El régimen cubano admite ante la ONU que 39 adolescentes fueron condenados a prisión por el 11J

La Habana/El régimen cubano admitió haber detenido y juzgado a 39 menores de edad, y condenado a penas de cárcel a seis adolescentes entre 16 y 18 años, tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). El dato forma parte de un informe gubernamental del 30 de diciembre de 2022, presentado por la misión diplomática de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño, en Ginebra. Este lunes, la organización Prisoners Defenders (PD) llamó la atención sobre la reciente publicación del documento, desconocido hasta ahora.

En el informe, el Gobierno acusa al Comité de sostener "un profundo desconocimiento de la realidad del país y la amplia protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba". Acto seguido, expone sus "opiniones" sobre un reclamo impuesto por Ginebra al régimen en mayo de 2022, que exigía cuenta sobre el cumplimiento de los derechos de los menores en Cuba, tras la ola de represión desatada por las protestas del 11J, fecha en la cual, dice el informe, se produjeron "acciones y delitos violentos de extrema gravedad" contra la seguridad del Estado.

"Se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos", resumen, casi al final del documento. Además, afirman que "las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 383 acusados, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos, su grado de participación y conducta personal; entre ellos 6 jóvenes entre 16 y 18 años".

En el informe, el Gobierno acusa al Comité de sostener "un profundo desconocimiento de la realidad del país y la amplia protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba".

Sin embargo, el documento de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra insiste que "la edad para ser considerado como sujeto penalmente responsable es los 16 años de edad, según establece el Código Penal vigente" en la Isla. "Por tanto, no existe en Cuba ningún menor de 16 años que haya sido sometido a proceso judicial, independientemente del resultado o gravedad de sus actos".

El informe reconoce que a otros 105 manifestantes sometidos a juicio se les conmutó la pena de prisión por la de trabajo correccional, y que entre ellos se encontraban 33 jóvenes entre 16 y 18 años, "11 sancionados a trabajo correccional con internamiento y una cifra similar de sancionados a trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad, respectivamente". A estos últimos, afirma, se les aplicó vigilancia para lograr "la rectificación de la conducta" y la "reinserción social".

El texto alega que las autoridades cubanas respetan "la libertad de reunión, manifestación y asociación", incluida la de los niños y adolescentes, pero solo si tienen "fines lícitos" y no se oponen al "acatamiento de los preceptos" que establece la ley.

Particularmente molesta para las autoridades, afirma el documento, resultó la observación del Comité de que "varios niños, algunos de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sacados de sus hogares durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, retenidos, incomunicados y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas".

En cuanto a los menores de 16 años, afirman que "reciben un tratamiento despenalizado y se disponen medidas de carácter administrativo para su reorientación, educación especializada e individualizada" en centros especiales.

PD, en su comentario al informe, denuncia que "los centros para menores son del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Educación. Son prisiones", y añade que el documento no especifica qué tratamiento dio a los menores de 16 años.

Admiten que "para los casos comprendidos entre los 16 y 18 años de edad, se ejecuta en estricta observancia de la Ley del Proceso Penal, en vigor desde el 1ro de enero de 2022", lo cual supone ser tratados con igual rigor que a los que rebasan ese rango etario, aunque se prometa un "tratamiento especial" durante el juicio.

PD, en su comentario al informe, denuncia que "los centros para menores son del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Educación. Son prisiones"

El pasado 11 de mayo, PD denunció que al cierre de abril en las cárceles cubanas había 1.048 presos políticos y de conciencia. Aunque son 18 menos que en marzo, la organización, con sede en Madrid, señala en su último reporte mensual que "han aflorado" más casos de menores de edad.

La organización hizo hincapié en un aumento en la cantidad de menores de edad encarcelados, que en abril sumaron 35 (dos más que en marzo). De estos, cuatro son niñas, que cumplen sentencias o están en procesos penales. La organización señala que "buena parte" se encuentra en centros penitenciarios que el Gobierno denomina con el eufemismo de Escuelas de Formación Integral.

Al menos 18 adolescentes fueron acusados o condenados por el cargo de sedición, una de las figuras más severas en el Código Penal, que el régimen ha utilizado para castigar a los participantes en el 11J. "La pena media de estos menores condenados es de cinco años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11J, los adultos en prisión política", señala PD.

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