"La represión que practicaron en Cuba tendrá consecuencias en EE UU"

Miami/En la Cuba futura que imaginan los exiliados Tony Costa, Rolando Cartaya y Luis Domínguez no hay espacio para el rencor, pero tampoco para la impunidad. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba –que Costa dirige y en la que sus dos colegas son investigadores– es, sobre todo, un instrumento para la memoria, y ahora que los antiguos represores del régimen aspiran a pasar lo que les queda de vida en EE UU y otros países democráticos, su trabajo es más necesario que nunca. 

Desde hace meses, altos funcionarios del castrismo, ex policías, jueces, militares o chivatos de poca monta se han beneficiado del parole humanitario, una medida diseñada –entre otras razones– para brindar protección a quienes huyen del régimen de La Habana. Para intentar acabar con esta contradicción, varios legisladores cubanoamericanos encabezados por el senador Marco Rubio han pedido a Washington que ponga coto a una situación que es ya alarmante. 

En este contexto, la Fundación tiene un papel fundamental. “Nosotros hacemos  una investigación exhaustiva hasta donde nos permiten las condiciones, antes de poner en nuestra página web Represores Cubanos el nombre y otros datos de la persona, debidamente acusada”, explica Costa a 14ymedio. 

Cuando la documentación del represor está lista –y ha sido confirmada por más de un testigo–, la organización procede a hacer una denuncia formal

Cuando la documentación está lista –y ha sido confirmada por más de un testigo–, la organización procede a hacer una denuncia formal a las autoridades competentes. Además, se le da seguimiento para que el caso no se estanque. 

En el inventario de la Fundación no solo hay altos cargos, sino también –si su expediente al servicio del régimen lo exige– otros actores que, desde un rol aparentemente menor, colaboraron activamente con la represión. “El principal propósito que tiene esta página no es tomar venganza contra ellos por los crímenes que han hecho, que son muchos”, dice Costa, “sino hacer una advertencia para que los que han cometido o están por cometer alguna violación de los derechos humanos o violencia de cualquier tipo contra los opositores al Gobierno”. 

Que un represor sea identificado, opina el exiliado, manda un mensaje claro: en un país democrático se les podrá juzgar, no habrá un cambio de reglas ni impunidad. Y si, mientras Cuba permanece en dictadura, quieren viajar a EE UU, “que sepan que la represión que practicaron antes tendrá consecuencias”, advierte Costa. 

Se apela en primer lugar a la conciencia de los que sirven al régimen, señalan los miembros de la Fundación. No pretenden “inundar” el inventario de nombres, pero aclaran que todas las violaciones de derechos humanos cuentan para ellos. Por otra parte, también es un gesto de defensa hacia los opositores que siguen en el país: si los hostigan, la denuncia no caerá en saco vacío. 

“Con aquellos que cometieron crímenes, tiene que haber una manera de procesar sus casos. Hay que establecer una ley legítima"

Aunque el trabajo de la Fundación es ocuparse de la situación actual –dentro y fuera del país–, también tienen planes para el futuro democrático de Cuba. Quieren aportar todo cuanto puedan al establecimiento de un “sistema libre y democrático”, “con la menor intervención” del Gobierno y desbloqueando todas las posibilidades de desarrollo que han permanecido limitadas por el castrismo desde hace más de 60 años. 

“Con aquellos que cometieron crímenes, tiene que haber una manera de procesar sus casos. Hay que establecer una ley legítima, que sea independiente del político de turno, que sea profesional y que estudie los casos y que proceda a juzgar los casos según las pruebas que se tenga y con las reglas debidamente establecidas para ello”, valoran. 

Lo peor que puede suceder en Cuba, para inaugurar una democracia, es una “cacería de brujas”. Ya eso lo hizo Fidel Castro, señala Costa. El caudillo fusiló con total impunidad a quienes, en su criterio y sin un juicio justo, consideraba no aptos para vivir tras la Revolución. “Fue un circo lo que se hizo con los fusilamientos”, lamenta. 

Ante los ojos de la Fundación, todos los casos de represores que viven actualmente en EE UU son “igual de escandalosos”, con independencia de la gravedad de sus actos. Costa enumera los más notables y destaca el de la jueza Melody González, “que ahora llegó arrepentida” a Florida. De momento, sigue detenida. 

Cartaya, por su parte, señala el caso de Misael Enamorado Dager, ex miembro del Buró Político del Partido Comunista, a quien califica como “el represor cubano de más alto rango político que se haya establecido en EE UU”. Enamorado arribó al país “presumiblemente mintiendo en sus formularios de inmigración”, asegura el investigador. Su trayectoria dentro del Partido fue meteórica hasta que Raúl Castro lo retiró del Comité Central en 2013. 

Ante los ojos de la Fundación, todos los casos de represores que viven actualmente en EE UU son “igual de escandalosos”

Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario en Cienfuegos, fue responsable de restringir en 1993 las candidaturas al Parlamento, que se limitaron a “servidores del régimen”, según Cartaya. “Es responsable del delito electoral de Denegación de Inscripción de Candidatura, lo cual es un crimen de lesa humanidad por discriminar políticamente a otros ciudadanos”, explica. Desde el pasado agosto, Menéndez vive en EE UU. 

Más recientes fueron los actos represivos cometidos por Susdinay Acosta, fiscal durante los juicios a los manifestantes del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera. “En ese proceso la fiscal solicitó penas de 20 a 26 años de privación de libertad para 17 personas que recibieron sentencias de entre 6 y 15 años”, afirma Cartaya. 

La mentira a los organismos migratorios es una de las estrategias fundamentales de los represores, alerta la Fundación. Preguntado sobre si este movimiento masivo de ex dirigentes podría afectar la seguridad nacional de EE UU, Costa es claro: se trata de personas que, perteneciendo a “órganos militares o paramilitares”, declaran bajo juramento que no han tenido nada que ver con esas instituciones. Es una violación grave de la ley. 

No pocos migrantes de los que llegaron por la “ruta de los volcanes” o, más tarde, también por la frontera con México, fueron miembros de las Fuerzas Armadas. “Mintieron al llenar los formularios DS-260 y otros”, denuncia Cartaya. “Mentir en esos documentos constituye un delito federal del cual muchos son culpables, y por eso hay que denunciar debidamente cada caso que llegue a conocerse”. 

“El problema es que aquí vivimos en una sociedad muy libre, y la libertad tiene sus beneficios y sus riesgos. Entre estos últimos está la posibilidad de que, con inteligencia y engaño, entren a los EE UU personas que van a dañar los intereses de la nación”, lamenta Costa. 

Castro lo había advertido en una fecha tan lejana de 1958 –asegura el director de la Fundación–, cuando le escribió a Celia Sánchez que cuando derrocara a Batista lanzaría una “verdadera guerra” contra Washington. “Esa idea se le metió en la cabeza y nos ha hecho mucho daño a todos”, señala. 

“Dichos agentes infiltrados viven discretamente, muchos de ellos acogidos por sus familiares o amigos que residen desde hace tiempo en los EE UU"

Sobre este tema, Domínguez cuenta que al menos tres ex oficiales de la contrainteligencia cubana le confesaron de forma confidencial que había numerosos agentes “sembrados” dentro de la sociedad estadounidense. Se trata de todo tipo de personas, cada cual con su “tarea” a corto plazo y en espera de instrucciones a largo plazo. Un ejemplo de estas actividades es el reclutamiento de estudiantes proclives a la izquierda o simpatizantes del régimen, que en el futuro, cuando sean profesionales, también serán capaces de extender la red. 

“Dichos agentes infiltrados viven discretamente, muchos de ellos acogidos por sus familiares o amigos que residen desde hace tiempo en los EE UU. Por tales motivos, cualquiera de los inmigrantes cubanos que posea determinados antecedentes, puede ser sospechoso de realizar actividades que pongan en peligro la seguridad nacional de EE UU”, dice Domínguez. 

La Fundación exhorta a los cubanos exiliados a ponerse en contacto con ellos si detectan la llegada de un represor a EE UU. Cualquiera puede hacer la denuncia al FBI o a las autoridades competentes, o solicitar asesoría en la organización. Costa lamenta que, para la Administración de Biden este asunto nunca llegara a ser una prioridad. Ahora, cuando le quedan pocos meses en el cargo, “tendrá la mente puesta en otros problemas”. 

Sin embargo, sea quien sea el próximo inquilino de la Casa Blanca, será un asunto indispensable a resolver. “Independientemente del partido que gane las elecciones”, afirman, “nosotros esperamos seguir defendiendo esos principios y triunfar en la lucha por la democracia y la libertad en Cuba”.