Retrasan hasta septiembre las restricciones de venta mayorista para las empresas privadas

La Habana/El Gobierno cubano anunció este martes que prorrogará hasta el 30 de septiembre el plazo para que las mipymes liquiden las mercancías que destinan al mayoreo. Las autoridades no han aclarado la causa de la extensión, por otros seis meses, de la fecha límite para cumplir con la resolución 56, aprobada en diciembre, que obliga a los negocios privados a abandonar la venta mayorista si no cuentan con la intermediación del Estado para esta actividad. Pero sí advirtieron de que los trabajadores por cuenta propia no tendrán el mismo beneficio.

Para este abril, cumplido el plazo de 120 días que el Ministerio del Comercio Interior dio a los cuentapropistas para liquidar todos sus productos de mayoreo –nacionales o importados, “en tránsito y en plaza”–, la actividad se considera en efecto prohibida para estos trabajadores autónomos.

Para los mipymeros, sin embargo, que inicialmente tenían la misma cantidad de días para resolver cuestiones administrativas o transformar el objeto social de su empresa, el Estado ha extendido el período de gracia por otros seis meses sin exponer razón alguna.

En la página de Facebook del Gobierno, varios usuarios se han aventurado a ofrecer una causa: la demora del ministerio a la hora de inscribir los negocios que cambiaron su objeto social para convertirse en productores, el único tipo de empresa que, supeditada al Estado, todavía puede dedicarse al comercio mayorista y también al minorista siempre que comercialice sus propios productos. En este apartado se incluyen, además de las mipymes, las Cooperativas no Agropecuarias.

Varios usuarios se han aventurado a ofrecer una causa: la demora del ministerio a la hora de inscribir los negocios que cambiaron su objeto social

“¿Por qué el Ministerio de Economía y Planificación no está aprobando las solicitudes de cambios para mayoristas hechas por las mipymes a través de la plataforma? ¿Cuál es el plazo para esas aprobaciones? ¿Quién responde por su incumplimiento? ¿Por qué no se informa o se da respuesta a los solicitantes?”, cuestionaba un usuario al pie de la publicación. Durante el proceso, añade la nota del Gobierno, solo “seis negocios conjuntos entre entidades estatales y mipymes privadas se han aprobado”.

Otro consideraba inútil la ley si no la acompañan medidas más estrictas: “Todavía hay privados haciendo comercio mayorista ilegal, además de que funcionan con más dinero que los bancos. Ahí es donde muchas veces hay que recurrir a buscar efectivo. Hay que hacer un cambio de dinero, de moneda para recoger todo ese efectivo, y decomisar lo que tengan en exceso sin declarar”.

En Cubadebate, varios lectores consideran que "la resolución 56 no debe ser aplazada, sino eliminada. Imponer un intermediario innecesario es una distorsión. Esta resolución generará más desabastecimiento, inflación, crisis en todos los sentidos".

La mayoría de los comentarios, no obstante, critican el enésimo método de “perfeccionamiento” de la economía, un eufemismo que ha utilizado repetidas veces el régimen para nombrar las medidas que limitan las posibilidades de negocio de los privados en beneficio de la “empresa estatal socialista”. 

“Es al revés. El actor fundamental de la economía cubana son las formas de gestión privada, y las poquitas empresas estatales que subsisten son el complemento del mercado negro privado”, aseguraba un usuario. “Esa resolución es una aberración económica y política”, zanjaba otro.

Cuando el Gobierno anunció la medida el año pasado, el economista cubano Pedro Monreal también criticó el aumento de la presión estatal sobre las 'mipymes'

Cuando el Gobierno anunció la medida el año pasado, el economista cubano Pedro Monreal también criticó el aumento de la presión estatal sobre las mipymes. La ley, dijo, “convierte a los actores no estatales, que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista, en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, estas sin divisas y no pocas de ellas ineficientes”.

La intención del Gobierno, valoró, es “oxigenar” a su propio sector mayorista mientras “asfixia” al privado y “despojándolo de su mercado”.

El pasado 5 de diciembre la Gaceta Oficial publicó la resolución 56 del Ministerio del Comercio Interior en la que incluía un paquete de medidas para “el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales”.

La ley, que entró en vigor de manera inmediata –sin el plazo de varios meses que suele dejarse– y, salvando la excepción para empresas productoras, elimina la opción de que los privados sean comerciantes mayoristas. Aunque a las mipymes y los trabajadores por cuenta propia sí se les permite seguir vendiendo de manera minorista “siempre que esté aprobado en su objeto social o proyecto, y cuenten con la licencia comercial para ello”.

Entonces,este diario conversó con un empresario que confesó su decepción con la ley. “Desde que se anunciaron en agosto las nuevas medidas nos estamos preparando. Ya pasó la luna de miel con las mipymes, ahora el Estado está mostrando su verdadero rostro abusivo con los privados. Mientras nos cierran a nosotros, permiten cada vez más empresas extranjeras, varias españolas, las ventas mayoristas”.

Las restricciones estatales han obligado a muchos negocios particulares a cerrar sus puertas y, este año, la debacle finalmente apareció reflejada en números. Por primera vez desde que se autorizó su creación en septiembre de 2021, las mipymes registraron un descenso: en diciembre había 222 menos de las que había en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.