El régimen cubano impidió inversiones de empresas de EE UU porque "prefería que su pueblo sufriera"

Madrid/Este miércoles, la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor –con excepción de EE UU e Israel– de la 32ª resolución presentada por el régimen cubano con el nombre Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El documento presentado por La Habana, de casi 200 páginas por la traducción al inglés y francés, trata de argumentar los daños que causan a su economía y población las sanciones de Washington.

A esa posición se une el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba (US-Cuba Trade) –favorable a la retirada de las leyes del embargo– que, sin embargo, ha hecho público un informe en el que pide que se comience a plantear la misma idea bajo otras premisas. 

“Cuando una resolución presentada anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas recibe un número sustancial de votos a favor, salvo algunos votos en contra y algunas abstenciones, pero lo que la resolución pide se ignora año tras año, probablemente sea un indicador de que se requiere un nuevo enfoque”, señala.

El Consejo argumenta todas las oportunidades que Cuba ha tenido de aliviar las consecuencias del embargo y ha desperdiciado

El texto es un documento de seis páginas en las que el Consejo argumenta todas las oportunidades que Cuba ha tenido de aliviar las consecuencias del embargo y ha desperdiciado. Según el texto “no se puede minimizar el deterioro comercial, económico y financiero que ha sufrido” Cuba desde 1960, ya que se trata de medidas coercitivas y punitivas, sin embargo “no todos pueden considerarse racionalmente como carentes de opciones de salida”. 

El consejo considera que si las excepciones al embargo o los momentos de mayor flexibilidad, especialmente durante la Administración de Obama-Biden (2008-2016), “se gestionan de forma inadecuada, seguirá habiendo sufrimiento. Si se gestionan con destreza, podría haber prosperidad”. 

En concreto, el documento se centra en cuatro cuestiones: las exportaciones y compras de alimentos y otros artículos autorizadas por la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), el inmovilismo del régimen a la hora de aprobar negocios de estadounidenses en Cuba, la negativa a compensar las confiscaciones de 1960 y las relaciones internacionales de la Isla. 

En lo que al primer caso respecta, US-Cuba Trade indica –y tira de hemeroteca para demostrarlo– que no es cierto que no se pueda adquirir ningún producto a Cuba, ya que hay varias exportaciones autorizadas, como el café o el carbón vegetal, que EE UU puede comprar. Además, el consejo recuerda que en 2001 se autorizaron las importaciones por La Habana de alimentos y algunos otros bienes condicionados al pago en efectivo y por adelantado –que el Gobierno cubano considera excepcionales y contrarias al comercio internacional–. Aunque Fidel Castro rechazó de inicio este tipo de compras, sí autorizó una "excepción única" cuando en 2001 el huracán Michelle impactó en la Isla. “Desde entonces, las ventas ascienden a un total de más de 7.500 millones de dólares”.

La cuestión de las compensaciones por confiscaciones está ampliamente desarrollada en el texto

El Consejo lamenta que el régimen pusiera el freno a que muchas empresas que hubieran podido hacerlo hasta enero de 2017 se instalaran en Cuba. El informe admite que la Administración de Trump cortó con esa posibilidad, incluso cancelando los pocos contratos acordados –hoteles y cruceros sobre todo–, pero considera que, si durante el deshielo hubiera habido voluntad y celeridad para que se asentaran muchos negocios en la Isla, las posibilidades de ponerle fin hubieran sido mucho menores. 

La cuestión de las compensaciones por confiscaciones está ampliamente desarrollada en el texto también. En 1960, el castrismo tomó la decisión de confiscar –y no expropiar– todo tipo de propiedades en la Isla. En 2015, según el consejo, algunas compañías que querían volver a Cuba tenían reclamaciones certificadas por la ley Helms-Burton que podrían haber sido resarcidas –incluso sin pagar, mediante un acuerdo– con un costo mínimo, ya que las ganancias para la Isla podrían superar con creces el pago de una indemnización. 

“La decisión del Gobierno de la República de Cuba de ignorar esas súplicas fue el equivalente comercial a la autoflagelación. La conclusión fue entonces, y sigue siendo hoy, que el Gobierno preferiría que su pueblo sufriera”, opina el consejo para quien, además, una medida así hubiera hecho que la confianza en el país aumentase y ofreciera más seguridad jurídica a otras empresas eventualmente interesadas.

El informe señala el endurecimiento de las medidas para cuentapropistas, recogido en un decreto este agosto

Por último, el consejo lamenta que Cuba haya decidido “redoblar la apuesta en el terreno geopolítico”. US-Cuba Trade rechaza la teoría de que la actitud de Washington ha forzado que la Isla tenga que recurrir a otros países poderosos, aliados por oposición a EE UU, ya que –recuerda– en mayo de 2022, la Casa Blanca autorizó por primera vez en más de 60 años una inversión estadounidense en un negocio privado. “Más de dos años después, el Gobierno de la República de Cuba aún no ha publicado las regulaciones para entregar la inversión y el financiamiento. La demora no solo afecta a los inversionistas en Estados Unidos, sino en todos los países. El Gobierno de la República de Cuba está dando un castigo colectivo a sus empresarios”.

El informe señala el endurecimiento de las medidas para cuentapropistas, recogido en un decreto este agosto, que limita sus posibilidades de crecimiento y empuja a la población a la ruina y el exilio. “Las decisiones de la Administración de Díaz-Canel se asemejan a una serpiente pitón del sector público que asfixia a su presa del sector privado... un proceso lento y doloroso para la presa”.