Yo Sí Te Creo, voz de las mujeres maltratadas en Cuba

La Habana/Fundada en junio de 2019, la plataforma feminista lleva tres años embarcada en una tarea titánica: contabilizar y poner rostro a las víctimas de la violencia machista en Cuba, un trabajo que el Gobierno se resiste a realizar.

Poco a poco, su labor ha ganado protagonismo en el plano internacional, y ha sido la responsable de elaborar informes para la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, aportando los datos de feminicidios y señalando la ausencia de una cobertura para las víctimas de violencia machista por parte del Gobierno, así como la dejación de funciones de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas.

Este año, su trabajo ha sido aún más intenso, al toparse con una doble frustración. El nuevo Código Penal y el Código de las Familias, ambos aprobados en 2022, no atienden apenas ninguna de sus demandas y han tirado por tierra cualquier expectativa de que las autoridades, aunque fuera por una mera causa de imagen internacional, decidieran legislar para poner coto a la violencia contra las mujeres en Cuba.

La plataforma ponderó del nuevo Código de las Familias, aprobado en referéndum el pasado septiembre, que ponga fin al matrimonio infantil, una figura legal que encubre ocasionalmente delitos de pederastia, como denunciaron. Sin embargo, lamenta las oportunidades perdidas con ambos cuerpos legales: no se tipifica el delito de feminicidio ni se considera una agravante. Tampoco se espera a corto ni medio plazo la ley integral contra la violencia de género, una de las más grandes aspiraciones del colectivo.

Otra de las grandes reclamaciones de la asociación es la existencia de redes de acogida o fomento del empleo para que las víctimas

Esta norma, considera Yo Sí Te Creo, permitiría actuar no solo en el ámbito punitivo sino en el más importante, el preventivo, para que aumente el rechazo social hacia la violencia machista y se deje de considerar un problema de ámbito privado. Además, la legislación de este tipo facilita que los funcionarios involucrados en violencia machista (desde policía a abogados, jueces o médicos) aborden los casos con perspectivas distintas a las actuales, ya que, denuncian, es habitual que desmotiven a las víctimas y desincentiven las denuncias.

Otra de las grandes reclamaciones de la asociación, en sintonía con legislaciones de países más avanzados, es la existencia de redes de acogida o fomento del empleo para que las víctimas puedan vencer los temores y resistencias a verse solas y sin recursos al separarse o denunciar a sus victimarios.

Nada de esto parece estar entre las urgencias del Gobierno, que pospone al menos a 2026 la evaluación de los estudios que pretende realizar de cara a plantearse una ley de este tipo. Mientras, las víctimas contadas este año de manera informal en Cuba casi alcanzan ya a las oficiales de España, un país con una población más de cuatro veces mayor.

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