140 quintales de frijoles, el último operativo policial televisado

La Habana/El Noticiero de la Televisión Estatal volvió a dedicar espacio este martes a un operativo policial, en este caso contra un hombre en Sancti Spíritus que almacenaba 140 quintales de frijoles para su venta en el mercado negro.

Es el más reciente caso de un detenido por actividad económica ilícita, un delito sobre el que las autoridades han puesto el foco mediático durante la pandemia, con el fin de responsabilizar del desabastecimiento a acaparadores y coleros y lanzar una clara advertencia a quienes decidan tomar ese camino.

Desde julio pasado y hasta mediados de septiembre se ha sancionado a 312 personas, 106 de ellas con privación de libertad o trabajo correccional con internamiento, en su mayoría procesadas por el delito de actividad económica ilícita. A este dato hay que añadir otros 1.360 juicios celebrados hasta el 4 de junio.

Desde julio pasado y hasta mediados de septiembre se ha sancionado a 312 personas, 106 de ellas con privación de libertad o trabajo correccional con internamiento, en su mayoría procesadas por el delito de actividad económica ilícita

Al detenido tras el operativo mostrado este martes se le efectuaron dos registros, uno en un almacén donde tenía 139 quintales de frijoles colorados, dos de frijoles negros y tres quintales de arroz. En el segundo, realizado en su vivienda, encontraron 135 litros de diésel, 105 litros de aceite de motor y otros productos no especificados. Por todo esto se le imputará un delito de acaparamiento. Además, también se le requisaron 34.765 pesos y 1.051 pesos convertibles de origen desconocido.

"Estas mercancías este ciudadano las adquiría comprándolas a diferentes productores en el mercado negro de la provincia y de otras. Tenía dos puntos en el mercado agropecuario, a los cuales él les pagaba según las ventas que hacía y las vendía a diferentes precios", explicó un oficial a la televisión.

El agente añadió que existen dos puntos de venta en el mercado para la venta de frijoles a un precio topado de 12 pesos, mientras el detenido los estaba ofreciendo a 25 y 30 pesos la libra.

Los tribunales no han dejado de trabajar pese a la pandemia para "afrontar ese panorama" donde los "responsables merecen respuestas penales proporcionalmente rigurosas y severas", dijo Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) a la revista oficial Bohemia al ofrecer los datos de estos delitos económicos. La funcionaria puntualizó que a 206 personas enjuiciadas se les impuso multas o "sanciones accesorias".

En los últimos meses, según Sosa Ravelo, hubo un incremento de coleros, acaparadores y revendedores a los que llamó "personas de baja catadura moral y social, con total falta de escrúpulos".

El Gobierno también enfocó su radar hacia los "individuos dedicados al canje ilícito de monedas", y así lo confirman los reportes de medios de prensa oficiales que recogen operaciones policiales contra los que se dedican a vender dólares y otras divisas en el mercado negro. Sosa Ravelo especificó que de esos hechos delictivos "aún no se han radicado expedientes en los tribunales".

En La Habana se han multiplicado los juicios ejemplarizantes a detenidos por violar presuntamente las medidas decretadas para frenar el covid-19. Solo en la capital, entre el 1 y el 20 de septiembre pasado, el Gobierno había impuesto en multas más de 20 millones de pesos. Varios capitalinos denunciaron en las plataformas digitales que algunas personas corrieron con suerte al ser detenidas en parques y calles, otras fueron multadas y pasaron algunas horas en los calabozos de las unidades policiales por estar frente a la puerta de su casa sin mascarilla.

Desde agosto han tomado fuerza las denuncias ciudadanas en redes sociales y medios independientes sobre las multas por incumplir nuevas restricciones contra la pandemia

Desde agosto han tomado fuerza las denuncias ciudadanas en redes sociales y medios independientes sobre las multas por incumplir nuevas restricciones contra la pandemia, principalmente por llevar mal puesta la mascarilla o bajársela para hablar por teléfono. Incluso Bohemia citó uno de estos casos en el que un ciudadano recibió un año de privación de libertad al ser acusado de "propagación de epidemias" y que previamente había sido sancionado por "desobediencia en la pandemia de la covid-19".

Sin embargo, también numerosos ciudadanos reprochan la actitud de las autoridades al sancionar a quienes proveen a otros de aquellos productos que el Gobierno se muestra incapaz de suministrarles. Recientemente la Televisión Cubana recibió varias críticas por la emisión de un reportaje sobre la detención de otra vendedora informal de Pinar del Río.

"El comercio debe estar en manos privadas, y verán cómo aparece de todo. Porque si puede haber de todo en los países capitalistas es precisamente por eso, por la libertad de comercio. Aunque bueno: libertad bajo dictadura es algo imposible", denunciaba un internauta que consideraba una multa la máxima sanción que debía imponerse contra alguien que suminstra "lo que el Gobierno no les permite comprar a las personas que no reciben dólares".

"Es gracioso porque después hablan del bloqueo que impide al Gobierno hacer importaciones y transacciones internacionales, pero al pueblo cubano quien le prohíbe importar con carácter comercial y regula con aranceles altísimos las importaciones personales es el propio Gobierno", denunció otro usuario que se preguntaba: "¿Así ustedes pretenden acabar con la escasez acosando y decomisando los productos que los cubanos logran entrar a la Isla?"

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