Protestar pacíficamente en Santa Clara acarrea penas de tres a siete años de cárcel

La Habana/La familia de Andy García Lorenzo, uno de los presos de Santa Clara por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio, confirmó este miércoles que la condena contra el joven es de cuatro años de cárcel, tras recibir en sus manos la sentencia. El rapero Randy Arteaga, procesado en el mismo juicio, recibió cinco años de prisión.

Junto a ellos, otros 14 manifestantes recibieron penas de entre tres y siete años. "Condenas altísimas, pues en Santa Clara, como otros lugares, no se rompió una tienda ni pasó absolutamente nada en la manifestación", denunció en Twitter el cuñado de García Lorenzo, Jonatan López, quien informó: "Con la sentencia, confirmamos que a Andy lo condenaron a 4 años sin pruebas".

En el documento legal, al que tuvo acceso 14ymedio este miércoles, se determina entre los "hechos probados" que los 16 acusados violaron las restricciones de la ciudad vigentes entonces para mitigar los contagios de covid-19 y "aprovecharon la desfavorable situación de nuestro territorio" para "proclamar a sus coterráneos para que los siguieran al tiempo que vociferaron en voz alta entre otras palabras 'Díaz Canel Singado [sic], Policía Pinga, que nadie los iba a detener'".

En el documento legal, al que tuvo acceso '14ymedio' este miércoles, se determina entre los "hechos probados" que los 16 acusados violaron las restricciones de la ciudad vigentes entonces para mitigar los contagios de covid-19

La noticia la había adelantado este martes su pareja y hermana de Andy, Roxana García Lorenzo, quien en una transmisión directa dijo que se lo había comunicado un familiar de otro preso. "Hay muchas familias destrozadas, muchas familias sin consuelo por todo esto", dijo la joven, que protesta indignada por haber recibido la sentencia más de tres meses después de celebrarse el proceso contra su hermano.

Andy García Lorenzo fue enjuiciado el pasado 10 de enero en Santa Clara, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles, y la Fiscalía pedía para él siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado. "No se puede decir que fue un juicio, porque fue una payasada, fue un paripé, fue un circo lo que hicieron ahí", recordó en su video de este martes su hermana, "porque las pruebas no las mostraron, porque era la palabra de la policía contra la de ellos, porque todo fue una farsa".

Desde que fue detenido, su familia ha sido de las más activas en la defensa de los presos políticos y de la libertad de expresión, y ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso de la Seguridad del Estado al que es sometida.

"Hay muchas familias destrozadas, muchas familias sin consuelo por todo esto"

El padre de Andy, Nedel García Pacheco, fue apuñalado el pasado 4 de febrero, mientras estaba pescando con unos amigos. Un conocido comenzó a proferir insultos contra el hijo encarcelado y, acto seguido, se abalanzó sobre él con un cuchillo.

En aquel momento, Roxana García culpó del suceso a la Seguridad del Estado: "Porque en caso de que no tenga culpa directamente, la tiene indirectamente, por todo el odio que ha sembrado a través de los medios de comunicación contra los manifestantes del 11 de julio".

Antes, en enero, la familia dirigió una carta al gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, para denunciar los "daños y perjuicios" que les está causando el "hostigamiento sistemático" al que está siendo sometida.

Firmada por Roxana García, Jonatan López Alonso, y los padres de este, Pedro Osvaldo López Mesa y Yenia Alonso Melgarejo, la misiva decía basarse en el "derecho de queja" consagrado en el artículo 61 de la Constitución "y como paso previo ante una eventual demanda judicial y sobrevenido acceso a las organizaciones competentes en derechos humanos".

La misma Roxana firmó otra carta, enviada por la organización Prisoners Defenders a 32 delegaciones diplomáticas presentes en la Isla, en la que denunció que su hermano, "detenido bajo desaparición forzosa" y "convicto de conciencia", ha sido sometido a "torturas, golpizas, amenazas de hasta 30 años de condena y a ser fusilado si no se retracta de su posición de conciencia".

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