Seis pymes cerradas y 20 ventas forzosas, el balance del control de precios en Cienfuegos

La Habana/La política de control de precios que entró en vigor el pasado 8 de julio se ha llevado por delante seis mipymes en Cienfuegos, además de la cancelación de 30 proyectos de trabajo y una veintena de “ventas forzosas”, como denomina el régimen a la obligación impuesta a los privados de ofrecer productos agropecuarios o de primera necesidad que retienen en sus almacenes para eludir los precios topados. 

Las autoridades provinciales han cifrado en 590 las multas impuestas en las 862 inspecciones que han concluido con ese resultado, contó Alexander Brito Brito, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular.

El funcionario no ha desvelado en qué lapso temporal se ha producido “el más reciente ejercicio de control de precios” que arrojó estos resultados, un total de 630 violaciones de la norma, que fija un precio máximo de venta del pollo, los aceites comestibles, la leche en polvo, las pastas alimenticias, la salchicha y el detergente en polvo, pero solo a los privados. Desde su entrada en vigor, afirma el diario provincial 5 de septiembre, “los nuevos montos alivian, en cierta medida, la economía familiar”.

Las autoridades provinciales han cifrado en 590 las multas impuestas en 862 inspecciones

“¿Aliviar la economía familiar? ¿En qué planeta viven estos legisladores de las multas? Viven en una burbuja de manipulación. Voy a Cienfuegos en dos semanas: voy a ver su realidad y el alivio familiar”, reaccionaba molesto un lector de la nota en Cubadebate, que reproduce la nota publicada este lunes.

El funcionario cifró en un millón de pesos el monto a recaudar gracias al incumplimiento no solo de esa norma, sino también de la que desde 2021 el Decreto-Ley 30 permite topar los precios de los productos en función de las necesidades de cada territorio. “Recibimos y atendimos 56 quejas y 5 denuncias. También hubo acciones de enfrentamiento a ilegales y en varios territorios identificamos a menores ejerciendo el trabajo por cuenta propia”, dijo Brito en reconocimiento a la colaboración ciudadana.

En el lado positivo, agregó, se observa “un incremento y aceptación por los actores económicos inspeccionados del uso de los canales electrónicos de pago”. Pese a ello, señaló, “muchos evaden la legalidad, máxime cuando apreciamos que, ante una tendencia de alerta, algunos decidieron cerrar sus negocios durante las jornadas de ejercicio”. Sin embargo, no alude en ningún momento a los problemas de conexión con internet, que son uno de los principales motivos para no usar los pagos electrónicos.

La política de precios topados adoptada en julio, presuntamente mediante acuerdo con algunos empresarios a cambio de la exención de impuestos a la importación, ha generado un gran malestar en los privados. “Ya terminé de vender la leche en polvo que me quedaba. A partir de ahora, como no me da la cuenta, no la venderé más. ¿Resultado?: la gente tendrá que comprarla en el mercado informal carísima, porque muchos no nos podemos permitir hacer malos negocios”, contaba el pasado mes a este diario Ramón, un vendedor del mercado La Yarda, en Cienfuegos.

Los problemas de conexión con internet son uno de los principales motivos para no usar los pagos electrónicos

El comerciante aseguró entonces que la medida había sido bien recibida por la población, pero que los privados habían registrado, en apenas un mes, pérdidas superiores al millón de pesos, ya que tenían productos comprados cuyo precio de venta no se les permitía reajustar. 

Las opiniones vertidas por los lectores de la prensa oficial a la información de Cienfuegos confirman que hay una cierta satisfacción ciudadana por los topes a los precios, pero con muchos matices. Son muchos los que consideran que la medida es solo la enésima formulación de una política que rige en la Isla desde hace más de 60 años con nulo éxito. “Estas acciones por la legalidad y el control de precios no son cosa nueva. Es como llover sobre mojado, sin que se resuelva el problema”, asegura un usuario.

Al grupo de escépticos y los que lamentan que sirva para algo más que para empujar los productos a un mercado informal mucho más caro, se une el numeroso colectivo de quienes reclaman la misma política para las tiendas del Estado, hasta ahora ajenas a la situación. “¿Alguna información sobre el control de precios en las tiendas de ventas en MLC?”, espeta uno. “O quizás sobre las tiendas virtuales en CUP de Cimex y Tiendas Caribe?”, le responde otro.

Se identificaron a menores ejerciendo el trabajo por cuenta propia

“Muy bien excelente noticia, y de paso pregunto –agrega uno más–, ¿por qué no se regulan los precios en establecimientos estatales como tiendas MLC o la Cadena Nacional del Pan? ¿O es que en estos lugares no se venden productos básicos de primera necesidad?”. La pregunta es retórica, pero la respuesta para muchos es sencilla. Las tiendas del Estado hace mucho que dejaron de satisfacer las necesidades de la población. 

Entre tanto, otro lector avisa de las consecuencias si se siguen cerrando negocios. “El problema lo va a tener [el Estado] cuando [los privados] vendan lo que tienen guardado, recojan el dinero y cierren. Tiene dos problemas: el primero, buscar empleo para cerca de un millón de personas que van a quedar sin trabajo; el segundo, no va a tener que comer ni tampoco va a recaudar un medio en impuestos: ¿a quién le va a cobrar impuestos si la mayoría están cerrando?”.