La Seguridad del Estado multa y chantajea a los usuarios de las redes sociales en Cuba

La Habana/Yanara llamó a su mejor amiga y le dijo en clave: "Tengo el niño enfermo ¿Me puedes traer un termómetro?" La frase era solo una estratagema para que su antigua compañera de universidad la visitara y entonces poder contar lo que tenía trabado entre pecho y espalda. Dos días antes había sido citada a una estación policial de El Vedado, en La Habana.

"Al principio, cuando recibí la citación, pensé que tenía algo que ver con mi negocio porque soy cuentapropista y tengo una pequeña mesa donde vendo diversos productos", le contó. "Pero cuando me condujeron a una salita de la estación me di cuenta de que tenía que ver con la Seguridad del Estado. Eran tres policías de civil, todos muy jóvenes".

Entre aquellas cuatro paredes, Yanara se enteró de que la policía política había estado monitoreando su cuenta de Facebook. "Tenían hojas y hojas con todo lo que yo había compartido o escrito en mi muro, al menos en el último año", contó. "Empezaron a cuestionarme por qué usaba ese camino para criticar al Gobierno si existían mecanismos como el Poder Popular y las reuniones de rendición de cuentas".

Tras más de una hora de recriminaciones y amenazas por sus escritos, Yanara salió de la unidad policial con una multa de 3.000 pesos cubanos que dice estar dispuesta a pagar. "Creo que es una injusticia pero tengo mucho miedo porque yo tengo un niño chiquito, un negocio que cuidar y una madre que solo me tiene a mí para mantenerla", advirtió a su amiga.

El contenido que le costó un interrogatorio y una penalización de 3.000 pesos lo conforman memes, algunos en los que se ridiculiza a la figura de Miguel Díaz-Canel

La Policía justificó el castigo a partir de lo regulado desde julio de 2019 en la legislación "sobre la informatización de la sociedad en Cuba", el Decreto ley 370, conocido como "ley azote". Una normativa que pretende "elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional" y "contrarrestar las agresiones cibernéticas".

Entre los delitos en que presuntamente incurrió Yanara está el de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", que ha sido comparado, para el mundo virtual, con el delito de “peligrosidad predelictiva”, una figura legal que se ha aplicado ampliamente contra opositores y disidentes.

El contenido que le costó un interrogatorio y una penalización de 3.000 pesos lo conforman memes, algunos en los que se ridiculiza a la figura de Miguel Díaz-Canel, comentarios sobre las largas colas para comprar comida y críticas al deterioro de La Habana. "Nada que no comente la gente en la calle, pero me dijeron que no debía publicar ese tipo de cosas en internet".

La habanera, nacida a mediados de la década de los 80, prefiere mantener todo lo sucedido bajo el más estricto secretismo. "Si esto me pasó a mí que solo publicaba de vez en cuando memes y cosas simpáticas, me imagino que haya mucha gente que también pagó esta multa y no dijo ni pío". En la misma estación a donde acudió para el interrogatorio "había al menos tres muchachos jóvenes esperando con una citación igualita".

Desde que comenzó a regir el Decreto ley 370, muchas han sido las denuncias que han circulado sobre la imposición de multas por publicar cierto contenido en redes sociales, pero la mayoría de los que informan de estas represalias son activistas, opositores o periodistas independientes. Un número indeterminado de ciudadanos que han sido castigados de igual forma optan por guardar silencio.

"Puse privada mi cuenta de Facebook y borré algunas de las publicaciones", reconoce Yanara. "No quiero problemas y me dejaron claro que iban a seguir monitoreando todo lo que escribiera, a quién le daba un like o que compartía en mi muro. Así no se puede estar en las redes sociales, es como estar en la calle y tener una patrulla de policía siguiéndote".

En agostó de 2021 entró en vigor el Decreto-ley 35 que penaliza a quienes den voz a noticias falsas en Cuba, las divulguen, publiquen mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país"

Cristian, un joven camagüeyano que se prepara para entrar a la universidad este año, fue más allá. "Cerré mis cuentas en Twitter y Facebook después de que recibí una citación verbal supuestamente del director de mi preuniversitario, pero al entrar a su oficina me estaban esperando dos oficiales de la Seguridad del Estado".

El adolescente fue cuestionado también por las muestras de apoyo que dió en internet a los manifestantes del 11 de julio de 2021 y por "compartir contenido de mercenarios". Los policías políticos lo amenazaron con aplicarle la ley azote y le advirtieron que la entrada a la universidad era un honor que solo se otorgaba a los revolucionarios. Hasta ese día llegó su cuenta de Facebook. Solo su familia supo de aquel encuentro.

"No sé quién de mi aula también ha pasado por lo mismo y ahora cuando camino por la calle me pregunto si otras personas habrán vivido algo así y tampoco han dicho nada", reflexiona Cristian. "He visto amigos que de pronto desaparecen de las redes sociales y pensé que estaban enredados en algún proyecto pero después de aquel interrogatorio he llegado a creer que también recibieron una citación por lo que publicaban".

El Decreto-ley 370 no es la única normativa que ha intentado poner freno a las críticas ciudadanas en internet. En agostó de 2021 entró en vigor el Decreto-ley 35 que penaliza a quienes den voz a noticias falsas en Cuba, las divulguen, publiquen mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país" y los daños "éticos y sociales o los incidentes de agresión" en redes sociales.

La normativa incluye una larga lista de incidentes de ciberseguridad que abarcan desde ataques informáticos o daños físicos a los sistemas de telecomunicaciones hasta el acceso y difusión de contenido pornográfico infantil, que solo merecen el nivel de peligrosidad medio o alto. En cambio, la categoría de "subversión social", descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto.

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