en cuenta los argumentos, se debe poner inmediatamente en libertad a todos los encarcelados, además de cesar los malos tratos que sufren en prisión

PD enviará la documentación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que el organismo, con sede en Ginebra, "requiera información al régimen sobre los hechos y violaciones denunciadas, para que, tras los trámites oportunos, se acuerde (...) requerir a la República de Cuba la reposición de la situación de libertad de las víctimas".

Con este fin, la ONG adjunta un listado con los nombres de 279 personas condenadas en Cuba, consignando en un cuadro si en cada caso se ha incumplido alguno de los siete patrones de violanción del derecho sistematizados en la Isla: medidas cautelares sin tutela judicial, ausencia de abogados defensores independientes, ausencia de independencia e imparcialidad judicial, violación de garantías en testimonios y periciales, arresto y procesamiento por ejercicio de derechos fundamentales, tipos delictivos usados que violan principios penales fundamentales y uso de procedimiento sumario y/o tribunal militar.

Casi la totalidad de los afectados han sufrido las 6 primeras violaciones, mientras que la séptima solo se aplicó a 45 personas.

PD recuerda que en Cuba no hay separación de poderes y lo fundamenta ni más ni menos que en las propias declaraciones del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que en septiembre de 2022 dijo textualmente: "En Cuba no se trabaja con la división de poderes. Se trabaja con la Unidad de Poder, a través de órganos que tienen funciones diferentes".

"En Cuba no se trabaja con la división de poderes. Se trabaja con la Unidad de Poder, a través de órganos que tienen funciones diferentes"

Este hecho, constatado por el máximo dirigente del país, permite que el Estado "detente el control sobre todos los aparatos, instituciones y "organizaciones de masas", dejando a su arbitrio, sin ningún tipo de control ni limitación, todas las acciones y decisiones que pudieran influir en el modelo de Estado, es decir, sustrayendo del pueblo cubano la soberanía nacional".

Para la organización, ese poder unificado se empleó desde todas las instituciones para castigar y reprimir a los manifestantes, vulnerando derechos fundamentales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que Cuba es firmante.

El informe, además, señala la aplicación de los delitos más severos del Código Penal a los manifestantes en Cuba y rechaza radicalmente que los condenados hayan cometido sedición o atentado. También considera que los agentes que resultaron heridos no estaban "protegidos por obrar en ejercicio de su función", ya que lo hacían siguiendo una orden de reprimir con violencia activa a los manifestantes.

"La propia doctrina y jurisprudencia cubana ha sido precisa en que no califican los delitos de desobediencia, desacato, atentado ni resistencia cuando el actuar del agente o la autoridad contra la persona resulta ser un acto excesivo e ilegal, alejado del ejercicio cabal de sus funciones, especialmente cuando se realiza violando dichas funciones", destaca el texto.

Otras de las violaciones procesales analizadas son los tiempos de detención, que exceden a los previstos por la ley, la ausencia de comunicación con el juez en las primeras fases de instrucción, la instrumentalización de la Fiscalía y el 100% de los magistrados que intervinieron en los procesos o el uso de las medidas pandémicas para aumentar los delitos y penas, entre otras.

"Del análisis de los expedientes de fase preparatoria y las sentencias de los casos de presos políticos documentados, además de los presentes en la actual lista de 1.077 prisioneros políticos que mantiene Prisoners Defenders, se determinó la imputación de 587 delitos de desórdenes públicos, 375 de desacato, 355 de atentado, 209 de sedición, 46 de resistencia, 35 de desobediencia, 50 de instigación a delinquir, en relación con los anteriores, y 11 de peligrosidad social predelictiva, repartidos entre 1.046 personas", resume el texto.

"Yo, personalmente, pienso que necesitamos suspender este acuerdo porque en esta situación, y viendo la connivencia con Vladímir Putin, podemos ver cómo se divide el mundo, dónde están los países democráticos"

Durante la presentación de informe este jueves, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Madrid), el presidente de la organización, Javier Larrondo, estuvo acompañado por otros juristas, aunque destacó la presencia de Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que aprovechó para pedir a la Unión Europea que rompa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, suscrito con la Isla en 2016 para poner fin a la anterior Posición Común que, para el Ejecutivo europeo, no había dado resultados.

"Yo, personalmente, pienso que necesitamos suspender este acuerdo porque en esta situación, y viendo la connivencia con Vladímir Putin, podemos ver cómo se divide el mundo, dónde están los países democráticos", ha afirmado antes de alertar de que "en este contexto no podemos sostener este acuerdo".

Por su parte, Larrondo "hizo suya" la petición del papa Francisco para poner en libertad a los presos del 11J y lamentó que el modelo autoritario se quiera "imponer en el mundo". "Estamos en una situación en la que este tipo de modelo de Estado, Vladímir Putin, los Castro, Irán... Es el modelo que quieren imponer en Ucrania, en Europa y, a ser posible, en el resto del mundo. El presidente de Cuba es un claro aliado de Putin en su estrategia imperialista mundial (...) y le ha felicitado por la anexión de territorios ucranianos", aclaró.

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