La SIP denuncia la represión contra los escasos periodistas no oficiales en Cuba

Miami/La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes la "vigilancia continua", el "acoso" y la "amenaza permanente" de arrestos arbitrarios y condenas de cárcel para los escasos periodistas de medios no oficiales que permanecen en Cuba.

En su informe de mitad de año sobre la libertad de prensa en las Américas, la SIP cargó asimismo contra las penas de cárcel y las restricciones para salir de Cuba impuestas a periodistas y editores, así como las condenas a personas que han difundido en redes críticas contra el sistema o imágenes de protestas.

"Aquellos periodistas que aún no pueden o no desean emigrar sufren la tensión de la vigilancia continua, el acoso en contra de sus familiares y contactos y la amenaza permanente de arrestos arbitrarios y condenas a prisión", señala el documento.

La SIP recoge las condenas de cárcel a tres periodistas: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Bello y José Antonio López Piña. El primero, por divulgar el lanzamiento de octavillas políticas tachadas de "propaganda enemiga"; los otros dos, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

El informe da cuenta también de la detención de Jorge Luis Tan y de una agresión sexual contra Iris Mariño

El informe da cuenta también de la detención de Jorge Luis Tan y de una agresión sexual contra Iris Mariño, miembro de la directiva de La Hora de Cuba, ligando en ambos casos los hechos a cuestiones relacionadas con sus trabajos.

El documento destaca que al menos cuatro periodistas del puñado de medios no oficiales que aún cuentan con profesionales dentro de Cuba tienen prohibido salir del país de forma arbitraria (sin mediar un proceso judicial en su contra).

Recuerda, asimismo, el texto el proceso judicial contra la académica y editora de Cuba x Cuba Alina Bárbara López y el arresto domiciliario del escritor Jorge Fernández Era.

Las condiciones de estos medios no oficiales y de sus profesionales en la isla es precaria, según el informe.

"Todos (los medios no oficiales) funcionan sin reconocimiento legal o comercial y cualquier apoyo material externo implica un riesgo extra debido a que el Código Penal castiga con cárcel recibir financiamiento extranjero sin aprobación", explica la SIP.

Además, estos periodistas no tienen "acceso a seguridad social que reconozca su trabajo" ni "garantías para recibir pagos estatales o privados por jubilación, maternidad o vacaciones, o para mantener sus depósitos bancarios".

El documento señala, asimismo, que el monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etecsa, "continúa imponiendo bloqueos a decenas de webs de medios y organizaciones independientes" y bloquea el acceso a internet en fechas señaladas o durante protestas.