Amnistía Internacional nombra a seis cubanos prisioneros de conciencia tras el 11J

La Habana/Amnistía Internacional (AI) nombró este jueves a seis cubanos prisioneros de conciencia en el contexto de represión que vive la Isla desde el pasado 11 de julio (11J) tras las protestas pacíficas que tuvieron lugar en varias ciudades. Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Lavastida, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el reportero independiente Esteban Rodríguez, la activista Thais Mailén Franco Benítez y el rapero Maykel Castillo Pérez.

En el caso de Ferrer, AI consideró además que "la ocultación de su paradero" implica que el opositor está sometido a desaparición forzada "con arreglo al artículo 2 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que Cuba es Estado Parte".

Según detalló la organización en su informe, las autoridades cubanas con el presidente Miguel Díaz-Canel "a la cabeza", han desatado "una política de represión aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones". AI pidió al Gobierno de Díaz-Canel que ponga "en libertad inmediata e incondicional" a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos.

"En respuesta a las protestas del 11 de julio, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

AI pidió al Gobierno de Díaz-Canel que ponga "en libertad inmediata e incondicional" a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos

Guevara Rosas ha pedido también que pongan en libertad "de inmediato y sin condiciones" a los cientos de personas que continúan detenidas por protestar el 11 de julio y con anterioridad.

Con respecto a los procesos judiciales y los Derechos Humanos precisan que, según el derecho internacional, "toda persona detenida debe tener acceso a asistencia letrada desde el principio de una investigación criminal" y el relator especial de la ONU sobre temas de tortura "ha recomendado que esto ocurra en el plazo de 24 horas tras el arresto".

"Pese a ello, muchas personas liberadas tras su detención en relación con las protestas del 11 de julio, así como familiares de otras que siguen detenidas, han contado a Amnistía Internacional que carecieron de acceso a representación letrada", agregaron. AI reiteró su petición de acceso a Cuba "para monitorear la situación de los derechos humanos y asistir como observadores a los próximos juicios de cientos de personas que continúan detenidas".

Los juicios de apelaciones para los manifestantes acusados por el delito de "desorden público" tras participar en las protestas del pasado 11 de julio, continuaron esta semana. Este martes el Tribunal Provincial de La Habana ratificó la sentencia de 8 meses de reclusión domiciliaria contra Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, emitida en el juicio sumario que se celebró el 22 de julio en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre.

"Esto es una injusticia no solamente conmigo, también con las demás acusadas y con los detenidos del 11 de julio"

El Código Penal cubano define esta sanción como "trabajo correccional sin internamiento" pero en su caso, por tener menos de 18 años y estar vinculada a un centro de estudios, podrá ir de la casa a la escuela. La joven cursa el segundo año de Contabilidad en el politécnico Andrés Luján, de San Miguel del Padrón y explica que fue arrestada a pocas cuadras de la manifestación "cuando regresaba de la peluquería a su casa".

"Yo tenía la esperanza de salir absuelta de este segundo proceso, con libertad inmediata. Esto es una injusticia no solamente conmigo, también con las demás acusadas y con los detenidos del 11 de julio", declaró en una entrevista con el portal de noticias Cubanet.

Por otro lado, este miércoles le fue confirmada la sentencia de un año de privación de libertad a Yanay Bárbara Solaya, de 39 años y Annia Romero Fonseca, de 47.

El artista de la plástica Carlos González Acosta, que había sido sancionado a 10 meses de prisión por igual delito de desorden público, tras la apelación recibió una sentencia de 6.000 pesos de multa y prisión domiciliaria.

AI en su informe también afirma que documentó crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos como la existencia de "personas presas de conciencia" y "malos tratos".

"Muchos denunciaron condiciones de humedad y falta de espacio y de higiene en la cárcel, que no se habían adoptado medidas de distanciamiento social ni otras para prevenir el covid-19"

Detallaron que tanto los detenidos como sus familiares han contado a Amnistía Internacional en entrevistas que tras las protestas, "agentes encargados de hacer cumplir la ley actuaron selectivamente contra jóvenes de quienes sospechaban que habían participado en ellas, los sacaron a rastras de sus camas y, a veces sin calzado ni ropa, se los llevaron a la cárcel en vehículos policiales".

"Muchos denunciaron condiciones de humedad y falta de espacio y de higiene en la cárcel, que no se habían adoptado medidas de distanciamiento social ni otras para prevenir el covid-19 y que rara vez les permitían salir al exterior", señalan.

Detallan además que las autoridades cubanas "detuvieron arbitrariamente a cientos de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, en su gran mayoría pacífica, según una lista elaborada por la ONG Cubalex y los testimonios recopilados por Amnistía Internacional".

Según el estudio que realizaron la mayoría de los detenidos están acusados por delitos que tradicionalmente se han utilizado para silenciar a la disidencia, como el de "desórdenes públicos" o el "desacato".

Amnistía Internacional también recogió en su informe denuncias sobre "vigilancia y arresto domiciliario" a la que son sometidos activistas, artistas y periodistas independientes.

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