El proyecto de ley republicano para Cuba se enfrenta a limitaciones

Madrid/El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart presentó este miércoles en Miami junto a su colega Carlos Giménez el proyecto de ley que registró el pasado 21 de marzo en la Cámara de Representantes y que ha llenado de ilusión a la oposición cubana en el exilio, pese a las inconcreciones de la propuesta. 

La idea de los legisladores republicanos es impedir la concesión de visas a cualquier involucrado en "la explotación de médicos cubanos" y el uso de fondos federales para las empresas privadas de la Isla (mipymes). Además, se prevén más fondos para Radio y TV Martí Noticias, que gozará de unos 25 millones de dólares más, y habrá un 25% de presupuesto más –otros 25 millones de dólares– para la "promoción de la democracia".

El conjunto –de aprobarse la norma tal y como está– suena bien para el exilio más reacio a cualquier concesión al régimen cubano, pero el detalle requiere cautela. 

"Hemos incluido en una sección la denegación de visa de entrada en EE UU a cualquier funcionario gubernamental o de Gobiernos internacionales que trafiquen con los médicos cubanos"

"Hemos incluido en una sección la denegación de visa de entrada en EE UU a cualquier funcionario gubernamental o de Gobiernos internacionales que trafiquen con los médicos cubanos", dijo Díaz-Balart en la rueda de prensa celebrada ayer en el Museo Honorario de la Brigada de Asalto 2506, en Hialeah Gardens, en la que estuvo arropado por líderes de la comunidad hispana y del exilio.

El congresista insistió en que aquellos que participen en la "explotación de médicos cubanos no van a poder entrar en EE UU porque les van a negar la visa", al igual que a sus familiares. Pero el proyecto de ley, que consta de más de mil páginas, indica textualmente que a partir de la promulgación de la ley, la Secretaría de Estado tiene 90 días para presentar un informe al Congreso y los comités competentes con los países y organizaciones de los que hay información "fiable" disponible de que están pagando al Gobierno cubano por "mano de obra forzada" o tráfico de personas. El informe sería, en principio, abierto pero podría estar eventualmente clasificado. 

Las limitaciones son muchas ya que, por un lado, los convenios de Cuba con otros países son secretos y las buenas relaciones diplomáticas con algunos de los países, que contratan los servicios médicos del régimen podrían restringir el alcance de las medidas, como puede ser el caso de Italia o Catar, entre otros. 

Mario Díaz-Balart hizo referencia a uno de los apartados que más controversia generan dentro y fuera de la Isla: las mipymes. Consideradas como un agente transformador de la economía por unos, por un campo abonado para la colocación de "amigos del régimen" para otros y como responsables de la inflación para una gran mayoría de ciudadanos de a pie, las empresas privadas contaban inicialmente con el apoyo del Gobierno de EE UU de cualquier signo. Pero, desde que en 2021 se aprobó su creación, la lista no ha hecho más que crecer, con algunos nombres de personas bien conectadas con la clase política cubana.

Es preciso una "prohibición absoluta de dinero del contribuyente para programas de emprendimiento (mipymes) en Cuba"

El congresista afirmó que las empresas beneficiadas de fondos federales "son seleccionadas por el régimen cubano", por lo que es preciso una "prohibición absoluta de dinero del contribuyente para programas de emprendimiento (mipymes) en Cuba". Más allá de sus palabras, aderezadas por un "esta prohibición, que a los aliados del régimen en la Casa Blanca no ha gustado nada", la norma no parece tan clara.

"Los fondos previstos por esta Ley en el apartado de Apoyo Económico no pueden destinarse a la promoción empresarial, reforma económica, emprendimiento o cualquier otra que no sea la construcción de la democracia, como le está autorizada expresamente en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba", reza textualmente el documento. 

Estaría por ver si este apartado logra pasar sin modificaciones su camino por el legislativo, incluida la votación en el Senado, ya que son muchos los políticos estadounidenses que abogan por el fomento del sector privado y serían más proclives a examinar detenidamente cada negocio que a una prohibición general que corte de raíz toda iniciativa privada en la Isla, después de décadas demandando este cambio al régimen comunista.

La aprobación de un incremento del 5% a las transmisiones de comunicación "a través de Radio y TV Martí" y de un 25 % para el apoyo a la transformación democrática en la Isla también fueron promocionadas en la rueda de prensa de Miami. 

"La congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Giménez han estado muy pendientes del tema de Internet en Cuba. El congresista Giménez encontró la forma de apoyar estos deseos y pusimos 43,6 millones en fondos de tecnología abierta, un programa para romper el bloqueo de Internet en todo el mundo", dijo Díaz-Balart, que reprochó al Gobierno de Joe Biden que ponga "excusas" para no implementarlo.

Ni el satélite, ni el GPRS, ni el wifi son capaces de garantizar lo que se entendería como "internet libre", como explicó el especialista Jorge Tintorero en un artículo a '14ymedio'

En 2021, tras las protestas gubernamentales del 11J –durante las que el Gobierno tumbó la conexión para evitar la difusión de las manifestaciones y la represión policial–, el propio Biden afirmó que habría Internet para todos y la senadora Marsha W. Blackburn habló de una Ley de Autorización del Fondo de Tecnología Abierta que ayer recordó Díaz-Balart. La tecnología a emplear para desarrollar este mecanismo nunca ha sido detallada, sencillamente porque los expertos coinciden en que no existe. Ni el satélite, ni el GPRS, ni el wifi son capaces de garantizar lo que se entendería como "internet libre", como explicó el especialista Jorge Tintorero en un artículo a 14ymedio. 

La exposición de los congresistas cubanoamericanos sobre esta ley de asignaciones del Estado y Operaciones Extranjeras del año fiscal 2024 fue más bien una declaración de intenciones que, en un año electoral, podría ayudar a fijar un voto por los republicanos este noviembre, que ya cuentan con la preferencia de los cubanos.

Además, en el proyecto se contemplan también acciones de apoyo a la "democracia en Venezuela, dirigiendo fondos para los derechos humanos y la sociedad civil".