Melia, Expedia y Booking incluidas en la demanda en Miami bajo la ley Helms-Burton
La enmienda se da después de que las compañías fueran notificadas de la intención de ser querelladas en caso de que en 30 días no hubieran puesto fin a sus operaciones comerciales
Miami/(EFE).- La cadena hotelera española Meliá, así como las plataformas de internet Expedia y Booking, entre otras, han sido incluidas este miércoles en una demanda colectiva entablada en una corte federal de Florida y al amparo de la Ley Helms-Burton.
La enmienda ingresada ayer, a la que ha tenido acceso Efe, culpa de hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de 1959 a Meliá y a sus subsidiarias, así como a las plataformas de búsquedas hoteleras y turísticas Expedia, Hotels.com, Orbitz, Travelocity.com, Trivago y Bookings.com.
Presentada la demanda en junio pasado por la firma de abogados de Miami Rivero Mestre LLP, la enmienda se da después de que las compañías fueran notificadas de la intención de ser querelladas en caso de que en 30 días no hubieran puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba y compensado a sus antiguos dueños o herederos.
Al menos unos 40 ciudadanos estadounidenses alegan que sus propiedades en Cuba fueron expropiadas por "la dictadura castrista" y luego explotadas por las compañias demandadas
La demanda colectiva (class action), interpuesta en su momento contra la plataforma de búsqueda de plazas hoteleras Trivago, incluye ahora al menos a unos 40 ciudadanos estadounidenses, entre ellos Marisela Mata y Bibiana Hernandez, quienes alegan que sus propiedades en Cuba fueron expropiadas por "la dictadura castrista" y luego explotadas por las compañias demandadas.
"El gobierno comunista cubano robó propiedades de la familia Mata, la familia Vilaboy, la familia Cantero y la familia Angulo Cuevas, entre otras", resalta el escrito judicial.
La firma de abogados alega que la familia Mata por ejemplo "era dueña de un reconocido hotel, el San Carlos, en (la ciudad cubana de) Cienfuegos, que había estado en funcionamiento desde 1928".
"Durante casi seis décadas desde esas confiscaciones, el Gobierno comunista cubano, y más recientemente, compañías extranjeras y nacionales, incluidas Meliá, Expedia y Booking.com (incluidas sus filiales), han utilizado, traficado y se han beneficiado de estas propiedades confiscadas sin permiso o compensación de los propietarios legítimos", se lee en el escrito judicial.
Esta y otras demandas similares ya presentadas ante la justicia en Miami, una de ellas contra la compañía de cruceros Carnival, son posibles gracias a la entrada en vigor de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton de 1996.
En virtud de la norma, vigente desde el pasado 2 de mayo por decisión del presidente Donald Trump, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución pueden demandar en tribunales de EE UU a las empresas que se beneficien de esos activos.
Todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump, empezando por Bill Clinton, que firmó la ley Helms-Burton, dejaron desactivado el título III para no tener problemas en organismos internacionales y otros gobiernos.
La familia de Antonio Mata Álvarez demandó el 20 de mayo a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía española
El título III establece que si se notifica a la compañía que va a ser demandada treinta días antes de presentar la demanda y ésta no responde cesando las actividades cuestionadas y compensando a los antiguos dueños, se pueden obtener compensaciones por daños mucho mayores.
Precisamente, Andrés Rivero, uno de los abogados de Rivero Mestre, notificó el pasado 20 de mayo al grupo hotelero español Meliá la intención de los herederos de Antonio Mata de demandarlo en los tribunales de Estados Unidos por operar el hotel en Cienfuegos que les fue expropiado hace casi 60 años.
La familia de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando la expropiación, demandó el 20 de mayo a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía española, que aún no estaba demandada en EE UU.
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