La vivienda como problema

La Habana/Hace dos semanas el Consejo de Ministros emitió un acuerdo que flexibiliza la transferencia de la propiedad a quienes ocupaban "viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales sin estatus legal o sin observar las formalidades en su construcción".

Se supone que esta medida, largamente esperada, beneficie a miles de familias en todo el país, no con una nueva vivienda sino con un nuevo status para la que ya habían conseguido.

Este acuerdo no abre la puerta a la construcción de nuevos inmuebles sino que solo regulariza la propiedad de aquellos que son un usufructo estatal o están bajo la condición de “ilegales”. No obstante, la nueva normativa hará crecer las estadísticas oficiales de casas registradas, que actualmente ascienden a 3.824.861 en todo el país, de las cuales casi el 40% se halla en regular o mal estado técnico.

Con la promulgación en la Gaceta Oficial de este acuerdo apenas cambiará la envergadura del "problema de la vivienda", la preocupación social más antigua, más extendida y de mayor impacto en la población cubana. En los últimos 60 años los intentos de solución solo han tenido repercusiones positivas a corto plazo y en la mayor parte de los casos se ha tratado de experimentos donde la improvisación y el voluntarismo han impedido obtener resultados perdurables.

El primer paso dado por el Gobierno en ese sector se dio en una fecha tan temprana como el 17 de febrero de 1959. Ese día, 24 horas después de haber tomado posesión del cargo de Primer Ministro, Fidel Castro suprimió la Lotería Nacional y creó en su lugar el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas (Inav), cuya función primordial sería construir casas con el dinero que se obtendría de la compra de los nuevos billetes de "la lotería revolucionaria".

No habían transcurrido tres semanas cuando la Ley 135 impuso una drástica rebaja del precio de los alquileres de las viviendas. En ese momento, el Estado no tenía ninguna presencia en el negocio inmobiliario puesto que aún no se había colocado la primera piedra del novedoso método, creado por el Inav. Los afectados eran los propietarios privados que, aunque significaban una minoría frente al número de beneficiados, eran el total de los que, hasta ese momento, invertían en la construcción de casas y apartamentos.

El 14 de octubre de 1960, viendo que la construcción de viviendas, usando los recursos financieros de la lotería no avanzaba al ritmo pretendido, el Comandante en Jefe, obsesionado con cumplir su promesa de resolver el asunto cuanto antes y al precio que fuera, firmó la Ley de Reforma Urbana, a la que en su disposición final se le otorgó "fuerza y jerarquía constitucional".

La nueva ley eliminó el derecho de un particular a lucrar con el alquiler de viviendas y convirtió en estatales todas las propiedades que se dedicaban a ese negocio. Luego de proclamar en su primer artículo que "toda familia tiene derecho a una vivienda decorosa" se especificaba que el Estado hará efectivo ese derecho en tres etapas.

En la primera, se amortizaría el precio de las casas con lo que la familia pagaba de renta en cinco años; en la segunda "etapa futura inmediata", el Estado "con los recursos provenientes de esta Ley" construirá viviendas de forma masiva y las cedería en usufructo permanente mediante pagos mensuales que no superaran el 10% del ingreso familiar. En la tercera "etapa futura mediata", el Estado construiría viviendas con sus propios recursos y "las cederá en usufructo permanente y gratuito a cada familia".

En los 25 años que mediaron entre la Reforma Urbana y su rectificación, el experimento más popular que se puso en práctica fue el plan de las microbrigadas

Una rectificación de esas ensoñaciones, que entró en vigor el 1 de julio de 1985, prolongó en 20 años el plazo de los pagos a efectuar y dictaminó que el precio a pagar se calcularía, a partir de esa fecha, por los metros cuadrados de la construcción.

En los 25 años que mediaron entre la Reforma Urbana y su rectificación, el experimento más popular que se puso en práctica fue el plan de las microbrigadas. Los cubanos que tienen menos de 30 años de edad solo conocen este concepto de oídas pues las otroras heroicas microbrigadas prácticamente desaparecieron a partir de 1990.

El movimiento se fundó el 17 de febrero de 1971 en el reparto Alamar situado al este de la capital. Se basaba en la idea de que los trabajadores construyeran sus propias viviendas. Para ello el Estado asignaba un terreno, suministraba materiales y colocaba un número reducido de especialistas que adiestraban a los que terminarían siendo albañiles, electricistas o plomeros.

Al concluir la obra, los apartamentos se distribuían en el centro de labor que había aportado los microbrigadistas, privilegiando las entregas a partir de los méritos laborales y sociales de los que estuvieran realmente necesitados. En todo el país se pueden encontrar estos repartos donde abundan los edificios de cinco plantas y de vez en cuando modelos más avanzados de diferentes tecnologías con 12, 14, 18 y 24 pisos.

Nunca se ha explicado de forma convincente los motivos de la desaparición de esta iniciativa, pero entre las razones pueden estar lo costoso que resultaba a los centros laborales seguir pagando el salario íntegro de los microbrigadistas que permanecían movilizados de forma permanente en la construcción de lunes a sábado por diez horas diarias a lo largo de entre tres y cinco años. Por otra parte la productividad de estos improvisados constructores resultaba baja y la calidad en la terminación dejaba mucho que desear.

Otro argumento de mucho peso es que, hasta julio de 1985, los que recibían una casa por esta vía y habían participado en la micro solo pagaban una mensualidad equivalente al 10% de su salario. Si alguien ganaba, por ejemplo 200 pesos, pagaba 20 cada mes, lo que multiplicado por los 240 meses que hay en 20 años cerraba el precio de su apartamento en 4.800 pesos cubanos, muy lejos de lo que le costó al Estado, de esta manera la inversión realizada resultaba irrecuperable en términos económicos.

En el ínterin se realizaba asignaciones de viviendas tomando las que dejaban aquellos que habían decidido emigrar definitivamente. La ley migratoria que se mantuvo vigente hasta finales de 2012 disponía la confiscación de las propiedades de aquellos que se marchaban del país.

Las oleadas más importantes fueron las de 1965 por el puerto de Camarioca, la de 1980 por Mariel y el éxodo masivo de los balseros en 1994. Como resultado de estas y otras salidas del país se le resolvió el problema a decenas de miles de familias, casi todas seleccionadas por "su probada lealtad política".

Con la llegada del general Raúl Castro a la presidencia del país se tomaron dos decisiones que tuvieron una fuerte repercusión: la autorización a la compraventa de casas (2011) y la nueva Ley migratoria (2013)

Con la llegada del general Raúl Castro a la presidencia del país se tomaron dos decisiones que tuvieron una fuerte repercusión: la autorización a la compraventa de casas (2011) y la nueva Ley migratoria (2013), que abolió el concepto de "salida definitiva" mediante el cual se le confiscaban las propiedades a los emigrados. En consecuencia, los que decidían irse vendían sus casas para sufragar los gastos de su emigración.

Al desatarse una oleada de transacciones para la compraventa de casas entre particulares el Estado se percató de que los precios que se declaraban legalmente, a los efectos de pagar el impuesto requerido, eran los que aparecían escritos en las propiedades, pero todo el mundo sabía que un apartamento que registraba un precio legal de 4.800 pesos cubanos se vendía realmente en 30.000 pesos convertibles, o sea aproximadamente 150 veces más.

Para evitar los efectos de este velado fraude, el Gobierno determinó cambiar por decreto los precios de las viviendas que fueran a ser vendidas y además asignó a cada una un "valor referencial" que multiplica por cinco, seis o siete la nueva cifra.

Sobre ese valor referencial es que hay que pagar el impuesto de compraventa. Por ejemplo aquel apartamento que en 1985 se valoró en 4.800 pesos cubanos hoy puede tener un precio oficial de 39.000 pesos, pero el valor referencial termina siendo de 234.000 pesos. En consecuencia cuando el propietario decide venderlo debe contribuir al fisco con un impuesto del 4% equivalente a 9.360 pesos, casi el doble del idílico precio que el esforzado microbrigadista liquidó puntualmente en 20 años.

Ahora, con las nuevas medidas, se facilitará la adquisición de un título de propiedad a quienes viven en un usufructo estatal y aquellos que no han podido legalizar la posesión de una casa. Sin embargo, lo más audaz que falta por hacer para empezar a darle una solución definitiva al problema de la vivienda no será flexibilizar el papeleo, sino permitir que las cooperativas de construcción se conviertan en empresas con suficiente capacidad jurídica para adquirir materiales, contratar personal calificado y abrir un auténtico mercado inmobiliario.

El Estado podría seguir construyendo para los que no tienen la capacidad de pagar las viviendas que salen al mercado. Justamente aquellos que reciben un salario de miseria. Al menos ya se ha reconocido que una casa no puede valer 4.800 pesos como establecía aquella hipócrita utopía.

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