Imponen una multa de mil pesos a la periodista cubana Camila Acosta por informar sobre el 11J

La Habana/Camila Acosta esquiva el juicio al que se exponía por un presunto delito de desórdenes públicos tras pagar una multa de 1.000 pesos impuesta por la Seguridad del Estado. La periodista independiente, que fue detenida por informar sobre las protestas del 11 de julio y llevaba 10 meses en reclusión domiciliaria por este caso, ha informado de la resolución del caso en un artículo publicado por Cubanet, el medio con el que colabora.

Acosta relata que la policía de Aguilera, en el municipio de Diez de Octubre, la citó el miércoles y le impuso una multa en presencia de su abogada en virtud de una norma –relativa al criterio de oportunidad– que permite resolver diligencias sin ir a los tribunales.

La multa debe ser pagada en tres días, y aunque cree que es una medida arbitraria, la acepta para evitar ir a juicio, "lo cual, conociendo las violaciones constantes que se cometen y el estado de indefensión total ante las leyes, es el menor de los males".

Además de la multa, la Seguridad del Estado le decomisó bienes personales que supuestamente tenía ella el día de su detención, el 12 de julio: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, una blusa que usó el 11 de julio, 50 dólares y 20.000 pesos CUP. "Parte de estos bienes ni siquiera eran de mi propiedad", añade la periodista. Apenas le fue devuelto un cargador de teléfono, un ratón de computadora inalámbrico y una grabadora, que ella supone rompieron, porque no funciona.

Acosta niega que exista delito y, menos aún, que los objetos decomisados tengan relación con los desórdenes públicos que le imputaron

Acosta niega que exista delito y, menos aún, que los objetos decomisados tengan relación con los desórdenes públicos que le imputaron.

Durante los cuatro días que pasó detenida, la periodista dice que fue interrogada por la Seguridad del Estado dos veces al día durante dos horas en cada ocasión y ahí ella les confirmó que participó en las protestas del 11 de julio como reportera. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente".

Camila Acosta dice ser consciente de que no cometió delito, pero ir a juicio le implicaría una condena de tres meses a un año de cárcel. La investigación penal contra la periodista se abrió hace 10 meses y en los últimos cinco estuvo bajo vigilancia diaria en su vivienda, donde fue hostigada constantemente "con la carga psicológica que ello representa, tanto en lo personal como para la familia y amigos".

La periodista vaticina que su pelea aún no acaba, "El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar".

Camila Acosta es colaboradora de CubaNet y del diario español ABC y antes de transitar por la prensa cubana independiente estuvo en la televisión local, Canal Habana.

El paso al sector privado le ha costado rupturas familiares, represión y el acoso de la Seguridad del Estado, como ocurre con muchos otros reporteros y activistas

Camila Acosta es colaboradora de CubaNet y del diario español ABC y antes de transitar por la prensa cubana independiente estuvo en la televisión local

La resolución acordada en este caso coincide con la excarcelación de varios jóvenes que participaron en las protestas del 11J, como el joven Andy García Lorenzo, a quien pasó de la prisión a un campamento de "régimen abierto", tras un juicio de apelación en donde otros cinco obtuvieron el mismo beneficio: Jorge Gabriel Arruebarruena, José Miguel Gómez Mondeja, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pitchs Martínez y Amanda Dalai Matatamoros Cabrera.

También fue excarcelado Jonathan Torres Farrat, como un cambio de medida cautelar, tras el pago de una fianza, mientras espera su juicio.

Otros excarcelados este miércoles fueron Eloy Bárbaro Cardoso, un estudiante universitario de 18 años capturado en La Güinera; Juan Yanier Antomarchi Nuñez, también de 18 años y sancionado en primera instancia a 8 de privación de libertad, y Dariel Cruz García, de 20 años de edad, que también recibió una condena de 8 años.

En total, esta semana, han sido excarcelados 15 acusados de participar en las protestas del 11 de julio. A 13 de los manifestantes se les redujeron las penas hasta en 10 años y para dos cambió a trabajo correccional, uno de ellos, sin internamiento.

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