Un reportero de ‘14ymedio’ en prisión por investigar el tráfico de drogas en una escuela de Matanzas

La Habana/El perfil de Facebook de Yadiel Hernández Hernández, conocido como Kakashi, solo devuelve un mensaje a quienes lo visitan: "no hay publicaciones disponibles". El contenido de la cuenta ha sido borrado tras la detención, el pasado 24 de enero, del joven que, en el momento de su arresto, investigaba para 14ymedio el tráfico de drogas en el preuniversitario de la ciudad de Matanzas.

Kakashi, de 33 años, diseñador, graduado en estudios teológicos y reportero independiente, está recluido en el Combinado del Sur, una cárcel donde el hacinamiento y las denuncias de abusos contra los reclusos son constantes. A esa prisión llegó luego de ser arrestado hace casi tres meses y haber pasado varias semanas bajo interrogatorio, a manos de la Seguridad del Estado. Sobre Hernández pesa ahora una acusación por el presunto delito de "propaganda contra el orden constitucional".

Según el Código Penal vigente en la actualidad, los delitos contra el orden constitucional incluyen sanciones como la privación de libertad, la cadena perpetua e incluso la pena de muerte, para quienes se alzan en armas con el objetivo de cambiar la Constitución o impedir el funcionamiento de las autoridades. Kakashi, por el contrario, solo investigaba la extensión del flagelo de la droga entre los adolescentes matanceros, un trabajo periodístico que ayudaría a salvar vidas.

Todos los intentos de este diario de contactar con la familia de Hernández han resultado infructuosos

A finales de enero pasado, la comunicación entre nuestra Redacción y Hernández se cortó. En un inicio, su silencio fue achacado a los largos cortes eléctricos que azotaron la Isla por esos días y que también generaban frecuentes caídas en la conexión a internet. Sin embargo, unas semanas después, una fuente cercana a la familia de Kakashi confirmó su arresto. "Lo detuvieron y se lo llevaron", añadió.

Todos los intentos de este diario de contactar con la familia de Hernández, para tener detalles sobre su actual situación y la fecha del juicio en su contra, han resultado infructuosos. Desde el interior del Combinado del Sur, las posibilidades de Hernández de comunicarse con el exterior son limitadas y en este tiempo el periodista independiente no ha podido contactar con organizaciones de asesoría jurídica ni con medios de prensa.

"Estuvo detenido muchos días en Versalles [sede del centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Matanzas]", detalla la fuente. "A él se lo llevaron después del incidente que ocurrió con un supuesto escape de gas en el preuniversitario", añade, en alusión a un accidente en el centro de enseñanza media superior José Luis Dubrocq, cuando empezó a sentirse un fuerte olor, varios estudiantes presentaron náuseas y malestar, incluso algunos tuvieron que ser hospitalizados.

Aunque la versión oficial sobre el incidente responsabilizó a una alumna que roció gas pimienta en la motocicleta de un profesor y ocasionó la inhalación de la sustancia, lo sucedido alimentó los rumores sobre el consumo de drogas en el preuniversitario y la venta de sustancias de ese tipo en el interior de la escuela. "La Policía cargó con gente que podía denunciar lo que realmente había pasado y ese mismo 24 de enero se llevaron a Kakashi, que llevaba tiempo investigando esa red de tráfico".

Todo indica que la mejor manera de ayudarlo en este momento es publicar sobre lo ocurrido

Tras conocer esos detalles, este diario ha sopesado si una denuncia pública podría empeorar la situación o ayudar a visibilizar el caso del reportero. Finalmente, tras escuchar la opinión de varios amigos del joven, todo indica que la mejor manera de ayudarlo en este momento es publicar sobre lo ocurrido para que el caso de Hernández llegue a los organismos internacionales que velan por la protección de los periodistas y por la libertad de prensa.

"Él siempre ha sido una persona muy crítica con todo lo malo que ve, alguien con mucha conciencia cívica", puntualiza un amigo de Kakashi que teme que "se vaya a quedar por largos años en la cárcel, porque le van a hacer pagar su actitud, su rebeldía y su capacidad para destapar toda una trama que está afectando a los jóvenes, casi niños, de ese preuniversitario y de otras partes de la ciudad de Matanzas".

La represión contra los reporteros independientes ha sido una constante en las últimas décadas en Cuba, pero se ha recrudecido tras las protestas populares del 11 de julio de 2021, cuando los medios no controlados por el Partido Comunista reportaron la envergadura y el deseo de cambio político que marcaron las manifestaciones. La nueva Ley de Comunicación Social de Cuba, que entró en vigor el pasado 4 de octubre, ha constituido una vuelta de tuerca en materia de censura. Los periodistas que trabajan al margen de los medios oficiales denuncian un aumento de las amenazas y las presiones.

Otro colaborador de '14ymedio', José Gabriel Barrenechea, lleva cinco meses en prisión

Junto a esta legislación, el Código Penal y el Decreto Ley 370, conforman una tenaza que se cierra sobre la prensa. La Ley de Comunicación Social solo reconoce a los medios vinculados al oficialismo y margina todas las plataformas independientes, muchas de ellas, además, bloqueadas en los servidores nacionales. El arresto de reporteros, la confiscación de sus dispositivos tecnológicos y las condenas a prisión también forman parte del esquema represivo contra la libre circulación de la información.

Otro colaborador de 14ymedio, José Gabriel Barrenechea, lleva cinco meses en prisión, a la espera de juicio, por participar en las protestas del pasado 8 de noviembre en Encrucijada, Villa Clara. Hace unas semanas, el periodista envió un mensaje contundente. "Nadie puede pedirme que sienta algo positivo por un sistema político, unas instituciones y un cuadro dirigente que son los responsables últimos de este infierno a que se ha reducido mi vida", comunicó al diario independiente CubaNet desde la cárcel La Pendiente.

El Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y otras organizaciones en defensa de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el uso de la ley para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información en Cuba.