Los tribunales multiplican los juicios ejemplarizantes para amedrentar a la sociedad cubana

Madrid/La prensa oficial cubana ilustra estos últimos días con un reguero de juicios “ejemplarizantes”, un adjetivo poco apreciado en el derecho penal moderno, que considera que la justicia debe ser justa y no ejemplarizante. Uno de los últimos en trascender es el que impuso penas de 20, 25 y 30 años de cárcel por asesinato en Santiago de Cuba, un caso que no trasdendió en el momento en que ocurrió.

Los hechos se remontan al 4 de diciembre de 2023, durante un cumpleaños que se celebraba en El Castillito, un poblado de El Cobre. Los tres condenados aparecieron en la fiesta con un machetín y un machete ocultos en su ropa. Según cuenta el diario Sierra Maestra, la presencia de estas personas perturbó el ambiente volviéndolo violento y, sin que conste cómo se inició una reyerta, un joven murió, otro estuvo a punto de ser asesinado y hubo cuatro heridos.

“Gracias a la efectividad y prontitud del Ministerio del Interior en su detención y el posterior esclarecimiento de los hechos, estas personas están a disposición de los tribunales”, destaca la nota, que describe un modélico juicio con todas las garantías procesales. En él, fueron condenados los tres acusados por tenencia de armas, desórdenes públicos, asesinato en grado de tentativa y homicidio. Aunque no se especifica la fecha del juicio, se sabe que aún están dentro del plazo para interponer un recurso.  

“Gracias a la efectividad y prontitud del Ministerio del Interior en su detención y el posterior esclarecimiento de los hechos, estas personas están a disposición de los tribunales”

La nota comienza con otro juicio por un delito de menor gravedad celebrado también en Santiago. En este caso, el acusado por robo con violencia en grado de tentativa fue condenado a 10 años de prisión, ya que, además, había reincidencia –fue juzgado en dos ocasiones previas por el mismo tipo de delito– y “desajustada conducta social”.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Santiago de Cuba, entre las calles Corona y Enramadas, cuando el acusado se abalanzó sobre la víctima con un cuchillo, amenazándola con apuñalarla si no le entregaba las gafas que llevaba. “Los hechos en que incurrió resultan de extrema gravedad, atentan contra la tranquilidad ciudadana y el orden social”, apostilla el texto.

También este martes informa Cubadebate de una nueva causa contra el tráfico de drogas. En este caso, el juicio, celebrado “recientemente” en La Habana, fue masivo, ya que había 45 personas imputadas por delitos de este tipo. La mayor condena recayó sobre una persona acusada por posesión, comercialización y distribución de drogas, “con fines de enriquecimiento personal”. La pena fue de 15 años de prisión para el acusado, detenido en plena comisión del delito. 

“El fiscal subrayó la importancia del fallo para el orden público, señalando factores agravantes como las grandes cantidades de drogas, la participación de menores y la reincidencia del acusado, lo que podría conllevar penas más severas como parte de los esfuerzos continuos de Cuba para combatir los delitos relacionados con las drogas”, agrega el texto, que se une al relatado este domingo en el que la Fiscalía pidió 20 años para un habanero por comercialización de cannabinoides.

Exactamente por el mismo delito fue procesado y sentenciado un hombre que deberá cumplir 19 años de cárcel tras haber introducido drogas en prisión a su regreso de un pase. El caso se produjo en Camagüey y fue el medio Adelante quien lo relató este sábado.  

Exactamente por el mismo delito fue procesado y sentenciado un hombre que deberá cumplir 19 años de cárcel tras haber introducido drogas en prisión a su regreso de un pase

En Holguín trascendió otro caso por el que fueron condenadas a seis años de prisión dos personas por sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes. 

Todos y cada uno de los juicios anunciados estos días llevan como coda un párrafo explicando la importancia educativa, profiláctica o preventiva de la publicidad –se deduce– dada a estas causas, que discurrieron dentro de lo que las autoridades han denominado “Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales”. 

Como parte de este proceso, que comenzó el 2 de diciembre, “se han desarrollado más de 4.000 acciones preventivas, profilácticas, que conllevaron el traslado a estaciones de policía de  más de 3.300 personas implicadas en delitos e ilegalidades”, informó en televisión la coronel Deniset González.

Los datos son de todo tipo, desde las 100 personas juzgadas por hurto y la receptación de ganado mayor a los 50 procesados por violaciones de precios, otros 15 advertidas y 900 multadas, todos ellos trabajadores y propietarios de negocios privados. También se habló de violaciones de normas de tránsito, “incumplimiento o abandono de la guardia obrera”, y supervisiones de ámbitos muy concretos, como jóvenes presentados como conflictivos, bodegueros, administradores y repartidores de gas, entre otros. 

Además, se ha “potenciado” la finalización de expedientes penales, con vistas a tomar medidas cautelares o solicitar la apertura de juicio oral con celeridad. Entre las prioridades ha estado, sostuvieron los funcionarios entrevistados, “el enfrentamiento a los delitos que afectan el sistema eléctrico nacional”, entre ellos la sustracción de aceite dieléctrico, hechos que pueden desembocar en una acusación por el delito de sabotaje. 

Por violaciones y delitos de tipo económico o fiscal se impusieron más de 200 multas por valor de 2,18 millones de pesos y se determinaron deudas tributarias de más de 61,3 millones de pesos

Por violaciones y delitos de tipo económico o fiscal se impusieron más de 200 multas por valor de 2,18 millones de pesos y se determinaron deudas tributarias de más de  61,3 millones de pesos, además del decomiso de 3,4 millones en efectivo para ser depositados en bancos. 

Los datos más llamativos corresponden al “control de precios”. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, dijo que se han realizado 508.845 inspecciones “y se ha detectado un nivel de incumplimiento que no hemos logramos rectificar. Las principales incidencias se relacionan con precios abusivos o especulativos, irregularidades en el pesaje y el ocultamiento de mercancías. Esto persiste y, por eso, se requiere mayor control, mayor sistematicidad y mayor enfrentamiento en cada uno de los territorios”.

No sorprende, al contrario, que el ministro corrobore que las irregularidades ocurren tanto en el sector estatal como en el privado. Fruto de ello, se han impuesto cientos de miles de multas que, si bien dejan 814 millones de pesos en las arcas del Estado, no parecen ser cuantiosas si se divide entre los sancionados, ya que el promedio es de solo 2.600 pesos (unos 8 dólares en el mercado informal de divisas). 

El ministro resumió que en lo que a control fiscal respecta, se han realizado más de 6.000 “acciones de control” que han permitido cerrar, de manera temporal, 680 negocios “hasta que ese actor económico rectifique su actitud y se ordene conforme a lo que está establecido. En caso contrario, quedará cerrado de manera definitiva”.

Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba y presente también en el programa dedicado a ofrecer estos datos, en concreto los del ámbito penal, afirmó que “la tranquilidad ciudadana es esencial y, por tanto, los actos que se cometen contra nuestros agentes del Ministerio del Interior son hechos graves”. 

La multitud de casos relatados intenta ser una exhibición del control del Estado sobre la delincuencia, pero también pone en evidencia su incapacidad para la prevención y demuestra que los temores de la población ante una criminalidad en aumento no son infundados.