Tokmakjian deberá indemnizar económicamente al Gobierno por los "daños causados"
El empresario canadiense Cy Tokmakjian no solo deberá cumplir la condena de 15 años de prisión impuesta por un presunto delito de corrupción, sino que además tendrá que indemnizar al Gobierno cubano por los daños causados. Las pérdidas se calculan en un total de 91.697996, 98 dólares, indica una nota oficial publicada en Granma.
El diario oficialista informa de la ratificación de la sentencia del Tribunal Provincial Popular de La Habana y da cuenta de las penas de prisión a las que están condenados los 17 acusados en el caso de corrupción, de los cuales 14 son ciudadanos cubanos, incluyendo al ex viceministro del Azúcar Nelson Labrada y al exdirector de la compañía estatal Ferroníquel Minera, Ernesto Gómez.
El empresario canadiense Tokmakjian fue "declarado responsable civilmente por los delitos cometidos y deberá resarcir a las entidades cubanas que resultaron afectadas por estos hechos y al Estado cubano en particular por el delito de Evasión Fiscal, con sus bienes, derechos y acciones y de manera subsidiaria con el patrimonio de las compañías Tokmakjian Group Inc., Tokmakjian Limited, CYMC Corp., Tokmakjian International Inc., y Perry Intertrade Inc. que fueron declaradas terceros civilmente responsables por el actuar delictivo de aquel", informa Granma.
Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular aunque la defensa del canadiense ha expresado su escasa fe en la justicia y el Estado cubanos.
Los abogados del empresario explicaron este lunes en una rueda de prensa que los activos confiscados a la compañía por el Gobierno están valorados en 100 millones de dólares. En la comparecencia, los letrados también hicieron referencia a los supuestos métodos intimidatorios utilizados por la Seguridad del Estado. Aseguraron que tras la detención de Tokmakjian, en 2011, fueron llevados a una oficina en la que se entrevistaron con generales que les informaron de que sus activos estaban siendo confiscados y que debían abonar otros 55 millones si querían que el empresario fuera liberado.