Subieron las detenciones arbitrarias y la represión se extendió a la sociedad civil en 2016

Madrid/El pasado año cierra con un balance de casi 1.000 detenciones arbitrarias más que en 2015, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que ha presentado este miércoles su informe anual sobre la situación en la Isla.

2016 se salda con un total de 9.351 detenciones arbitrarias, 5.383 contra mujeres y 3.968 contra hombres. Un año antes, se produjeron 8.314 actos de esta naturaleza.

La mayoría de estos arrestos fueron "realizados por la policía política para impedir el ejercicio de los derechos de asociación, reunión y manifestación pacífica", indica la entidad.

Las organizaciones de activistas más perjudicadas han sido la Unpacu (con 138 detenidos, 70 hogares allanados y 48 miembros actualmente en prisión) y las Damas de Blanco, que han padecido acoso de las autoridades todos los domingos desde que empezaron a manifestarse en la calle hace casi dos años.

Las organizaciones de activistas más perjudicadas han sido la Unpacu, con 138 detenidos, 70 hogares allanados y 48 miembros actualmente en prisión, y las Damas de Blanco, acosadas todos los domingos

El Observatorio cita también los casos de dos activistas cuya situación judicial en estos momentos es delicada. Uno de ellos es Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), detenido el pasado 30 de noviembre y para quien la Fiscalía pide hasta 3 años de prisión por un presunto delito de "atentado a la autoridad". Danilo Maldonado, El Sexto, permanece en prisión desde que a finales de noviembre realizó una pintada de despedida a Fidel Castro –"Se fue"– y sus familiares apenas conocen detalles sobre su situación.

Además de las organizaciones opositoras o miembros destacados del activismo anticastrista, el Observatorio destaca que se ha producido una extensión de la represión a sectores de la sociedad civil, como el proyecto Convivencia de Pinar del Río, liderado por Dagoberto Valdés.

La Ley de Asociaciones vigente regula la constitución de éstas, indica el informe, pero las organizaciones independientes reclaman que en la práctica no se les permite su ejercicio ni existe un reconocimiento de su personalidad jurídica por parte del Estado. "Además de estos impedimentos legales, la policía política da seguimiento, es decir, espía, amenaza, reprime y trata de infiltrar a cada grupo", añade el texto.

El informe describe la situación general de los derechos civiles de Cuba, destacando que no se ha producido ningún cambio positivo a pesar de la normalización de las relaciones con Washington, iniciada hace más de dos años, y del acercamiento ‒"de talante voluntarista y aquiescente con el Gobierno"‒ a la Unión Europea, con la que se firmó el pasado 12 de diciembre un nuevo acuerdo bilateral.

"No podemos evaluar la situación cubana y la efectividad de los cambios internacionales

relacionados con Cuba, desde una perspectiva que no tenga en cuenta el ejercicio de los

derechos y libertades", reflexiona al respecto la organización.

El Observatorio recuerda que sigue sin haber elecciones ni pluralismo político y que el año ha concluido sin que llegue la Ley Electoral, prometida recurrentemente desde el poder.

Las condiciones económicas en la Isla siguen siendo negativas, recalca la organización, y aunque la propaganda oficial llama a inclinarse por el sector cuentapropista se han constatado incluso retiradas de licencias a varios trabajadores privados "por hacer uso del derecho ciudadano de disentir públicamente del régimen cubano".

El informe añade que se vulneran permanentemente los derechos del trabajador porque éste no puede elegir libremente su empleo ni ser remunerado de acuerdo a su aporte social, lo que lo empuja al mercado ilegal. También se repasa la discriminación de los trabajadores nacionales, recordando el caso de los obreros indios que trabajan en el hotel de la Manzana de Gómez, en La Habana, por salarios de entre 1.400 y 1.600 dólares, mientras que los cubanos reciben menos de 100.

El informe añade que se vulneran permanentemente los derechos del trabajador porque éste no puede elegir libremente su empleo ni ser remunerado de acuerdo a su aporte social, lo que lo empuja al mercado ilegal

"En los últimos seis años, el Gobierno cubano [...] ha anunciado mayores medidas represivas y disciplinarias en los centros de trabajo bajo un modelo que pretende mantener la esencia del sistema: el colectivismo, la propiedad estatal de los medios de producción, la planificación, la centralización de las decisiones y la prohibición de la acumulación individual de la riqueza", agrega. Además, el Gobierno ha puesto en marcha a principios de 2011 un plan de despido de 1.300.000 empleados estatales.

El texto también alude a la discriminación que sufren las organizaciones de colectivos vulnerables, como el LGTBI o de diversidad racial, puesto que no pueden defender los derechos de sus asociados por estar al margen del oficialismo.

"La única solución al problema de todos los cubanos es una reforma integral, es decir, unos cambios constitucionales y legales que abarquen todas las esferas de la vida social [y estén acompañados por] políticas públicas que respondan a los ingentes problemas [...] de los más pobres y desamparados, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos", cierra el informe.