Los presos del 11J, detenidos por gritar "libertad" en Cuba
Decidieron salir a la calle contagiados por las imágenes de San Antonio de los Baños
La Habana/No pertenecían a ninguna organización opositora dentro de la Isla ni, como aseguraron los medios oficialistas en una previsible campaña de desprestigio, fueron instigados por el "enemigo" de fuera. Simplemente, junto a miles de compatriotas en decenas de ciudades por toda la Isla, decidieron salir a la calle contagiados por las imágenes de San Antonio de los Baños que, ese 11 de julio, corrieron como la pólvora en redes sociales.
"No tenemos miedo", "queremos libertad", "somos más", "abajo la dictadura" y "patria y vida" fueron algunos de los gritos que sonaron en aquellas manifestaciones espontáneas. El primer jarro de agua fría para aquellos eventos, inéditos en 62 años –está el antecedente del Maleconazo en 1994, pero solamente en Centro Habana–, fue la declaración del mandatario Miguel Díaz-Canel aquella misma tarde: "La orden de combate está dada".
El apagón de internet instaurado por Etecsa, al servicio del Estado, ese día y los siguientes, generó confusión sobre el saldo de la represión. Al principio, organizaciones no gubernamentales contaron más de 5.000 detenidos. Finalmente, hubo un muerto, Diubis Laurencio Tejeda, tiroteado por la espalda por un policía en el barrio habanero de La Güinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio.
Cubalex, el grupo de asesoría jurídica que acompaña a los familiares de los presos, registra un total de 1.314 personas detenidas esos días, si bien asevera que su listado presenta un "subregistro". De ellas, al menos 696 están en centros de reclusión. De los 570 excarcelados, muchos están a la espera de juicio en libertad bajo fianza o en prisión domiciliaria. Un total de 140 personas enfrentan cargos de sedición.
Entre los arrestados se encuentran también opositores y exprisioneros de la Primavera Negra de 2003, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Desde finales de noviembre, los detenidos del 11J están siendo procesados en diferentes ciudades de la Isla. Las peticiones fiscales van entre los 6 y los 15 años de privación de libertad, por supuestos delitos como resistencia, atentado, desorden público, instigación a delinquir o desacato.
Un caso especialmente dramático es el de Yoan de la Cruz, el primero que hizo una transmisión en directo por redes de las protestas desde San Antonio de los Baños. Piden para él, solo por eso, 8 años de cárcel.
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