El proyecto de ley sobre la ganadería es propio de un país productor de carne, no de Cuba

La Habana/Sin que se supiera exactamente por qué, la satisfacción reinaba en la comisión parlamentaria de agroalimentación por la anunciada Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, que en los últimos días ha sido eje de varios reportajes en la prensa local sin novedades –por lo que del anteproyecto se conoce– que puedan influir en el problema de escasez acuciante en el país. La nueva normativa prevé, esencialmente, cambios en cuanto a sostenibilidad, bienestar animal y control de la calidad de la carne que son más propios de países en los que hay carne, lo cual dista mucho de ser el caso cubano.

En la sesión se confirmó, de hecho, que los cambios que se han introducido hasta el momento para mejorar la producción agropecuaria o ganadera han fracasado. "Tomamos medidas y acuerdos que en la práctica no se cumplen y esto afecta a los productores y hace que perdamos credibilidad", dijo Emilio Interián Rodríguez, diputado por Arroyo Naranjo y ganadero él mismo, que instó a "solucionar de inmediato" los impagos a los productores. "Las familias campesinas dependen de esas ganancias; además, los impagos desestimulan la producción", lamentó. Y no tuvo que ir lejos para poner un ejemplo.

"Hace poco envié para el matadero tres animales y aún no sé cuándo voy a cobrar ese dinero. En cambio, para comprar un semental, necesario para mejorar la masa ganadera, debo pagar en efectivo. Entonces, ¿cómo lo hago? No es posible avanzar así en la agricultura", afirmó, contando su propia experiencia.

"Hace poco envié para el matadero tres animales y aún no sé cuándo voy a cobrar ese dinero. En cambio, para comprar un semental, necesario para mejorar la masa ganadera, debo pagar en efectivo. Entonces, ¿cómo lo hago?"

El vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, acababa de reconocer que las leyes cubanas son insuficientes para el fomento de la producción y que, además, no se ha "podido poner" recursos en ello, pero sí ha habido transformaciones recientes como permitir la venta de ganado "y la privatización de parte del sector". Olvidó que sí ha habido dinero para otras cuestiones y que, como le recordó el diputado de Arroyo Naranjo, de nada sirven los cambios si no hay efectos más allá del papel.

Valdés Mesa, en cualquier caso, no se mostró muy convencido con las novedades, a juzgar por sus palabras. "Se debilitó el control estatal sobre la ganadería. Tenemos desorden en el campo. Hay muchas quejas de los productores sobre el daño de los animales a otros cultivos y miles de tenedores de ganado sin tierra", dijo.

Según lo esbozado en la comisión, la realidad ha forzado algún cambio en el anteproyecto, aunque habrá que esperar a conocer el texto definitivo para saber más. "Hay elementos relativos a la alimentación y nutrición, por ejemplo, que no se pueden cumplir, porque ni las empresas tienen esa capacidad. Solo las universidades y los centros científicos la tienen", expusieron las autoridades, las cuales aspiran a aumentar la masa ganadera, algo que, admiten, no logran.

"A nivel de país nos matan ilegalmente 40.000 reses, pero se nos mueren 200.000"

"A nivel de país nos matan ilegalmente 40.000 reses, pero se nos mueren 200.000", contó un productor este miércoles a Escambray para un reportaje en el que nada se ocultaba de la grave situación."En la ganadería, la vida no puede seguir igual, aplaudiendo planes y resultados que apenas benefician a un reducido número de habitantes, reciclando años tras año estadísticas que estremecen la sociedad".

Según el texto, entre los peores problemas están el bandolerismo, que, explica, obliga a pasar a las vacas demasiado tiempo encerradas, o la emigración, en la que además influye la falta de atención a las comunidades rurales y el campo en general.

La nota ponía la puntilla a otra publicada días antes en Periódico 26, que alertó de que, en la provincia de Las Tunas, hubo más de 11.500 muertes en el año y el plan de natalidad ni llegaba ni al 41%. Además, y ahondando en el grave problema de los robos que sacude más que nunca a la Isla, indicaba que unas 2.580 vacas salieron del ciclo productivo por hurto y sacrificio ilegal.

El asunto afecta también a la leche y, según las autoridades del territorio, la entrega de este producto y de carne no se ha cumplido y las contrataciones de las producciones para 2023 no llegan ni al 14%. La cuestión no es baladí, ya que mientras no se cumpla con el Estado, el productor no puede vender de manera independiente. El ministro Ydael Pérez Brito dijo que, de más de 9.000 propietarios, solo sacrifican animales unos 256, y añadió que las medidas que tomó el Gobierno son para "enamorar a los productores".

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