"En Ranchuelo no se mueve ni un plátano desde que llegaron guaguas de inspectores"

La Habana/La ofensiva de inspectores sobre el comercio privado, que ha lanzado este mes de diciembre el régimen cubano, tiene en vilo a los campesinos de Ranchuelo en Villa Clara. Golpeados por los controles y las multas, los intermediarios y comerciantes han dejado de trasladar los productos desde los campos a las tarimas de los mercados. “Ahora mismo, aquí no se mueve ni un plátano”, lamenta Ismael, residente en el municipio.

“Lo que están haciendo es matando las ganas de producir que todavía tenemos algunos aquí”, se queja el villaclareño, que ha visto llegar hasta el municipio “guaguas de inspectores” para controlar que los guajiros no cometan ilegalidades y estén siguiendo la “canalita” estatal. “No hay quien venda un boniato, una mano de plátanos, una yuca o una calabaza”, asegura.

Ismael, como sus conocidos que también se dedican a la agricultura, no está contento con las políticas que mantiene el Estado con los agricultores, enfocadas más en la persecución de los alimentos “desviados” que en incentivar la producción. “Un campesino que tenga dos o tres racimos de plátanos no puede alquilar una carretilla, aunque sea legal y con su patente, y vender su producto a quien quiera. Si lo cogen, hasta al dueño del transporte ‘le sacan chispas’ por cargar algo ilegal. Si quieres vender un racimo de plátanos, tienes que sacar 70 papeles”, lamenta.

"Si quieres vender un racimo de plátanos, tienes que sacar 70 papeles"

El resto, enumera, es “decomiso, multa y, si protestas, rápidamente está la Policía allí para llevarte preso”.

El desgano de los campesinos se vuelve mayor cuando echan un vistazo a las tierras estatales. Al otro lado de la cerca de la finca de Ismael se extiende un enorme terreno que una vez estuvo dedicado a la siembra de caña. Ahora, explica el agricultor, lo que queda es “una maleza de plantas invasoras, de marabú y una plaga de algarrobo indio que no sé de dónde salió”. 

Las tierras ociosas no pueden ser utilizadas por los guajiros, incluso si, como en el caso de las villaclareñas –vestigios de las antiguas zafras que abarcaban todo el territorio–, hace años que no se ponen a parir. “Por lo menos en este municipio las tierras del Estado dan pena y vergüenza. Y no puedes coger un pedazo y prepararlo para sembrar porque eso es área cañera y es ilegal”, concluye Ismael. 

“Yo no sé a dónde va a llegar esto”, confiesa el campesino sobre la cacería de brujas que desató el Gobierno del 2 al 7 de diciembre y que amenaza, según la prensa oficial, con seguir. “A partir de ahora veremos cómo se disparan los precios, como ocurre cada vez que se toma una medida como esta”, vaticina.

En lo que respecta al “uso y control de la tierra y manejo de la masa ganadera”, llamado “ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas” se saldó con la apertura de procesos penales a más de un centenar de personas por robo de ganado mayor. Otros 50 ciudadanos fueron procesados por “irregularidades” en los precios y 900 fueron multados.

"¿De qué manera, si yo estoy en el campo cuidando los animales y la siembra, voy a tener tiempo para salir a vender un boniato?"

No obstante, el guajiro sabe bien que, cuando el hambre aprieta, la gente enseguida busca soluciones. “Imagino que vayan a los campos a comprarles los alimentos directamente a los guajiros en sus casas. El problema es que, como está el control, ellos no los pueden vender si no conocen a los compradores”, advierte Ismael, experto en las trampas que utilizan los inspectores para detectar ilegalidades.

La pesquisa a nivel nacional, sin embargo, no es lo único que preocupa al guajiro. La forma en la que el Estado maneja la compra de los alimentos, opina, tampoco es la más efectiva. “Tienen que existir los intermediarios. ¿De qué manera, si yo estoy en el campo cuidando los animales y la siembra, voy a tener tiempo para salir a vender un boniato? Tengo que vendérselo a un intermediario, a una persona que se dedique a eso. El comercio es así”, zanja el hombre, que apela a la sabiduría popular y a la forma en que se produce “en otros países”.

Ismael ha intentado proponer la idea en reuniones de campesinos, pero las cosas no han salido como esperaba. “La junta directiva no estuvo de acuerdo conmigo”, lamenta, consciente de que el modelo actual retrasa la llegada de los alimentos a las tarimas y, por lo tanto, a las mesas familiares.

La realidad de Ismael y otros campesinos se aleja mucho de las impresiones que han quedado en la prensa oficial sobre el control a las ilegalidades. Según una nota publicada este domingo en Vanguardia, el ejercicio cerró el sábado con una impronta positiva. Advertidos quedan quienes “violen los precios establecidos, engañen al consumidor o no utilicen los canales electrónicos para facilitar el pago de los clientes”.

En cambio, una nota de Escambray deja constancia del conocimiento de las autoridades de que, a gran escala, las inspecciones han generado molestia entre los empresarios, cuentapropistas y agricultores. “No se trata de una cacería de brujas”, justificó el intendente de Sancti Spíritus. “Las autoridades gubernamentales del municipio no tienen interés en cerrar puntos de venta de trabajadores por cuenta propia o de mipymes, sino de ordenar los servicios que prestan a la población dentro del marco de la ley”, agregó el diario.

"El pueblo cubano ha dado suficientes muestras de solidaridad al mundo, pero a lo interno debemos revisarnos"

El intendente también reconoció que, como señaló días atrás 14ymedio, muchos comercios cerraron en la provincia por temor a las multas, y pidió “a quienes han cerrado sus puntos de venta reabrirlos y continuar prestando los servicios vitales al pueblo”. No obstante, los dirigentes no planean ser flexibles por mucho tiempo. A quienes de manera “unilateral” no retomen sus actividades, se les impondrá un “cierre temporal o definitivo”.

“Sobre los precios abusivos, es hora de que los productores y comercializadores ajusten sus relaciones, de modo que piensen en los miles de núcleos familiares de bajos ingresos, tales como jubilados por la legislación anterior y los pensionados de la Seguridad Social, que perciben bajos ingresos. El pueblo cubano ha dado suficientes muestras de solidaridad al mundo, pero a lo interno debemos revisarnos”, advirtió el diario, que se esfuerza por dejar la impresión de ser inflexible.

El entusiasmo del medio contrasta con los resultados del control en la provincia, que exhibe una larga lista de contribuyentes contribuyentes privados morosos y con “irregularidades”, mientras que en ninguna de las instituciones públicas inspeccionadas se detectó un solo indicio de corrupción.

El ejercicio de control que se desató este diciembre, cuando el fin de año promete ser uno de los más duros para los ciudadanos, llegó para registrar cada aspecto de la vida económica y social. Incluso las personas “sin vínculo laboral”, otra horma en el zapato del Estado, fueron puestas bajo la lupa del Gobierno. “Vale la pena realizar un censo completo a nivel de provincia para determinar el total de hombres y mujeres en edad laboral que no tienen trabajos reconocidos y conocer a qué se dedican realmente”, propone Escambray, que sostiene: “La Revolución necesita, hoy más que nunca, lograr la estabilidad en el funcionamiento de toda su arquitectura institucional”.