Más de 115 represores del régimen cubano se han establecido en EE UU en el último año

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha identificado más de 1.000 ex funcionarios asentados en Estados Unidos

Los legisladores Carlos Giménez y Ana María Rodríguez y Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba
Los legisladores Carlos Giménez y Ana María Rodríguez y Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba / Twitter
14ymedio

28 de agosto 2024 - 23:30

La Habana/Más de 115 represores que engrosaron las filas del régimen cubano han entrado en el último año a Estados Unidos. La cifra es cinco veces mayor que la reportada en febrero de 2023 por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, que gestiona un programa para identificar a quienes, habiendo contribuido a la represión en la Isla, pretenden instalarse en un país democrático. 

El dato fue revelado en una conferencia de prensa este martes. Tony Costa, director de la organización, reportó que han “identificado más de 1.000 represores del régimen cubano (viviendo en EE UU) y más de 115 que han entrado el último año a este país, muchos de ellos mintiendo”. 

Acompañado de los legisladores republicanos de Florida Carlos Giménez y Ana María Rodríguez, y de activistas como Samuel Rodríguez –quien maneja un fondo económico para ayudar a los presos tras las protestas del 11 de julio de 2021–, Costa indicó que estos ex funcionarios “han abusado del sistema de inmigración para venir a Estados Unidos”. En ese sentido, el abogado Santiago Alpízar explicó que el programa de parole humanitario al que se han acogido muchos de los represores está plagado de “abusos”.

Integrantes del Partido Comunista, agentes de la Seguridad del Estado, fiscales y jueces están entre las personas que han llegado recientemente y que han sido identificadas en el proyecto digital Represores Cubanos.

Es ilegal darle un estatus migratorio a una persona que es parte del Partido Comunista o que esté vinculado a él. Es contra la ley

“Es ilegal darle un estatus migratorio a una persona que es parte del Partido Comunista o que esté vinculado a él. Es contra la ley. Estas personas, que están vinculadas con el régimen, que han sido represores en Cuba, no tienen derecho de estar aquí”, remarcó el congresista Giménez.

Mencionó casos como el de la fiscal Rosabel Roca Sampedro, quien pidió años de prisión para los jóvenes que se participaron en las masivas protestas el 11 de julio de 2021 en Cuba –por “atentado y desacato”–, y el de Manuel Menéndez Castellanos, ex secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, quien llegó el pasado 16 de agosto a Miami, donde reside parte de su familia.

En la rueda de prensa fueron presentados algunos testimonios de la represión llevada a cabo por estos ex funcionarios en Cuba. El activista Samuel Rodríguez, exiliado en Florida, habló de Rafael Reyes: “Fue el encargado de mi prisión cuando yo tenía solamente 18 años. Ese hombre está retirado acá, en Homestead. Él se metía a las casas buscando material que hablara de la Biblia para encarcelar a personas mayores”, denunció. 

También mencionó el caso de la jueza Melody González Pedraza, responsable, entre otros casos, de condenar a prisión a cuatro jóvenes acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de funcionarios del régimen en noviembre de 2022. Todos ellos fueron sentenciados por el Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, Villa Clara, que González Pedraza presidía, por el delito de atentado. Los tres primeros, a cuatro años de cárcel, y el cuarto, a tres.

Melody González Pedraza viajó a Estados Unidos, donde está detenida por las autoridades de inmigración a la espera de una audiencia de asilo político

González Pedraza viajó a Estados Unidos, donde está detenida por las autoridades de inmigración a la espera de una audiencia de asilo político.

Asimismo, habló sobre su caso el periodista Roberto Quiñones, a quien el Gobierno cubano encarceló por intentar cubrir un juicio a una pareja religiosa que quería educar a sus hijos en casa. Un juez, Amalio Alfaro Matos, “me negó el amparo, pese a que hice un recurso de súplica, se mantuvo y nunca se dio vista a la apelación, un derecho de todos los acusados para que se demuestre que hubo un debido proceso”, dijo. Incluso mencionó que lo conocía desde antes de 1999, cuando fue encarcelado por primera vez. Ahora Alfaro Matos vive en Tampa, denunció.

Otra víctima, Elixir Arando, contó que dos de las personas identificadas por la fundación lo acosaron cuando vivía en Guantánamo: “Es inaudito saber que estas personas que nos reprimieron, que nos golpearon, estén viviendo y disfrutando de la libertad en este gran país”.

La cifra de represores equivale a alrededor del 10% de todos los denunciados en la base de datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, lo que “revela la preocupante realidad de que personas implicadas en violaciones de derechos humanos continúen llegando y estableciéndose en territorio estadounidense”, alertó la ONG en un comunicado.

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