Impuestos: ¿Castigo o necesidad?
A los cuentapropistas se les fija una serie de mecanismos puestos de antemano, calculados en forma muy arbitraria. Todo está hecho para evitar que la iniciativa individual prospere
[Las medidas impositivas] tratan de armonizar el desarrollo de las actividades por cuenta propia con la aplicación de una política impositiva
El pasado 30 de abril cerró la segunda campaña de declaración jurada sobre los ingresos personales en Cuba. Después de casi medio siglo sin pagar impuestos, los cubanos empezaron 2013 enfrentándose a una nueva ley tributaria aprobada a mediados del año anterior.
El propósito de "actualizar" el modelo socialista expresado por el Gobierno y las necesidades de financiación de unos servicios públicos que devoran el 53% del presupuesto del Estado llevaron a la aprobación de un conjunto de tributos. Los Gobiernos "recaudan impuestos (...) en todo el mundo, es normal", declaraba la economista Isabel Fernández días antes de la entrada en vigor del nuevo sistema recaudatorio. La forma de repartir las cargas fiscales, sin embargo, no complace a los especialistas, irrita a la población e indigna a la oposición.
"A los cuentapropistas se les fija una serie de mecanismos puestos de antemano, calculados en forma muy arbitraria. Todo está hecho para evitar que la iniciativa individual prospere", afirmaba en enero de 2013 el recientemente fallecido economista y opositor Óscar Espinosa. Los cuentapropistas –oficialmente unos 450.000, pero mucho menos en realidad- han asumido el peso del impuesto sobre ingresos personales llegando a tributar al 50% en caso de superar los 2.013 dólares anuales. Esto ha provocado la sospecha de que el Gobierno grava a los autónomos para evitar que abaraten algunos productos y se conviertan así en competencia para el Estado.
Ómar Everleny Pérez, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, lo niega y considera que el Gobierno ha intentado aliviar la carga fiscal de los cuentapropistas con decisiones como el periodo de gracia que se concede durante los tres primeros meses desde la apertura del negocio. Para el economista, las medidas tributarias "tratan de armonizar el desarrollo de las actividades por cuenta propia con la aplicación de una política impositiva. Ambas cosas van parejo porque si el único objetivo fuera recaudar impuestos terminas destruyendo los negocios que empiezan".
El economista opositor Elías Amor afirmaba en un artículo en Diario de Cuba que la norma castiga a quienes apuestan por emprender y crea un agravio comparativo frente a los trabajadores del sector público (casi el 90% de la población). Aunque Amor comprendía que los empleados del Estado estén exentos de tributar por los bajos salarios que perciben y porque "ya contribuyen al Estado por las vías estalinistas de apropiación de rentas", señalaba que "no deja de ser significativa esta segmentación".
La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) ha tenido que enfrentarse desde la primera campaña a otro de los problemas apuntados por los expertos: el fraude fiscal. La alta actividad ilegal en Cuba impide tener un control adecuado sobre los ingresos y gastos, lo que dificulta la recaudación. La ONAT informó en su balance del pasado año que 15.000 contribuyentes no habían presentado la declaración jurada, un fraude que Elías Amor atribuyó a razones políticas y, en concreto, a la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad privada. "El régimen castrista debe saber que, en tanto no se desarrollen estructuras democráticas, la evasión fiscal será un comportamiento generalizado", sentenció.
"¿Cómo lograr un sistema de impuestos que no desestimule al mercado, y que por otra parte nos permita mejorar una ya muy dañada infraestructura de beneficios sociales?", se preguntaba el opositor y matemático Antonio G. Rodiles en la revista Convivencia. Los bajos salarios, los elevados impuestos o la falta de infraestructuras para los nuevos negocios, son para Rodiles los grandes obstáculos para el crecimiento de la iniciativa privada. Los nuevos emprendedores cubanos contemplan cómo el reparto de las cargas fiscales solo ha lastrado sus posibilidades de crecimiento mientras los servicios sociales, a cuyo sustento deberían destinarse sus impuestos, continúan un imparable deterioro.
