Mientras el régimen cubano anuncia la liberación de 553 presos, siguen las condenas por delitos de opinión

Madrid/Todas las miradas están puestas en quiénes serán los 553 presos de la Isla beneficiados por el acuerdo del régimen cubano con el Vaticano para obtener, a cambio, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo dictada por el presidente de EE UU, Joe Biden. De sus nombres no hay por ahora ninguna pista, pero tampoco de otro tema no menor: las condiciones en que saldrán de las cárceles.

La organización Prisoners Defenders (PD) advierte de que el vocabulario ambigüo del Ministerio de Relaciones Exteriores invita a temer que no se produzcan liberaciones, sino excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental, sin serlo. “Si esto se confirmara, la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar, en Cuba, no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales, y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento”, señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia. 

PD celebra, en todo caso, la futura salida de esos reclusos, pero recuerda que solo este diciembre hubo 16 nuevos presos políticos, así como 58 en el último trimestre, hasta un total de 1.801 desde el 1 de julio de 2021, 880 en este momento. “Un total de 1.219 prisioneros políticos han estado en la lista estos últimos 12 meses, todos ellos torturados”, subraya el documento, que lamenta a la par que, aun en el imposible caso de que todos los beneficiarios por el acuerdo fueran presos por motivos políticos, quedarían “tras las rejas cientos de personas encarceladas sólo por opinar o manifestarse”.

“Un total de 1.219 prisioneros políticos han estado en la lista estos últimos 12 meses, todos ellos torturados”

Precisamente, horas antes de hacerse públicos los acuerdos había trascendido una nueva y severa condena para dos jóvenes cubanos que recibieron cuatro y cinco años de cárcel respectivamente por convocar en redes a una protesta contra el Gobierno que ni siquiera se produjo, pero que el tribunal de Santiago de Cuba consideró un delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

Felix Daniel Pérez Ruiz recibió la mayor pena por un post en la red social Facebook en el que decía –con “palabras groseras”, indica la sentencia– que estaba “harto” del Gobierno y llamaba a una “manifestación en contra del sistema político cubano”. Cristhian De Jesús Peña Aguilera compartió en redes la convocatoria de su amigo y ahora tendrá que cumplir cuatro años de cárcel, mientras otros dos investigados por ello fueron absueltos. 

La sentencia fue condenada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que destacó que el régimen está “a la caza de cualquier disenso”. Su director ejecutivo, Alejandro González Raga, que fue desterrado a España en 2008 después de casi cinco años en la cárcel, ha pedido que todos los presos políticos sean “liberados inmediatamente, sin condiciones de ningún tipo y sin la obligación de abandonar el país”.

Justicia 11J también reaccionó al anuncio de excarcelaciones con temor, ante la duda de si serán forzados a salir del país, como ocurrió con la mayoría de los pertenecientes al grupo de los 75, encarcelados durante la Primavera Negra. En aquel caso, también mediado por el Vaticano y España, fueron liberados todos los que accedieron a salir de Cuba en 2010 y un año más tarde los que se negaron.

“Denunciamos la práctica inhumana del régimen cubano de utilizar los cuerpos y la dignidad de las personas para obtener concesiones políticas y económicas”, escribió la ONG, que recordó que el beneficio logrado a cambio de la salida de Cuba de la lista negra estadounidense supone un “justo alivio para las personas presas y las familias”, pero no disminuye “la naturaleza represiva del régimen cubano, que a menudo ha vuelto a encerrar a los disidentes que no se les someten”.

“Denunciamos la práctica inhumana del régimen cubano de utilizar los cuerpos y la dignidad de las personas para obtener concesiones políticas y económicas”

Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática de Cuba celebró la liberación de quienes “nunca debieron estar en prisión”, pero lamentó que la agenda de los derechos humanos se esté supeditando “a la política externa de EE UU”. El colectivo defiende que haya una amnistía general y el “conflicto” vuelva a su “origen principal, el que existe entre el Gobierno cubano y su sociedad”.

También se manifestó al respecto el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), rechazando rotundamente que el régimen no haga mención en el mensaje de anuncio de excarcelaciones al evidente vínculo con la salida de la lista negra de EE UU. La ONG considera un “insulto el discurso del régimen al presentar la excarcelación gradual de 553 presos políticos como como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba, cuando miles de familias han sido separadas por el simple hecho de pensar diferente y la represión física y psicológica, la falta de atención médica y los asesinatos son comunes en las cárceles”.

Específicamente sobre la decisión de Biden, y a título personal, hay división entre algunos conocidos opositores al régimen. Puntos de vista radicalmente opuestos sostienen Guillermo Coco Fariñas, que ha calificado la medida de “traición al pueblo cubano y a la libertad de todos los pueblos del mundo”, y Alina Bárbara López, que lo ve correcto —si las excarcelaciones no se traducen en exilios forzados—, aunque incoherente. ”Si no había razones para incluirla, ¿por qué estuvo ahí? Las sanciones han afectado a toda la sociedad cubana, no solo a los responsables”, señala en un post de Facebook en el que también considera positiva la suspensión del capítulo III de la Ley Helms-Burton, aunque le parece "inexplicable que no sean sancionadas aquellas personas e instituciones responsables directas de represión sobre ciudadanos cubanos".

"Inexplicable que no sean sancionadas aquellas personas e instituciones responsables directas de represión sobre ciudadanos cubanos".

La presa del 11J Angélica Garrido, liberada en 2024 y con su hermana Cristina aún en prisión, celebró las posibles excarcelaciones “pero los negocian por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo”.

También Ángel Moya, ex prisionero de la Primavera Negra y, por tanto, afectado en una excarcelación asimilable a esta, dejó su opinión tanto sobre las anunciadas liberaciones como acerca de la medida de Biden. "El regimen comunista de Cuba obtiene un certificado temporal de buena conducta con beneficios incluidos", señala a manera de conclusión. El también esposo de la dama de blanco Berta Soler dejó claro que el régimen siempre "ha sacado provecho de los presos políticos cubanos al utilizarlos como piezas de negociación y lograr beneficios", no obstante, añade: "salvo en los cuatro años anteriores de Gobierno de Trump, ni el embargo y ninguna otra medida para fortalecerlo, funcionaron. Y si alguna vez han funcionado es a media maquina, ejemplos sobran".

Las familias de algunos de los presos que más están en la mira, como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo Castillo, Felix y Saily Navarro o José Daniel Ferrer, mantienen silencio por ahora. Mientras, en redes sociales, un grupo de activistas ha lanzado una campaña para acompañar la publicación de la fotografía de un preso político con la etiqueta #todos para promover que no quede ningún prisionero político en las cárceles cubanas.