Marrero culpa a las pymes por el déficit estatal y alaba las ventas forzosas por infringir los precios topados

Madrid/No cabía esperar otra cosa que una larga lista de penalidades económicas de la intervención de Manuel Marrero este miércoles en el Parlamento en la que evaluaba la actividad y, no obstante, no defraudó. El dato que dejó más perplejidad fue la revelación de que los privados evadieron, presuntamente, 50.000 millones de pesos, “un tercio del déficit fiscal”, agregó. No se sabe si cometía un error el primer ministro, ya que el déficit, confirmado esa misma jornada, no llegó a los 100.000 millones, pero el detalle ya es casi cuestión menor. 

“No queda claro cómo el emergente sector no estatal habría sido capaz de defraudar al omnipresente Gobierno cubano por un monto de 50.000 millones de pesos”, escribió, estupefacto, el economista Pedro Monreal en X. “Si ese fuera el caso, estaríamos ante un caso de colosal incompetencia gubernamental”.

Error o no, no fue la única demostración de esa “incompetencia”. En la entrega de tierras en usufructo se han “depurado 388.000 tenentes, detectándose 130.000 ilegalidades” y en la ganadería se ha visitado a 107.000 propietarios y hallado 98.000 violaciones, datos clave dentro de los sectores que, fundamentalmente, alimentan a los cubanos. Los números demuestran el absoluto descuido con el que se ha supervisado la producción en un país en el que el Estado vigila constantemente a sus ciudadanos.

Los números demuestran el absoluto descuido con el que se ha supervisado la producción en un país en el que el Estado vigila constantemente a sus ciudadanos

Choca, eso sí, con la premura a la hora de sancionar a quienes vendieron los seis alimentos con precios topados sin cumplir la norma. Y más allá: ante lo que el imaginario popular ya conoce como “el secuestro del pollo” –en referencia a las mipymes que optaron por no venderlo en medio de la incertidumbre sobre el precio–, los inspectores han forzado su liberación. 

“Estamos yendo a donde están los productos”, dijo Marrero, que cifró en 354 las ventas forzosas de productos escondidos y a los precios establecidos. Como resultado de los incumplimientos de esta resolución, que apenas lleva 10 días vigente, se retiraron 53 licencias y se hicieron 21 decomisos.

Ya el ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro, había adelantado que en menos de 72 horas se había ‘cazado’ a 400 infractores del tope de precios, con lo que no sorprende que los días 11, 12 y 13 se hicieran 891 inspecciones que encontraron 4.000 violaciones, cuyas multas ascienden a más de 13 millones de pesos. Las autoridades habían dicho disponer de 7.000 inspectores pero, no se sabe de dónde –en pleno déficit de trabajadores–, Marrero afirmó que se puede llegar a tener 20.000. “El objetivo no es cerrar negocios, sino persuadir para que se cumpla lo establecido”, zanjó.

Algunos datos positivos para las cuentas públicas sí aparecieron, como la cantidad de dinero recaudado en aranceles a productos finales, donde la cifra pasó de apenas 108 millones a 610

Algunos datos positivos para las cuentas públicas sí aparecieron, como la cantidad de dinero recaudado en aranceles a productos finales, donde la cifra pasó de apenas 108 millones a 610. En materia impositiva también se mejoraron las previsiones, con 159.000 millones de pesos, un 10% más que lo planificado. 

Lo malo llegó a la hora de hablar de producción agrícola, como cabía esperar, y eso que aún no se conocen la cifras de la zafra azucarera, para la que es dudoso que haya un calificativo adecuadamente descriptivo después de que las dos anteriores ya fueron “la peor de la historia”. Marrero no reveló el número, que no tardará en salir, pero adelantó que “no se logró la producción planificada para satisfacer la demanda, aunque de 83 días se pasó a 150” y dijo que es necesaria la inversión extranjera para “salvar” esa industria. 

Insistió también el primer ministro en la descentralización de las producciones, cuya contratación asciende al 95% en junio, para que cada territorio organice mejor sus necesidades y potencialidades.

Otro de los temas esbozados, aunque habrá que esperar para conocer más, fue el de la futura ley de empresas, que tendrá como objetivo “actualizar” las normas de los privados y “ordenar” las relaciones con el sector estatal. Aunque no cabe esperar la verdadera revolución necesaria en ello, sí citó el primer ministro una cuestión importante, fruto sin duda de los numerosos casos de corrupción que están apareciendo en lo que las autoridades llaman “encadenamientos”, que no es otra cosa que la colaboración público-privada habitual en el capitalismo. 

La nueva normativa exigirá la verificación de que no haya vínculos familiares o personales entre las partes, además de que el objeto social debe comprobarse y el precio debe ser justo. Cuando exista la ley, lo importante será que se cumpla, cuestión dudosa si se empieza a escuchar la intervención de Marrero desde el principio. La norma incluirá, entre todas las cuestiones citadas por el primer ministro, el tope a los beneficios, ya vigente. “No se puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Hoy, a veces se aplica hasta el doble o el triple de ganancia”, dijo. 

“No se puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Hoy, a veces se aplica hasta el doble o el triple de ganancia”

En la intervención no faltaron algunos otros datos generales como los de vivienda, atención a vulnerables o delincuencia, esta última con valores porcentuales una vez más, en vez de totales. Marrero admitió que sigue habiendo un “registro delictivo elevado, aunque con un decrecimiento de un 10%” respecto a meses anteriores, mientras que los casos de robo y hurto de ganado descendieron un 20%, no se sabe sobre cuántos ni en comparación con qué momento. “Tenemos un pueblo de patria o muerte por el cual seguiremos en combate, convencidos de que sí se puede”, cerró su discurso.

No obstante, ahí estaba el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, que aún guardaba alguna perla que contó tras un larguísimo preámbulo dedicado a los males del “bloqueo”. El sucesor de Alejandro Gil Fernández recordó el ya conocido dato de la caída del producto interno bruto (PIB), un 1,9%, pero desgranó por sectores. Entre los que empujan a la mejoría están el turismo, las comunicaciones, la construcción y los servicios sociales asociados a la cultura y el deporte, pero decrecieron las actividades relacionadas con la agricultura (un enorme 12,7%), ganadería y pesca, producción manufacturera y azucarera y servicios sociales de salud y educación. 

Alonso Vázquez arregló el desaguisado de la prensa oficial, que indicó erróneamente, días atrás, que hubo 1,8 millones de turistas, y dejó claro que el total es de 1.321.900, lo que deja el total de junio en apenas 147.012 viajeros internacionales. La cifra alberga otra catástrofe, ya que vuelve a ser inferior –y ya van tres meses– a la del mismo mes del año anterior (154.590) 

Los ingresos de divisas por exportaciones mejoran –a pesar de que el pasado año, según contó Marrero, se perdieron 63.939 millones de pesos en la venta de servicios médicos, la joya de la corona– cumpliendo el plan al 88%, lo que es un 24% más que hace un año. Tiran del carro el tabaco, el carbón vegetal y los productos del mar y biofarmacéuticos, mientras caen el níquel, el ron, el azúcar, la miel y los camarones. 

Según contó Marrero, se perdieron 63.939 millones de pesos en la venta de servicios médicos, la joya de la corona

Según las cuentas, poco públicas, el mayor gasto corriente en importaciones es el combustible y la alimentación, pero no se dieron números, salvo los 900 millones de dólares que las “formas de gestión no estatal” gastaron en comprar en el exterior, de los que 622 son de mipymes.  Ninguna autoridad se atrevió a repetir el dato fantasioso presentado la semana pasada por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, que habló de una "factura petrolera del país de más de 4.000 millones de dólares”, sin aportar un solo dato que justificara ese gasto desmedido.  

“Es insostenible mantener la importación del 100% de los productos que se distribuyen, que cuestan al país unos 1.700 millones de dólares anuales a precios actuales, aún cuando hay en el país capacidades productivas”, espetó el ministro, que instó a elevar la producción. Como si bastara con pedirlo.