Los inspectores resucitan 3.200 vacas en la provincia de Matanzas

El Gobierno cubano sigue su campaña de control de la masa ganadera en todo el país

El control pecuario no ha sido bien recibido por muchos guajiros
El control pecuario no ha sido bien recibido por muchos guajiros / Cubadebate
14ymedio

05 de julio 2024 - 19:07

La Habana/Luego de iniciar el pasado marzo el ejercicio de control del ganado, las autoridades de Matanzas han llegado a una conclusión: la caída de la masa de animales y de las cantidades de leche solo ocurría en los registros estatales. Con el 50% de los campesinos y tenientes de tierras inspeccionados, la provincia ha visto una recuperación del 24,8% de la natalidad –3.200 animales– y la opción de exigir otros 53.760 litros de leche a los guajiros.

Estos indicadores “expresan una respuesta al control”, opina Granma en un artículo publicado este jueves. Según comentó al diario oficialista Roger Jiménez Ramos, subdelegado de Ganadería en la provincia, se han detectado hasta el momento 1.403 casos de faltantes de animales, 12 nacimientos sin declarar, 33 animales sin marca y 100 casos de compraventa ilegal.

Para Jiménez este es un reflejo del “descontrol” en el territorio –que, según la prensa oficial, se extiende a otras provincias como Las Tunas, Camagüey o Artemisa–, donde las autoridades incluso han registrado casos de personas fallecidas que figuran como dueños de animales. Hasta el momento, se han aplicado multas por un total de 6.717.800 pesos, decomisado 33 animales y realizada la compra forzosa de 39.

Hasta el momento, se han aplicado multas por un total de 6.717.800 pesos, decomisado 33 animales y realizada la compra forzosa de 39

“Claro, no todo es sencillo de explicar. Por ejemplo, hay productores a quienes les faltan dos animales, pero que en su momento fueron a la Policía a reportar esas pérdidas y, por diversas razones, no tienen en su poder la tirilla para justificar esa situación. Hay otros que residen muy distantes del Registro Pecuario, y las cosas se les hacen más difíciles para inscribir o marcar los animales”, admite el funcionario, que prevé que las comisiones estatales de control deben estar preparadas para ofrecer mejores condiciones de contrato a los ganaderos.

Pese a que el censo pecuario no ha sido bien recibido por muchos guajiros, limitados desde hace meses para vender sus animales o comerciar libremente con su producción, las autoridades insisten en su propósito: “Lo más importante de este ejercicio de control, a nuestro juicio es que, gracias a un mayor orden y disciplina, es perceptible ya un freno en el decrecimiento de la masa, señal que no era visible desde hacía mucho tiempo”, es decir, se han vuelto a traer a las arcas estatales productos que el Gobierno considera “desviados”.

Granma también se esfuerza en mostrar la cara más revolucionaria del campesinado, entrevistando a los ganaderos que están de acuerdo con el registro, incluso si han sido penalizados. “Uno de los campesinos más destacados de la provincia, Miguel Cobo, se vio obligado a desembolsar la cantidad de 75.000 pesos, pues en el momento del conteo le faltaban seis animales”. 

El guajiro pagó asumiendo la responsabilidad por no poseer los documentos que indicaban la venta legal de las reses

El guajiro pagó asumiendo la responsabilidad por no poseer los documentos que indicaban la venta legal de las reses, pero la irregularidad pudo quizás haberse evitado con una mejor vigilancia policial en la finca. “Todos los días me mataban una res, hasta la yunta de bueyes me sacrificaron, y así no es posible criar ganado”, alega Cobo.

Otro testimonio es el de Edismar Galán Quesada, dirigente de una cooperativa, que, pese a estar de acuerdo con el control, estima que podría dedicarse igual esfuerzo a contener a los ladrones. “Los productores se quejan mucho porque no se actúa con la debida agilidad y firmeza contra el hurto y sacrificio. Hay quienes hacen la denuncia, en ocasiones hasta agarran al bandolero, y al final no pasa nada del otro mundo. Todavía hay mucha benevolencia en ese punto”, declara.

También se queja de los impagos por parte de las empresas estatales de Acopio, que a veces se demoran hasta 40 días después del plazo. “Otra cosa, a veces el termo no tiene lactodensímetro para medir la densidad de la leche y, entonces, la Ecil (Empresa de Productos Lácteos de la provincia) viola el pago como está establecido en perjuicio nuestro”, lamenta.

Sin embargo, estas son cuestiones secundarias para las autoridades, que aseguran que “no hay nada peor que el descontrol, que por lo general tiene un alto costo”. En el caso de Matanzas, la ganadería en manos de privados supone el 82,9% de la masa ganadera, el 80,5% de las vacas y el 88% de la producción total de leche. Por ello, estiman los funcionarios, la fiscalización de estos recursos permitirá al Estado “tener a mano los datos reales para saber lo que existe en el campo, y con qué contamos”. O lo que es lo mismo, hacer que los productos circulen una vez más, y exclusivamente, por los canales oficiales.

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