Se confirma la eliminación de la exención de impuestos para las nuevas 'mipymes' en Cuba

Madrid/El fin a la exención del impuesto del 10% sobre la comercialización mayorista para mipymes, conocido desde la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2023, volvió a ser lo más noticioso de la Mesa Redonda de este lunes. El programa, en el que participaron la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, y dos viceministros, además de la jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), estaba dedicado a presentar a los ciudadanos las claves principales de las cuentas públicas, pero aportó poca o ninguna información respecto a la que ya se conocía.

El viceministro Vladimir Regueiro fue el responsable de hablar de la noticia que tanto malestar ha causado a los nuevos empresarios. "Hemos evaluado que, a los niveles de precios en que se están realizando esas comercializaciones, resulta aplicable el 10%. Consideramos que el objetivo de impulsar el crecimiento, la transformación y el reconocimiento de esos actores económicos se ha encauzado", indicó.

"Consideramos que el objetivo de impulsar el crecimiento, la transformación y el reconocimiento de esos actores económicos se ha encauzado"

Por ello, la exención se mantiene por un año para las que ya lo disfrutaban, pero se suprime para todas las nacidas en 2023, una mala noticia para los empresarios privados, como había denunciado Oniel Díaz Castellanos, fundador de la consultora Auge, al conocer la decisión. "Ahora hay cero incentivo, cero apoyo, porque la empresa desde que comienza a existir ya tiene que pagar impuestos como si llevara toda la vida trabajando", lamentó en una directa de Facebook el pasado diciembre.

Regueiro, sin embargo y en un aparente giro de guion sobre la política tradicional cubana, subrayó que "no se trata de recaudar más a ultranza, porque aun cuando los ingresos sean tan necesarios, no pueden tener un efecto de confiscación de la riqueza que se genera".

El funcionario fue a lo concreto, asumió que es indispensable que crezcan los ingresos si se quieren estabilizar las cuentas y hacer frente a los "crecientes gastos del país". La enorme ola migratoria permitirá ahorrar al Estado, pero a la vez pone en jaque un sistema en el que cada vez hay menos trabajadores y más pensionistas. Se espera un crecimiento de la recaudación del 17% respecto al año pasado e ingresar 283.527 millones de pesos de los que más de 150.000 millones son tributarios (un 53% del total y un aumento del 23% con respecto al anterior) y 133.000 no tributarios (una subida inferior al 4% comparado con 2022).

Regueiro anunció entonces una "revisión de las bases imponibles y tipos impositivos" que habrá que esperar para conocer, aunque también adelantó que se controlarán más las irregularidades y se tratará de comunicar mejor para lograr la sensibilización de la población en la cultura del pago de impuestos. Todo un reto para un Gobierno con muy escasa transparencia sobre el destino estricto del dinero público.

Aunque las mipymes ven el fin de su exención, sí se aprobaron beneficios para otros colectivos, en este caso van a parar a dos de los sectores que con más urgencia se necesita levantar, el agropecuario y el de las energías renovables, que gozarán de cinco años sin impuesto de utilidades en los parques tecnológicos, así como la exención de aranceles de importación y "adecuaciones en el pago del impuesto sobre utilidades en los proyectos vinculados con las fuentes renovables de energía".

También estarán bonificados los impuestos sobre utilidades a las empresas de alta tecnología e informáticas. Estas medidas tendrán carácter temporal para incentivar algunos sectores concretos

También estarán bonificados los impuestos sobre utilidades a las empresas de alta tecnología e informáticas. Estas medidas tendrán carácter temporal para incentivar algunos sectores concretos y supondrán, dijo el viceministro, "un sacrificio en la captación de ingresos".

En el caso del sector estatal se aumentará la aportación por el rendimiento en un 10% en la mayoría de las entidades, con excepción para las que tienen precios centralizados, ya que, consideran, "existe la capacidad para realizar una contribución adicional al presupuesto".

Otras dos medidas concretas que anunció Regueiro fueron la deducción del 10% por gastos para quienes obtuvieron gratificaciones por trabajar en firmas extranjeras, además de un mínimo exento de 39.120 pesos y el reconocimiento de la tasa del mercado cambiario en las operaciones de importación, acceso del mercado e ingresos recibidos, como reclamaba el sector no estatal.

Frente a estas medidas más concretas, la ministra Bolaños Weiss se centró en el marco más general e indicó que se intentará reducir el déficit (planificado para 2023 en 68.128 millones de pesos, unos 7.000 menos que el pasado año) mediante el aumento de ingresos y "la demanda de financiamientos", algo que aumentará precisamente la deuda.

"Se financiarán con prioridad los principales gastos que aseguren el sostenimiento de esos servicios sociales básicos y la atención de las situaciones de vulnerabilidad, tanto en las comunidades como en las personas (...) todo esto sin aplicar terapias de choques, sin recurrir a despidos en el sector presupuestario; siempre revisando donde podemos hacer un mejor uso de esa fuerza de trabajo, así como la calidad de los servicios".

El gasto social se lleva un 72% del presupuesto, más de 251.000 millones de pesos, que aumentan por las prestaciones de la Seguridad Social, aunque también ahí se incluirían los 6.000 millones para la asistencia social. Se destacaron también los importes destinados a fabricar medicamentos y producir alimentos, a mantener precios centralizados en los suministros y a las inversiones en vivienda y el programa hidráulico, dos apartados en los que las deficiencias son notables por más dinero público que se inyecte.

"Un presupuesto que, como viene siendo habitual, no se cumplirá, y volverá a plantear de nuevo el tema candente de la escasa credibilidad y confianza que se puede tener en los dirigentes de la economía"

En el programa intervinieron también la viceministra de Finanzas y Precios Maritza Cruz García, que habló de la descentralización del presupuesto por municipios, y la jefa de la Onat, que abundó en los aspectos tributarios que ya habían sido abordados por el viceministro.

Casi una hora de duración para lo que el economista cubano residente en España Elías Amor califica de "presupuesto de mero trámite, burocrático en exceso, muy poco relacionado con el otro instrumento intervencionista de la economía, que es el plan económico, y que apuesta por el aumento de la presión fiscal en un intento de recaudar más ingresos en una economía estancada".

El experto lamenta el escaso importe destinado a las inversiones –"tan necesarias para superar los estrangulamientos de la economía"–, 43.000 millones de pesos, el 12%; el desequilibrio de la seguridad social –con unos ingresos de 27.296,6 millones de pesos y unos gastos de 45.896,2 millones de pesos– y la deuda pública, que está en 120.867,7 millones de pesos.

"Un presupuesto que, como viene siendo habitual, no se cumplirá, y volverá a plantear de nuevo el tema candente de la escasa credibilidad y confianza que se puede tener en los dirigentes de la economía. En suma, el peor presupuesto para afrontar un escenario de grave crisis", sentencia.

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