"Cada vez somos más y no podrán sacarnos de aquí"

La Habana/"Levanté mi casita de madera y piso de tierra con mi esposo y enseguida llegaron los inspectores. Pagué dos multas de 500 pesos y otra de 2.000 pesos duplicada, por ocupación ilegal del terreno. Pero no me fui". Así cuenta Kirenia Alganza Torres su primer encontronazo con las autoridades en Los Quimbos, una comunidad marginal en el municipio de Alquízar (Artemisa).

Pasaron varios años hasta que, el pasado 9 de noviembre, volvieron las autoridades para sacar a los vecinos de sus casas. "Nos dijeron que estábamos ilegales y que estas tierras son de la fábrica Alquitex que las necesita. Total, yo no sé para qué las quieren, porque la fábrica lleva tiempo parada y de aquí yo no me voy sin que me den una casa o un terreno legal para construir", dice con firmeza esta mujer de 39 años que tiene cinco hijos menores y trabaja como auxiliar de limpieza en una escuela pedagógica de la zona.

Kirenia es una de las fundadoras de Los Quimbos. "Llevaba varios años atendida como caso social, incluso por intentos suicidas por mi situación crítica habitacional. Todo fue por gusto, hasta que decidí venir para acá, en cuanto me enteré que la gente estaba construyendo aquí", relata.

En el primer intento de desalojo se llevaron a 26 de los fundadores para la finca Mirtha, pero igual no tienen ni corriente eléctrica ni agua. "Yo al menos conseguí la electricidad con una tendedera", agrega.

Esta comunidad fue construida espontáneamente, a partir del año 2005, por migrantes provenientes de las provincias orientales, especialmente Guantánamo. Estos comenzaron a asentarse ilegalmente en tierras aledañas a la fábrica textil conocida como Alquitex, de nombre oficial "Rubén Martínez Villena", adscrita a la Empresa Textil Ducal del Grupo Empresarial de la Industria Ligera.

La bautizaron como las casas precarias de la periferia de Guantánamo, a su vez llamadas así por los quimbos de Angola, las chozas miserables que conocieron los soldados cubanos durante la intervención militar en el país africano.

Los Quimbos de Alquízar están conformados por alrededor de 100 viviendas marginales en las que vive más de medio millar de personas, sin agua, alcantarillado y muchas sin luz eléctrica. Los vecinos viven, además, bajo el asedio permanente de las autoridades, que han demolido varias chabolas y multado fuertemente a los vecinos de la comunidad.

El acoso reiterado no ha impedido la permanencia, el arraigo y la extensión de la comunidad ante la carencia de viviendas.

"De aquí no me voy porque no tengo adonde ir", sentencia Idelfonso Rodríguez, bicitaxista de 27 años, que cuenta: "Desde que levanté mi casita llegaron los inspectores y me comieron a multas: 500 pesos por apropiación indebida de la tierra, 1.000 pesos por no demoler y 300 pesos por conectar ilegalmente a la corriente. Las multas no he podido pagarlas. No tengo libreta de abastecimientos".

Rosaida, de 50 años, vino de oriente hace cuatro meses por un matrimonio que pronto se terminó, y quedó sola, en la calle y sin poder legalizar su cambio de dirección. "Me vi desesperada. Para atrás no podía volver, y levanté mi ranchito, de madera y cartón, piso de tierra. No tengo agua ya ahora tampoco luz. Las necesidades las hago afuera en el patio cuando oscurece. El agua para tomar y cocinar la cargo en porrones de lejos. Cocino con leña y los inspectores me cortaron la luz de la tendedera. No tengo libreta y como lo que aparece", relata.

La mujer asegura que el gobernador de Alquízar, Miguelito Rodríguez, la quiere deportar para oriente, "aunque en su última visita me pasó la mano por el hombro y me dijo que todo se iba a resolver", detalla. "Yo padezco de los nervios y no tengo marido. Prefiero estar sola, aunque tengo mucho miedo cuando cae la noche y la oscuridad. Aquí en mi patio tengo sembradas algunas viandas y trabajo ayudando a campesinos de por aquí. También vendo algunas ensaladas y compro pan para revender cuando puedo. Vivo como una perra, sin muertos ni dolientes".

René, de 72 años, se muestra también inflexible: "Soy discapacitado, estoy operado de la pierna y tengo por dentro una varilla. Así y todo trabajo como custodio en la finca Zorrilla. Vivo solo y me quieren sacar de aquí. Yo no tengo adonde ir. Esta es mi casa y de aquí no me voy".

Otro discapacitado, por un accidente de tránsito que le provocó una parálisis, es Eddy Reyes Frómeta, de 55 años. Él vive en un conuco contiguo al de su hermana, Mirtha, y ambos llegaron hace 17 años de Baracoa, Guantánamo. "Hace dos años, me tumbaron el ranchito, me montaron los policías en una guagua, me soltaron con las pertenencias en unos sacos y me dejaron botado. A los pocos días volví y no me han podido sacar más. Cada vez somos más y no podrán sacarnos", asegura el hombre.

Su hermana Mirtha, que vive con su hijo, narra: "El lunes de la semana pasada, cuando vinieron los inspectores a sacarnos, nos pusieron números a las casas. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo no puedo regresar a Baracoa. No me meto con nadie y de aquí no me voy".

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