Reabrir el caso de los jesuitas es importante en la lucha por la justicia en El Salvador
Entrevista con el sacerdote Andreu Oliva tras la decisión del Constitucional de reabrir el proceso por la matanza de 1989
San Salvador/(EFE).- La orden de reabrir el proceso penal por la matanza en 1989 de 6 padres jesuitas -5 de ellos españoles- y 2 mujeres representa un "avance importante en la lucha por la justicia" en El Salvador, dijo en entrevista con Efe el sacerdote jesuita Andreu Oliva.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha ordenado que el proceso penal por la masacre se reabra tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado.
El Constitucional, que también ha dado 10 días a la Sala de lo Penal para que "modifique" una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señaló el miércoles que se "violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas".
El Constitucional señaló el miércoles que se "violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas"
"La decisión la recibimos con agrado ya que se responde a una demanda de justicia y de verdad" tanto de parte de la Compañía de Jesús como de la Universidad Centroamericana (UCA) y los familiares de las víctimas, señaló Oliva, el actual rector de esta institución, en cuyo campus ocurrió la matanza.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos y a las mujeres.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó "que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre".
El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre del año pasado un amparo ante la Sala de lo Constitucional para que se revisara esa resoluciónl.
Para Oliva la decisión de la Sala de lo Penal de cerrar el caso fue en "contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos".
Y con la decisión del Constitucional de ordenar reabrir el caso "se está dando la razón a lo que nosotros siempre hemos defendido, que había que conocer la verdad y había que aplicar la justicia en este caso y en todos aquellos casos que han habido en El Salvador, especialmente los cometidos durante el conflicto armado y que siguen en la impunidad".
Para Oliva la decisión de la Sala de lo Penal de cerrar el caso fue en "contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño
"Creo que es un avance importante en la lucha por la verdad y la justicia de parte de todos aquellos que estamos en contra de la impunidad y que creemos que la verdad y la justicia son fundamentales para construir un futuro de paz en el país", subrayó.
Apuntó que es una buena oportunidad para que la Fiscalía investigue y pruebe "la participación de los que están señalados en el caso como autores".
Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.
El sacerdote jesuita aseguró que "mucho del trabajo (de investigación) está avanzado porque en la Audiencia Nacional española ya se ha hecho una investigación sobre el caso".
La Audiencia Nacional española condenó en septiembre de 2020 a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano por ser el responsable de planear y ordenar, junto a la cúpula castrense y el entonces presidente Cristiani, los asesinatos de los cinco jesuitas españoles.
"Evidentemente que vamos a estar atentos a que el proceso se haga de acuerdo a lo que establece la normativa salvadoreña y a los códigos procesales establecidos y que se hagan las cosas bien (...) no tendría ningún sentido para nosotros si este caso se utilizara políticamente", sostuvo.
La Audiencia Nacional española condenó en septiembre de 2020 a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano por ser el responsable de planear y ordenar los asesinatos de los cinco jesuitas españoles
Oliva subrayó que espera que "realmente sea un caso que responda a los principios de la justicia y que a la vez no sea el único caso que se aborde en El Salvador de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y de lesa humanidad".
Para el sacerdote jesuita "si realmente se llega a determinar quienes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados".
Los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López fueron asesinados por un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército salvadoreño. También asesinaron a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
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