"O se acepta el sector privado o no se acepta", advierte un empresario al Gobierno cubano

Madrid/Por si no fuera limitante suficiente para la creación de empresas privadas en Cuba la legislación vigente, incluido el listado con 124 actividades prohibidas, el Gobierno parece empeñado en detener este proceso yendo incluso contra sus propias leyes. Eso es, entre otras cosas, lo que denuncia Oniel Díaz Castellanos, fundador de la consultora Auge.

Este mismo lunes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la ley del presupuesto del Estado para el año 2023 y, como parte de ella, eliminó la exención de impuestos para las micros, pequeñas o medianas empresas (mipymes) durante su primer año de vida. Tal y como fue recogido en la prensa oficial, "a partir de la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales, queda sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las mipymes, por un periodo de seis meses cuando surgen de una reconversión y de un año cuando son de nueva creación, constituidas a partir del 2023. Las mipymes constituidas con anterioridad y que están disfrutando de este beneficio, lo mantienen hasta el término del periodo por el que les fue otorgado".

La medida, clama Díaz Castellanos en una transmisión directa de Facebook, no es solamente letal para los nuevos emprendedores y para atraer inversiones, sino que va contra las propias leyes del juego aprobadas por el régimen.

Las medidas anunciadas, asevera, "fracturan tremendamente aquella frase de la igualdad de condiciones entre los actores económicos"

"Hay un decreto-ley de mipymes, hay un listado de actividades prohibidas, pero no hay mercado cambiario, no hay insumos, no hay créditos suficientes, hay un marco regulatorio rígido y, encima, ahora hay cero incentivo, cero apoyo, porque la empresa desde que comienza a existir ya tiene que pagar impuestos como si llevara toda la vida trabajando", argumenta el consultor.

Frente a ello, recuerda, en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, los inversionistas extranjeros o nacionales "tienen diez años libres de impuestos sobre utilidades, están exonerados del impuesto sobre el uso de la fuerza de trabajo y tienen varios incentivos". Las medidas anunciadas, asevera, "fracturan tremendamente aquella frase de la igualdad de condiciones entre los actores económicos".

La tendencia gubernamental en contra de las mipymes, sin embargo, no es algo nuevo. El propio Díaz Castellanos lleva alertando semanas del retroceso que parece estar sufriendo el proceso de creación de empresas particulares. Una muestra es que el Estado, que venía aprobando entre 100 y 120 pequeñas empresas semanalmente, lleva "dos semanas consecutivas sin que se anunciaran nuevas mipymes, un hecho sin precedentes en los últimos doce meses".

"No se puede chiflar y sacar la lengua a la vez. O se acepta el sector privado o no se acepta. Y lo segundo ya no cabe después de lineamientos, congresos y diez años", escribió el fundador de Auge este domingo en sus redes sociales. Ante la avalancha de preguntas y comentarios, Díaz Castellanos prometió detalles en una directa, que transmitió finalmente la noche de este lunes.

En ella, el emprendedor recordó que hay más de 10.000 solicitudes para ser mipymes y que de ellas quedan por ser aprobadas más de 4.000, "un número no pequeño". A estas se les está poniendo varias trabas, enumeró Díaz Castellanos, entre ellas, obligarlas a retirar la comercialización de sus actividades principales y ponerlas como actividades secundarias, o cuestionar a aquellas empresas que consignan un objeto social amplio (algo habitual en las sociedades donde rige el libre mercado, que permite a las empresas no ceñirse a una sola finalidad, sino a muchas posibles, de suerte que flexibiliza sus actividades y disminuye el riesgo de la inversión). Todo esto, reitera Díaz Castellanos, no figura ni en el decreto-ley de mipymes ni en el listado de actividades prohibidas, que es el marco regulatorio vigente.

Nada de ello, dice, además, "afecta al sistema del país, infringe la Constitución de la República, ocasiona un perjuicio económico ni social ni político a nuestro país"

Nada de ello, dice, además, "afecta al sistema del país, infringe la Constitución de la República, ocasiona un perjuicio económico ni social ni político a nuestro país".

El cambio en las condiciones de partida, "lo único que hacen es comprometer la credibilidad de la política económica del país y la credibilidad de las instituciones que la aplican", dice el empresario, para quien "sin estabilidad, sin confianza en las regulaciones, en la manera que esta se aplican, en las instituciones, no va a avanzar el país". Un "tejido empresarial potente", opina el emprendedor es, entre otras cosas, lo que necesita Cuba para salir de la gran crisis en que se encuentra.

Díaz Castellanos se defiende de las críticas recibidas por parte del oficialismo, que argumenta que lo suyo son "demandas gremiales", y explica que a quien perjudican estos "titubeos" es "a todos". "Para los que piensan que se están enfrentando a Monsanto, a Tesla o a Amazon, los grandes monopolios del capitalismo global, debo decirles que no, que simplemente están criticando, señalando a empresas pequeñas, que tienen pocos trabajadores, que tienen pocos recursos, empresas pequeñas que en estos momentos están sumamente limitadas por el contexto actual", expresó el consultor, quien puntualizó que los emprendimientos "ya de por sí nacieron con control" como restringir una mipyme per cápita y tener un límite de 100 trabajadores.

Del mismo modo, declara, "no hay marcha atrás en el papel del sector privado", que, detalla basándose en datos de la propia Asamblea Nacional, representa el 34% de la fuerza laboral y entre el 12 y el 14% del PIB. En su conclusión, opina con cautela que "fue un error" lo que se construyó en Cuba en los últimos sesenta años "de espaldas al mercado".

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