En Sancti Spíritus la orden de combate contra las 'mipymes' está dada

La Habana/Los dirigentes de Sancti Spíritus aspiran a convertirse en el escuadrón de élite en la cruzada del Gobierno contra las mipymes. Miguel Díaz-Canel había pedido, durante una sesión en el Parlamento el mes pasado, liquidar los “pagos excesivos del sector estatal al no estatal”, una afirmación que suscribió el primer ministro, Manuel Marrero, quien acusó a los privados de evasión fiscal y anunció que se tomarían medidas. 

La sucursal espirituana del Ministerio de Finanzas y Precios se hace eco de la “orden de combate” que, entonces, lanzó el mandatario: “Sabemos que hay dirigentes que, sin haber pasado por los mecanismos colegiados de dirección, han tomado la decisión de establecer contratos sin mirar los precios que le están proponiendo para resolver un problema, cogiendo dinero del presupuesto y llevándolo a gastos excesivos”.

Con la resolución ministerial 209 de 2024 en la mano, los dirigentes advierten que darán un “stop” a los pagos excesivos que el Gobierno ha “detectado”. Se trata de “relaciones económicas” nebulosas entre ambos sectores, cuyas cuentas no están claras. “Hoy cualquier empresa estatal o cualquier unidad presupuestada contrata un servicio o adquiere un producto de una forma de gestión no estatal y paga cifras millonarias, por decirlo de alguna manera, sin dolor al desembolso de su entidad estatal”, resumió, en una entrevista concedida a Escambray, Miskel Acosta Paredes, director de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus.

Con la resolución ministerial 209 de 2024 en la mano, los dirigentes advierten que darán un “stop” a los pagos excesivos

Acosta augura un control radical para “el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios”. Se acabó, clama, el desconcierto de “precios y tarifas”. Con la nueva reglamentación, la utilidad de la que se beneficien las mipymes no podrán exceder el 30% sobre el total de costos y gastos. 

El talón de Aquiles de la medida es que no hay modo de evitar –en opinión de Acosta– que haya un acuerdo por debajo de la mesa entre los jefes de empresa estatales y los dueños de las mipymes contratadas, para que aprueben una cosa y “en realidad se fije otra cifra” en el papel. 

El plan de Finanzas y Precios es obligar a los dirigentes estatales a clarificar sus documentos a través de un “pliego de concurrencia”, una especie de agenda donde se fijarán todos los encuentros y negociaciones con los privados. Así, los inspectores podrán revisar paso a paso el proceso.

Acosta ve a sus colegas en Finanzas y Precios como paladines de la “protección de la empresa y el sector presupuestado”. “Ellos tienen un dinero, un plan, una capacidad financiera y tienen que defenderla, tienen que negociar, que regatear, como mismo lo hacemos los cubanos en la vida cotidiana”, asevera. 

El “dinero sin dolor” –frase que repite el dirigente– es la prueba de la corrupción, que “genera ganancias también para algunos representantes del sector estatal”. Para Acosta, esa situación tendrá que detenerse si la regulación se respeta. “Cuando hemos revisado informes de la Contraloría General de la República se han detectado una gran cantidad de presuntos hechos delictivos relacionados con las acciones de contratación entre los actores no estatales y el sector estatal”, revela. 

La corrupción estatal tiene otra de sus formas en los “favoritismos con ciertos actores no estatales”. De hecho, afirma, “se ha detectado enriquecimiento de personas a partir de la contratación de productos y servicios”. Los inspectores a sus órdenes, asegura, se lanzarán sobre los libros de cuentas de uno y otro sector para garantizar lo que considera su misión: la “tranquilidad y transparencia” de la economía socialista. 

La corrupción estatal tiene otra de sus formas en los “favoritismos con ciertos actores no estatales”

Marrero y Díaz-Canel –en varios discursos e intervenciones parlamentarias– anunciaron tiempos negros para el sector privado, al que el primer ministro atribuyó la evasión de 50.000 millones de pesos, “un tercio del déficit fiscal” del país. Algo no cuadraba en los números –esa misma jornada se había informado que el déficit no llegaba a los 100.000 millones– pero el mensaje contra las mipymes estaba dado. 

“No queda claro cómo el emergente sector no estatal habría sido capaz de defraudar al omnipresente Gobierno cubano por un monto de 50.000 millones de pesos”, comentó en aquel momento el economista Pedro Monreal en X. “Si ese fuera el caso, estaríamos ante un caso de colosal incompetencia gubernamental”.

De la “batallita” contra el sector privado se había quejado, esa misma semana, la economista oficialista Iliana Díaz. Tras diagnosticar el “agotamiento” del modelo económico cubano frente a las cámaras de Televisión Cubana, Díaz exigió una tregua ante los números revelados al Parlamento: 1.831 multas al sector no estatal, 115 regulaciones a pequeños empresarios que pretendían viajar, 127 solicitudes de retiro temporal y 24 de retiro definitivo de la licencia para ejercer la actividad económica. 

La solución no es emboscar a las mipymes con medidas administrativas, resumió Díaz, sino fomentar su desarrollo y no asumir que el sector estatal –que ha “mal funcionado” desde hace décadas– es la piedra angular de la economía cubana.