El Tribunal Supremo reduce las penas de los condenados por sedición el 11J en Holguín

Madrid/El Tribunal Supremo redujo las penas pronunciadas en febrero en Holguín contra 14 personas acusadas de sedición por el 11J. Las rebajas, sin embargo, apenas alivian lo elevado de unas sentencias que en algunos casos, los de Miguel Cabrera Rojas y Yosvany Rosell García Caso, pasan de los 20 a los 15 años de cárcel.

Iván Colón Suárez, José Ramón Solano Randiche y Maikel Rodríguez del Campo reducen sus penas de 18 años a 14 el primero y 13 los otros dos. Mario Josué Prieto Ricardo y Cruz García Domínguez pasan de 17 a 12 años. Miguel Enrique Girón Velázquez y Yoirdan Revolta Leyva, que habían recibido 14 años, reducen la pena a 11 y 10 respectivamente, mientras William Manuel Leyva Pupo –familiar del médico Alejandro Raúl Pupo Casas– y Franklin Reymundo Fernández Rodríguez consiguieron pasar de 12 a 9 años de prisión.

En el caso de Jessica Lisbeth Torres Calvo, condenada a 15 años de prisión en primera instancia, el tribunal reduce su pena a 10 años por su condición de joven madre. Por último están los dos más jóvenes, de 18 años cuando ocurrieron las protestas: Marcos Antonio Pintueles Marrero, que fue excarcelado tras el juicio de casación y deberá cumplir cinco años de trabajo correccional con internamiento, el mismo tiempo que estará en reclusión domiciliaria Yoel Ricardo Sánchez Borjas, que estaba en libertad provisional bajo fianza.

En el caso de Jessica Lisbeth Torres Calvo, condenada a 15 años de prisión en primera instancia, el tribunal reduce su pena a 10 años por su condición de joven madre

Entre los casos más peculiares está el de Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años, que tiene pasaporte español y reside en EE UU. El jóven, que tiene según sus familiares, "trastorno de personalidad, emocionalmente inestable y riesgo suicida", es el segundo extranjero condenado por el 11J, después del cubanoalemán Luis Frómeta Compte, sentenciado a 25 años por sedición tras las protestas en el barrio habanero de La Güinera.

La activista Salomé García Bacallao también ha llamado la atención sobre el caso de William Manuel Leyva Pupo, al que "a pesar de ser detenido con 20 años y tener antecedentes de esquizofrenia e intentos de suicidio, solamente le rebajaron la sanción a nueve años". El joven estuvo en huelga de hambre en prisión para protestar por la petición de la Fiscalía, que solicitó en enero 18 años de cárcel para él.

Otros dos enfermos son Iván Colón Suárez, que padece una úlcera vinculada a su alcoholismo y ha intentado suicidarse en prisión según sus familiares; y Cruz García Domínguez, enfermo de Parkinson. Ambos están en huelga de hambre tras la sentencia definitiva. En su día, Miguel Enrique Girón Velázquez fue considerado "no apto" para entrar en las Fuerzas Armadas por una discapacidad que le obliga a usar un bastón, pero eso no le impedirá pasar más de 10 años en la cárcel por manifestarse.

El juicio se celebró el pasado 27 de abril y el tribunal estaba formado por Alina de Fátima Santana Echerri, Ileana Julia Gómez Guerra, Yoel Izquierdo Castro, Bertha Doimeadiós Martínez e Isnelda Pino Gutiérrez, que mantuvieron el delito de sedición, uno de los más graves en los sistemas judiciales de todo el mundo y que en Cuba ha servido para condenar a decenas de manifestantes del 11J en distintos procesos.

Según Cibercuba, que tuvo acceso a la sentencia, los acusados fueron convocados por personas cuya identidad no consta para "salir a las calles esa tarde e integrarse en grupos con el común propósito de desafiar e irrespetar instituciones oficiales". Todos ellos tenían, indica el texto, el "propósito de subvertir el orden social y político del país".

El tribunal ha considerado pruebas "irrebatibles" las "impresiones olorosas" hechas por los perros que reconocieron la zona

Aunque ninguno de los acusados ha negado haber participado en las manifestaciones, el tribunal ha considerado pruebas "irrebatibles" las "impresiones olorosas" hechas por los perros que reconocieron la zona.

Por otro lado, en La Habana recibió una nueva condena a dos años de prisión Maikel Puig Bergolla, que ya cumplía 20 años de prisión por "instigación para delinquir" y "dos delitos de asesinato en grado de tentativa" por su participación en el 11J en Güines, (Mayabeque).

Puig estaba acusado de un delito de atentado contra el jefe de la prisión de Quivicán, donde fue inicialmente encarcelado. El pasado octubre, el preso fue trasladado a una celda de aislamiento en la que, según sus familiares, permaneció tres meses y ocho días. En el momento del traslado, preguntó la razón del cambio y, como no recibía respuesta, comenzó a gritar pidiendo ayuda a otros presos.

"El Jefe de la Prisión de Quivicán montó un teatro diciendo que Maikel lo había amenazado con mandar a 100 personas a tirarle piedras a su vivienda, y que él temía por su vida y las de sus familiares", contó su esposa. Finalmente, tras un juicio que se celebró el pasado 3 de junio en el tribunal de San José de las Lajas, se le impusieron dos años de prisión más, que deberá cumplir donde está ahora, en la cárcel de Agüica, Matanzas, a 158 kilómetros de su casa.

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