Cientos de detenidos en las protestas en Cuba están siendo juzgados en procesos sumarios

Madrid/Ocho días después del inicio de las protestas en más de 40 ciudades cubanas aún no hay cifra oficial de arrestados en las manifestaciones. Varias organizaciones de derechos humanos hablan de "miles" mientras la ONU señala 187 víctimas de desaparición forzada.

Entre ellos figuran activistas conocidos, como José Daniel Ferrer o el artista Luis Manuel Otero Alcántara, pero los detenidos son, en su mayoría, cubanos desconocidos que salieron a la calle para expresar su deseo de libertad y su hartazgo ante un régimen de 62 años que ha destruido el país.

Todos, sin embargo, tienen algo en común según un informe jurídico publicado por Cuban Prisoners Defenders (CPD): están sometidos a la vía del proceso sumario conocido como el "atestado directo".

"Se denomina así porque se pasa de la investigación policial, sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral", explica la organización con sede en Madrid. "Es la policía, el instructor policial –no existe juez instructor en Cuba, figura que fue abolida por Fidel Castro–, y no la fiscalía, quien maneja las riendas del proceso de principio a fin".

Se trata de "un proceso policial, no judicial", califica CPD, en el que la Policía "inicia, interviene y controla todo el proceso, incluso el señalamiento de la fecha del juicio".

"Atribuir únicamente a la situación económica como motivo de las protestas, como ha hecho la señora Bachelet, es no entender absolutamente nada de lo que sucede en Cuba"

Una vez que los agentes indican al juez que el proceso será por "atestado directo", ellos mismos establecen la vista oral con el juez, "sin que el fiscal, ni abogado, ni acusado estén presentes o conozcan la causa en dicha reunión", detalla la ONG.

El acusado no tiene acceso en ningún momento al expediente, que consiste en un "informe resumido acusatorio" y no es redactado por un fiscal sino por el agente policial. "El fiscal puede optar por no participar, y el juicio seguirá adelante sin él", explica el documento. "Si hay abogado, sólo éste ve someramente el expediente escasos minutos antes de la vista".

"Desde el inicio del atestado directo hasta que se dicta sentencia, como mucho, no transcurren más de cinco días", asevera CPD: "De uno a cuatro días para denunciar e investigar y 24 horas para formar causa en el tribunal, hacer juicio oral y dictar sentencia oral. Pero pueden ser, como en este caso, entre 48 y 96 horas".

El objetivo, según las autoridades, es establecer "un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del procedimiento sumario en los tribunales municipales". Sin embargo, CPD asegura que con su aplicación "se viola flagrantemente la garantía del debido proceso establecido en los artículos 94 y 95 de la Constitución", además de la legislación internacional y el derecho a la defensa efectiva.

También se vulnera, dice la organización, los derechos a nombrar defensor y a comunicarse con allegados para la recolección de pruebas, "pues no está garantizada la presentación de éstas por parte del acusado", además del principio de publicidad al que está obligado todo proceso debido. El "atestado directo" implica, refiere CPD, "un proceso relámpago, sin comunicación a los interesados y a puertas cerradas", análogo "al proceso accusatio de la Antigua Roma".

En un comunicado publicado este sábado, el OCDH lamentó que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, y Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, "intenten desviar la atención sobre los motivos de las masivas protestas de los últimos días en Cuba".

"Ha habido muchas peticiones en las manifestaciones, pero las frases que más se escucharon fueron 'libertad' y 'no tenemos miedo'. Atribuir únicamente a la situación económica como motivo de las protestas, como ha hecho la señora Bachelet, es no entender absolutamente nada de lo que sucede en Cuba", sentencia en un comunicado Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, también con sede en Madrid.

José Daniel Ferrer Cantillo denunció que golpearon a todas las personas que entraron en la estación de Policía adonde lo llevaron, "jóvenes, ancianos, todos los que lograron detener ese día"

Del mismo modo, González Raga dice que Borrell "se equivoca al responsabilizar a Estados Unidos" y asevera: "Estas protestas resumen 62 años de represión. Es Cuba la que tiene que cambiar. Hay que poner el foco completamente en los responsables de que hoy Cuba sea una dictadura. Los factores externos influyen, pero el problema es la dictadura".

José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del dirigente de la Unpacu, detenido junto a su padre el mismo domingo 11, antes de que pudieran participar en la manifestación que estaba teniendo lugar en en Santiago de Cuba, y liberado este domingo, narró en un video que lo acusaron de un delito de "incitación al desorden público", de "propagación de epidemias" y de "desorden público", luego "rebajados", según le informaron, "a desorden público nada más", por lo que le levantaron "un acta de advertencia" y le dijeron que debía comprometerse a no participar en ninguna marcha e ir a firmar todos los martes a la estación policial de Versailles.

Al negarse, lo amenazaron con imponerle prisión provisional, medida a la que está sometido su padre. El joven denunció, además, que golpearon a todas las personas que entraron en la estación de Policía adonde lo llevaron, "jóvenes, ancianos, todos los que lograron detener ese día" y que entre los presos se encuentra una embarazada a la que no dan la atención que necesita.

Asimismo, su padre, informa, se encontraba en una crisis de úlcera cuando salió de su casa, y que se encuentra mal. "Ahí está en las peores condiciones del mundo, eso es como un campo de concentración".

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