Además de bloquear X, la Corte Suprema de Brasil multará con casi 9.000 dólares a los que usen VPN
Elon Musk ha calificado al juez brasileño Alexandre de Moraes como “un delincuente de la peor clase”
La Habana/En un acto de censura que sorprendería hasta a un cubano, la Corte Suprema de Brasil decretó que quienes utilicen redes virtuales privadas (VPN) para acceder a la aplicación X serán multados con 50.000 reales, el equivalente a 8.900 dólares. La decisión, tomada por el juez Alexandre de Moraes, es un paso más de las autoridades brasileñas contra la red social que dirige el magnate sudafricano Elon Musk.
La plataforma está bloqueada en Brasil desde la madrugada de este sábado por orden de De Moraes, un incondicional de Luiz Inácio Lula da Silva y juez encargado de investigar al anterior mandatario, Jair Bolsonaro, y a varios de sus partidarios. El Supremo brasileño y Musk llevan meses envueltos en una disputa para cuya discusión De Moraes pidió al magnate que nombrara un representante. Ante su negativa, X fue bloqueado.
Las autoridades ordenaron a Anatel, la empresa que gestiona las comunicaciones en el país, que suspendieran el acceso a la plataforma. Quienes burlen la prohibición usando VPN –un método indispensable para acceder a medios censurados en regímenes como Cuba o Venezuela– tendrán que pagar la suma estipulada por cada día de acceso detectado.
De Moraes acusó a Musk de irrespetar la “soberanía brasileña” y su poder judicial
De Moraes acusó a Musk de irrespetar la “soberanía brasileña” y su poder judicial, y dijo que X pretendía convertirse en “una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes”, unos términos que recuerdan al discurso de Nicolás Maduro sobre la plataforma. En medio de una crisis política tras el fraude electoral, Maduro ha hecho de Musk –cuyo apellido pronuncia con errores– un blanco de sus diatribas. “Quien se mete conmigo se seca, Elon Must”, es una de las más célebres.
Directivos de X como Linda Yaccarino –la ejecutiva que lleva las riendas de la compañía– han criticado la medida, a la que califican de censura y violación de las garantías constitucionales. El propio Musk ha calificado a De Moraes como “un delincuente de la peor clase disfrazado de juez”.
En cuanto a la negativa de nombrar representantes, la empresa alega que De Moraes amenazó con encarcelar a los que tenía X en el país –que salieron de Brasil el pasado 17 de agosto– y que congeló sus cuentas bancarias. En Brasil hay, según varios estudios, cerca de 40 millones de usuarios que acceden a X al menos una vez al mes.
En el centro de la polémica está la petición que el Supremo hizo a Musk de bloquear varios perfiles vinculados a Bolsonaro
En el centro de la polémica está la petición que el Supremo hizo a Musk de bloquear varios perfiles vinculados a Bolsonaro. Según sus abogados, X ya había suspendido desde 2019 las cuentas de 226 usuarios –en su mayoría legisladores o miembros del partido de Bolsonaro, entonces en el Gobierno– a los que el Supremo acusaba de “socavar la democracia” con su “discurso de odio”.
Desde el punto de vista legal, De Moraes ha justificado su decisión de bloquear X alegando que todas las empresas extranjeras deben tener un representante legal en el territorio nacional. Las autoridades han tomado medidas contra otras aplicaciones, como WhatsApp y Telegram, en varias ocasiones los últimos años. Con la prohibición de X, Brasil se une a otros países como Rusia, China, Irán, Myanmar, Corea del Norte y, recientemente, Venezuela.
En sus mensajes de este sábado, Musk ha seguido aludiendo al Gobierno de Lula como un "régimen represivo" que "tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que quebrará a quienquiera que lo intente". En otra publicación señaló también que "los ataques a la libre expresión en este año no tienen precedente en el siglo XX", haciéndose eco de otro mensaje en el que se citaban medidas contra X en Brasil, Canadá y Francia.
La actuación de De Moraes ha generado división en el mundo jurídico brasileño. Algunos defienden una respuesta “firme” al desafío de Musk, mientras que otros cuestionan la forma en que se ha manejado el proceso. Alexander Coelho, socio de Godke Advogados y especialista en Derecho Digital, dijo a EFE que, aunque es legítimo exigir el cumplimiento de las leyes, “los plazos cortos y las amenazas de cárcel” generan dudas sobre el respeto a las garantías procesales.
