Sigue creciendo el número de presos políticos en Cuba, con 1.113 en mayo
Solo fueron excarcelados cinco prisioneros políticos, “tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta”, dijo Prisoners Defenders
La Habana/Con la detención de 19 personas en mayo, el régimen cubano suma un total de 1.113 presos políticos, según el más reciente informe de Prisoners Defenders, publicado este jueves. De los casos enumerados en el mes, 11 son manifestantes de las protestas de Juraguá, en Cienfuegos, el pasado 28 de mayo.
En el mismo período, solo fueron excarcelados cinco prisioneros políticos, “tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta”, dijo PD. Asimismo, Lisdani Rodríguez Isaac, de Villa Clara, salió con una licencia extrapenal concedida por su embarazo y que durará un año, tras el cual podría volver a la cárcel.
Según la organización, con sede en Madrid, el mes de mayo se caracterizó por la “represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a ellos”, como libertad condicional o la suspensión del trabajo correccional, según el comunicado.
El 20 de mayo, la policía política también detuvo, interrogó, citó o prohibió la salida del domicilio a otros periodistas independientes
En el caso específico de los detenidos en Juraguá, que se lanzaron a las calles en protesta por los prolongados apagones y la falta de otros servicios esenciales, “las autoridades les impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos –530 dólares en el mercado de cambio informal en Cuba, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos– y están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato o atentado”, explica la organización.
Erich González Lima, periodista residente en la Ciudad Nuclear de Juraguá, es uno de los manifestantes detenidos por las autoridades cubanas por participar en la protesta. El 20 de mayo, cuando se conmemoró el Día de la República –que el régimen no celebra–, la policía política también detuvo, interrogó, citó o prohibió la salida del domicilio a otros periodistas independientes como Juan Manuel Moreno Borrego o Antonio Suárez Fonticiella.
Ese mes también fue sancionado a nueve años de cárcel por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” Jorge Luis Boada Valdés. Boada llevaba más de dos años preso en el Combinado del Este por haber escrito en una pared varias frases contrarias a Miguel Díaz Canel.
PD también advirtió sobre la violación a los derechos de los presos en las cárceles cubanas, y puso como ejemplo el caso de Adel de la Torre, un joven que sufre esquizofrenia paranoide y que, con 25 años, "fue encarcelado por manifestarse pacíficamente" durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021, y enviado a la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, La Habana. La organización denunció las “violentas golpizas por parte de los guardias” que ha sufrido el joven.
Los familiares de la mayoría de estos reclusos han intentado negociar con las autoridades un mejor tratamiento médico y estancia en las prisiones
A otros presos políticos se les ha denegado el traslado a regímenes de menor severidad u otras medidas a las que deberían tener acceso. Es el caso de Luis Robles Elizastigui, el “joven de la pancarta”, condenado a cinco años de prisión por levantar, en 2021, un cartel pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. Según PD, al joven le fue denegada la libertad condicional porque, “aunque satisface el término mínimo exigido y mantiene adecuada conducta en estado de reclusión, el Tribunal tuvo en cuenta la gravedad del hecho, además de la proliferación que tuvo en la población y en la tranquilidad ciudadana, siendo necesario ratificar su confinamiento para que reflexione sobre la o las acciones delictivas ejecutadas”, según alegó el citado tribunal.
El informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Martha Beatriz Roque, ofrece un balance similar. El documento denuncia el maltrato a presos con padecimientos psiquiátricos o crónicos, entre los que se incluyen, como casos más “difíciles”, Alexander Díaz Rodríguez –paciente de cáncer–, Abel Lázaro Machado Conde –trastornos psiquiátricos y epilepsia–, Dayron Martín Rodríguez –paciente psiquiátrico con conducta suicida– e Ismael Rodríguez González –padecimientos psiquiátricos.
Los familiares de la mayoría de estos reclusos han intentado negociar con las autoridades un mejor tratamiento médico y estancia en las prisiones. Muchos incluso se ven obligados a llevar hasta el penal los medicamentos para tratar las enfermedades de los presos políticos, pero las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones de que se respeten los derechos de los reos.